El próximo 1 de agosto se abre una nueva oportunidad para intentar encontrar una salida política a la prolongada crisis venezolana. Como ha ocurrido en procesos anteriores, la agenda incluirá asuntos de gobernabilidad, garantías institucionales, reconocimiento político y otros temas que, sin duda, forman parte de la compleja realidad nacional. Pero existe una exigencia que no admite dilaciones ni cálculos estratégicos: la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares.
Ninguna negociación que aspire a recuperar la confianza de los venezolanos puede comenzar ignorando el drama humano de quienes permanecen privados de libertad por razones políticas. La libertad no puede ser utilizada como ficha de negociación, ni como premio por futuros acuerdos, ni como concesión entre adversarios. Es un derecho inherente a la dignidad humana y una obligación que corresponde al Estado garantizar.
Los derechos humanos no distinguen entre civiles y militares. Tampoco distinguen ideologías, partidos o posiciones políticas. Quien ha sido encarcelado por sus ideas, por disentir o por actuar conforme a sus convicciones merece la misma protección jurídica y moral que cualquier otro ciudadano. Defender esa premisa no significa asumir una posición partidista; significa defender el principio universal de que ninguna sociedad democrática puede normalizar la persecución política.
Cada persona detenida representa mucho más que un expediente judicial. Detrás de cada nombre hay una familia marcada por la incertidumbre, hijos que esperan el regreso de sus padres, madres que envejecen visitando cárceles, esposas y esposos que han convertido la esperanza en una forma de resistencia. Venezuela también les debe una respuesta a ellos.
La reconciliación nacional no puede construirse sobre la existencia de ciudadanos encarcelados por motivos políticos. Ningún acuerdo será sostenible si quienes participan en él dejan de lado la dimensión humana del conflicto. La paz no consiste únicamente en silenciar el enfrentamiento político; exige restituir derechos, reparar injusticias y devolver la confianza en las instituciones.
Por ello, quienes participarán en la mesa del 1 de agosto —así como los países facilitadores y la comunidad internacional que acompañe el proceso— tienen la responsabilidad de colocar este tema como la primera prioridad de la agenda. La liberación de los presos políticos enviaría una señal inequívoca de voluntad para iniciar un proceso serio de entendimiento nacional y de respeto a los derechos fundamentales.
No se trata de exigir privilegios ni de reclamar victorias políticas. Se trata de reconocer que ninguna negociación puede llamarse auténticamente democrática mientras existan ciudadanos cuya libertad depende de un cálculo político. La justicia no puede esperar el resultado de una negociación; debe ser el fundamento sobre el cual esa negociación se construya.
Venezuela ha esperado demasiado. Las familias de los presos políticos han esperado demasiado. La sociedad venezolana ha soportado años de polarización, dolor y desencuentro. Si el diálogo del 1 de agosto quiere ser recordado como un verdadero punto de inflexión y no como otro episodio de promesas incumplidas, debe comenzar con un acto de justicia.
Porque antes que los acuerdos políticos están los derechos humanos. Antes que los intereses de las partes está la dignidad de las personas. Y antes que cualquier negociación está la libertad.
Que el 1 de agosto sea recordado por haber colocado la vida, la justicia y la libertad en el primer lugar de la agenda nacional. Esa será la mejor prueba de que Venezuela aún puede reencontrarse consigo misma.
