La muerte del general Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935 no solo cerró una larga dictadura, sino que obligó a Venezuela a despertar de golpe al siglo XX. En medio de esa tensa transición, bajo el gobierno del general Eleazar López Contreras, ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la vida cotidiana de las familias venezolanas: la promulgación de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936. Al cumplirse noventa años de aquel hito, historiadores y juristas coinciden en que esta ley no fue un decreto más, sino el verdadero acta de nacimiento de la justicia social en nuestro país.
Para entender su impacto sin apasionamientos políticos ni visiones del pasado, es necesario comprender de dónde veníamos. Aunque en 1928 se había aprobado una ley con el mismo nombre, los historiadores señalan que aquella era “letra muerta”. Era un texto de adorno para cuidar las apariencias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No había inspectores que la hicieran cumplir, no contemplaba multas para los infractores y trataba el trabajo como un simple “alquiler de servicios” regulado por el Código Civil, donde el patrón siempre imponía sus condiciones frente a un trabajador desprotegido.
La gran ruptura de la Ley de 1936 fue de carácter humano y legal: el Estado asumió que el trabajo no es una mercancía y que debía intervenir para equilibrar la balanza. Por primera vez, los venezolanos conquistaron derechos que hoy nos parecen naturales, pero que entonces fueron revolucionarios: la jornada máxima de ocho horas, el descanso dominical remunerado, las vacaciones anuales, el pago de utilidades y la indemnización por despido injustificado (las prestaciones por antigüedad). Además, la ley no se quedó en promesas; creó las primeras Inspectorías del Trabajo, dándole al ciudadano común una oficina pública donde exigir sus derechos frente a las grandes corporaciones y petroleras de la época.
Sin embargo, los historiadores objetivos también nos invitan a mirar las sombras de aquel proceso. Para mantener la estabilidad del país y no asfixiar económicamente a los hacendados de una Venezuela agraria en ruinas, el legislador tomó una decisión pragmática pero dolorosa: dejó fuera de los grandes beneficios al sector agrícola. Esto generó una profunda división social entre el obrero de las ciudades y los campos petroleros, plenamente protegido, y el campesino tradicional, que quedó rezagado en la informalidad durante décadas. Asimismo, aunque se legalizaron los sindicatos y la huelga, el Estado se reservó un control muy estricto sobre ellos para evitar que el reclamo laboral se convirtiera en un factor de desestabilización política.
Hoy, a noventa años de aquella firma, la realidad laboral de 2026 nos obliga a una profunda reflexión. Vivimos en una época donde las leyes laborales escritas son sumamente rígidas y prometen protecciones absolutas en el papel. No obstante, en la calle, la realidad del trabajador promedio es muy distinta: la inflación ha licuado el valor de las prestaciones, el salario se ha refugiado en bonificaciones que no generan beneficios acumulativos y millones de personas han tenido que migrar hacia el autoempleo y el comercio informal, desprovistos de seguridad social.
La gran lección que nos deja la historia a casi un siglo de la Ley de 1936 es que las leyes no crean la riqueza por decreto. Un texto legal protector es inútil si no está respaldado por instituciones sólidas, transparentes y con capacidad real de fiscalización, y sobre todo, por una economía productiva y sana que pueda sostener esos derechos en el tiempo. Recordar el logro de 1936 no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado a recuperar la seriedad institucional y el equilibrio económico para que el trabajo en Venezuela vuelva a ser, como se soñó entonces, la vía principal para el progreso familiar y la dignidad humana.
