Venezuela acaba de anunciar su retiro de la Corte Penal Internacional, cuya sede es La Haya. Ello no sorprende, porque ya en 2017 hizo lo mismo con la OEA, lo cual revela la tendencia constante de excluirse de los organismos, tribunales y comisiones en las que tiene que dar cuenta de sus acciones, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos conscientes de que esta nueva iniciativa no reviste el interés masivo de la población, que no entiende o no se ocupa de estos temas que no compiten con la urgencia de encarar la reconstrucción posterremoto, el aumento incontenible del precio del dólar o la acariciada esperanza de que el ingreso de inversionistas extranjeros reavive la economía nacional y personal de la ciudadanía.
Quien esto escribe es cofundador del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), que se ocupa exactamente de lo que su nombre indica. Es una institución compuesta por venezolanos preocupados que ha tenido que registrarse bajo las leyes del estado de Florida, en los Estados Unidos, toda vez que de conformidad con la legislación nacional vigente en Venezuela las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que pretendan funcionar en nuestro país están sometidas a requisitos diseñados con el exacto propósito de impedir y castigar cualquier iniciativa orientada a combatir la impunidad.
Ciciven ha estudiado en profundidad las tropelías y excesos del gobierno, y con tal propósito lleva varios años presentando iniciativas, escritos y recursos ante la Corte Penal Internacional, denunciando la perpetración de crímenes de lesa humanidad y otros de igual relevancia que vienen cometiéndose desde el gobierno y/o con el aval del mismo.
El esfuerzo sostenido de Ciciven y de otros actores interesados en el mismo tema logró conseguir en 2018 que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional iniciara una investigación en Venezuela (conocida como caso “Venezuela I”), la cual, como se comprobó suficientemente, fue saboteada una y otra vez por la entonces fiscal de dicha corte, la señora Fatou Bensouda, de quien sospechábamos connivencia con el gobierno venezolano. Una vez abierta dicha investigación y superados los múltiples obstáculos que impuso la señora fiscal hasta que venció su periodo, ella fue sucedida por el señor Karim Khan (británico), cuyas credenciales parecían óptimas, de tal suerte que quienes nos ocupamos de estas cosas manifestamos nuestra complacencia hasta que se investigó y comprobó que su propia cuñada era parte del equipo legal que representaba al Gobierno.
El fiscal Khan fue apartado del caso y recientemente destituido, al comprobarse sus devaneos con personal femenino de su despacho. Ello provocó la designación de un nuevo fiscal interino que, con lentitud y demasiada prudencia, retoma la susodicha investigación.
Aquí es donde toma vigencia el conocido dicho de “o corres o te encaramas”, que pone a la Corte en la necesidad de emitir prontamente ya sea una orden de comparecencia, una de arresto contra Maduro y su cadena de mando o al interinato en la necesidad de anunciar —como lo acaba de hacer el pasado día 24— su retiro de la misma.
Con eso a lo mejor piensan que se desentienden del asunto, pero ello no es así, por cuanto el tratado constitutivo del Tribunal exige el transcurso de un año para que el retiro sea efectivo. Esperamos que antes de ese plazo, Venezuela haya recuperado su democracia y las cosas vuelvan a su lugar.
Lo interesante y casi anecdótico de este asunto es que el Estatuto de la Corte (Estatuto de Roma) fue ratificado por Venezuela entre los primeros países en hacerlo, en el año 2000, por orden del mismísimo Chávez.
Es interesante también traer a colación el hecho de que dos relevantes diplomáticos venezolanos de la época (IV República) intervinieron decisivamente tanto como negociadores como corredactores del referido texto. Omitimos sus nombres por obvias razones.
Es lamentable, pero también cierto mencionar que algunos países importantes del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, India, etc.) no han querido convertirse en partes o continuar siéndolo. En el caso de los Estados Unidos, se alega que es para proteger de acusaciones penales a sus tropas en el exterior.
También se alega, no sin cierta razón, que la efectividad de la Corte es reducida, ya que a la fecha apenas ha emitido poco más de diez condenas, casi todas ellas contra dirigentes africanos, lo que permite al canciller Plasencia aducir “sesgo”. Sin embargo, cabe señalar que en la actualidad se encuentra detenido en La Haya, a la espera de ser juzgado, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, a quien se le acusa de crímenes de lesa humanidad.
En todo caso, la señal que proyecta Venezuela internacionalmente queda en entredicho por esta decisión.
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