Hace años que el socialismo ha dejado de ser un proyecto ilusionante. La socialdemocracia tuvo sus “treinta gloriosos”, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se proclamaron los derechos sociales y se consolidó en Europa el Estado de bienestar. Un logro que debería recordarse en momentos de desconfianza y desmoralización como los actuales, recordar que son posibles cambios radicales cuando las voluntades se unen aunque sólo sea para prevenir o evitar daños mayores. No estamos en esa tónica. La cooperación y la voluntad de llegar a acuerdos no son ingredientes del discurrir político, y la sociedad civil está lejos de organizarse y se siente impotente para revertir las tendencias dominantes.
Pero por agoreros que sean los pronósticos relativos al fin no ya de la socialdemocracia sino incluso del liberalismo, es difícil imaginar otro marco mental que nos permita seguir creyendo en los valores de libertad e igualdad que vertebran la declaración de derechos humanos. Si la libertad individual ha tenido un avance imparable desde que se proclamó como principio de cualquier otro derecho, el objetivo de la igualdad, la llamada “cuestión social”, condición necesaria para universalizar la libertad, ha tenido una aceptación menos unánime que ha cedido fácilmente a la voracidad de unas clases dirigentes ávidas de acumular riqueza e insensibles a las exigencias de la justicia social.
Que combatir las desigualdades que deshumanizan y excluyen a quienes las padecen debe seguir siendo un objetivo político y social está fuera de toda duda razonable. El modelo de un “estado mínimo” que suscriben las posiciones más neoliberales no merecería el apoyo de nadie que hubiera disfrutado de la protección de un estado social como el que tenemos en España y en Europa. Lo saben los inmigrantes que buscan ser acogidos por los países más desarrollados y lo saben incluso los votantes de Vox que aplauden el argumento de la “prioridad nacional” que rechaza la acogida a los no autóctonos a los que ven como usurpadores de unas prestaciones que no merecen. La crisis del Estado de bienestar no se explica por agotamiento del modelo, sino por estancamiento de una idea que nació como respuesta a los desafíos de la industrialización, que no son los desafíos de la actualidad. El reto de la justicia social, de la redistribución o de la equidad hay que verlo hoy desde la perspectiva de las nuevas formas de desigualdad que acechan a los países más desarrollados, las cuales están demandando una atención y protección distinta del estado providencia inicial, destinado a eliminar las inseguridades sociales más básicas.
Dichas formas de desigualdad están poniendo en cuestión derechos fundamentales que siguen defendiéndose en abstracto pero que no se ven garantizados de forma satisfactoria. Los primeros catorce años de gobierno socialista en España consiguieron universalizar el derecho a la educación y a la sanidad escolarizando a todos los niños hasta los dieciséis años y desplegando un sistema sanitario que, incluso a día de hoy, sigue siendo uno de los proyectos estrella de nuestra democracia. No podemos decir lo mismo de la preocupación hoy mayoritaria, la vivienda, un derecho que tras medio siglo de democracia nunca ha merecido la atención de los gobiernos progresistas, sumisos ellos también a las directrices de los poderes económicos y financieros.
Las sociedades cambian y aparecen necesidades nuevas que deberían dar lugar a prioridades políticas y sociales inéditas hace unos años. El objetivo de la equidad que debe seguir definiendo a la socialdemocracia ha de centrarse hoy no en la escolarización o en la protección de la salud para todos, objetivo ya conseguido, sino en el fin de corregir las nuevas desigualdades que están afectando de un modo especial a las sociedades más desarrolladas. La educación universal no consigue evitar el fracaso de los que acuden a la escuela con más desventajas de origen. La sanidad pública ha descuidado la atención primaria, menos glamurosa en cuanto a políticas públicas que la construcción de grandes hospitales, las políticas de transplantes y los tratamientos de enfermedades graves. La población longeva aumenta sin parar, llegar a los cien años ya no es una extravagancia, pero fallan los cuidados de larga duración y la atención a los dependientes. Han tenido que pasar veinte años para que la ley de dependencia empiece a contar con el soporte económico imprescindible para cumplir sus objetivos.
La socialdemocracia perece víctima de sus propios logros, algunos de los cuales han sido adoptados por posturas conservadoras pero que ya no pueden sustraerse al progreso que han conseguido, por ejemplo, las políticas feministas. Por eso, si el socialismo quiere seguir liderando el progreso social y la lucha contra las desigualdades ha de poner el foco en demandas que son cualitativamente distintas de las que atendió en su origen. Ya no se trata de activar una protección o seguridad social universal, que también, sino de evitar o corregir la exclusión de los que, a pesar de las protecciones, siguen siendo demasiado desiguales por lo que no pueden aprovechar las oportunidades que teóricamente se les ofrecen. Pierre Rosanvallon ha propuesto pasar de un “estado providencia pasivo” a un “estado providencia activo”, que contemple algo así como el “derecho a la inserción”. Si en tiempos hubo que atender por encima de todo a la subsistencia, hoy ese objetivo ya es insuficiente; gracias a los logros alcanzados, hoy hay que apuntar a algo más ambicioso que sobrevivir a base de subsidios. Lo que importa —escribió Víctor Hugo y ha repetido Pascal Brukner— no es vivir sino existir.
Asumir dicha perspectiva implica corregir bastantes inercias como la de limitar la protección social a las subvenciones. Los desempleados de larga duración no se sienten insertados con el subsidio de paro, quieren trabajar, requieren políticas de empleo activas. A su vez, no es de recibo combatir el paro de los jóvenes que buscan su primer empleo con salarios por debajo del salario mínimo. Si las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores adaptados a sus necesidades, habrá que empeñarse con más éxito en coordinar mejor la formación que se ofrece con la demanda de trabajos.
No me imagino que pueda caer el Estado de bienestar por causa de maquinaciones espurias de quienes lo declaran insostenible. El modelo es too big to fail, pero si no se pone al día y no responde a los nuevos retos, no recuperará la credibilidad que está perdiendo. Desentenderse del esfuerzo que esto requiere y esperar que los ciclos políticos cambien por arte de magia sería un error imperdonable para el ideario socialista que quiero creer que aún pervive, aunque apenas se note, en la Unión Europea.
No nos faltan propuestas ni ideas; lo que falla es la voluntad, esa voluntad de hacer las cosas bien que, según Kant, era lo único bueno sin excepción. ¿Por qué las ideas progresistas no prosperan ni concitan adhesiones? Lo que convence de que algo está bien no es la teoría sino los resultados. El esfuerzo por lo menos de intentarlo y no las proclamas. Dejémonos de propuestas de regeneración democrática, de control de la corrupción, de cumbres progresistas. Lo que nutre la esperanza en que el cambio es posible son los hechos. La desafección hacia la política crece porque debajo de las declaraciones de futuro sólo hay humo.
El gran problema, sin embargo, es que para que los principios se transformen en hechos hay que agregar voluntades, algo que está en las antípodas de la manera actual de hacer política. Mientras no se purifique el aire de bronca y confrontación continua que se respira en el Parlamento, todo será inútil. Lasciate ogni speranza.
Victoria Camps (Barcelona, 1941) es filósofa especializada en ética y política. Es autora de libros como Elogio de la duda (2016) y Tiempo de cuidados (2021), ambos en Arpa.
