Sin intención de opinar sobre la conveniencia o no de la reelección presidencial en El Salvador y dado el caso que en Venezuela, aunque aún nos encontramos inmersos en una especie de tiranía tutelada, se ha planteado el tema de la reelección presidencial. Esto en base en que el fallecido Hugo Chávez, ordenó modificar la Constitución de 1.999, que había ordenado redactar en su momento, mediante una constituyente.
En ella no solo se eliminó la tímida federación, más bien un moral reconocimiento al pasado independentista, sino que se centralizó todo el proceso de decisiones nacionales y regionales en el Ejecutivo, en el Presidente de la república. No obstante ese desmedido centralismo, luego del golpe cívico-militar fallido del 11 de marzo del 2002, Chávez ordenó a la Asamblea modificar la Constitución. En efecto, el 15 de febrero del 2.009 la Asamblea procedió hacerlo para permitir la reelección presidencial en forma continua e indefinida. La cual no pudo ejercer, dado que falleció, aparentemente, en la ciudad de Caracas el cinco de marzo del 2.013.
Para los venezolanos de hoy, que aspiran a una libre, confiable y supervisada elección presidencial, la Constitución 1.999 debe ser sometida de inmediato a una nueva modificación; en realidad se nos impone la redacción de una nueva, coherente, mediante una constituyente apegada a nuestras realidades, los canones republicanos y adecuada a un país anhelante de la paz social, la plena libertad, el respeto a los Derechos Humanos, la estricta separación de los poderes públicos, y adaptada a los nuevos tiempos civilizatorios que transitamos.
Por supuesto, se debatiría el caso de los lapsos presidenciales, su continuidad y limites. Habría mucho que discutir, dada que la actual fue realizada por una Asamblea totalmente designada por Chávez y sus colaboradores totalistas, antiguos marxistas, socialistas, irredentos y oportunistas.
La realidad venezolana es totalmente diferente, en su esencia y forma a la realidad salvadoreña, en este aspecto. Nuestra tiranía chavo castrista sustentada en el poder militar y la represión, extinguió la democracia en Venezuela. Nuevas Ideas, el presidente Nayib Bukele, acabó con la dictadura bipartidista que se había instalado en El Salvador, desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en el Palacio de Chapultepec, en 1992
Luego entonces, el la reelección presidencial en uno y otro país es diferente, aunque la esencia del alcance legal y político de la reelección indefinida, es conceptual.
La reelección presidencial no es buena o mala en sí misma. La reelección indefinida tiene de positivo que proyectos nacionales largos, de infraestructuras, reformas educativas y económicas que sobrepasan un periodo presidencial de cuatro o cinco años, podrían truncarse si se diera un cambio presidencial. En todo caso, el presidente sabe que el elector lo va a juzgar por lo que cuida su gestión y le da estabilidad al país, mientras se concluyen proyectos a largo plazo.
Por ejemplo el gobierno de Angela Merkel en Alemania (post 2008) duró 16 años consecutivos. Habérsele prohibido hubiere sido ir contra la esencia de la democracia: el elector, el pueblo decidió cuánto tiempo la quiso allí. Lo que nos conduce directamente a inferir que la reelección puede ser positiva si hay instituciones fuertes, transparencia, con limites claros y elecciones reales.
En Inglaterra no existe la reelección presidencial, porque no hay presidente; existe la figura de un Primer Ministro elegido por el Parlamento. Si se quiere, es una elección popular de segundo grado, sin límite de tiempo en su mandato. Su ejercicio dura hasta que el Parlamento lo decida. Es decir, hasta que la mayoría política que la o lo eligió en el Parlamento, lo continúe apoyando o le retire su apoyo.
Margaret Thatcher (1979-1990) ejerció el poder hasta que su partido, el Partido Conservador y Unionista (llamado coloquialmente los Tories), perdió las elecciones generales, y sus parlamentarios pasaron a ser minorías.
Igual caso fue el de Tony Blair del Partido laborista. (1997-2007). Posteriormente Boris Johnson (Conservador) duró 3 años como Primer Ministro, y Liz Truss (Conservador) 49 días.
Italia es igualmente un sistema parlamentario, tanto el Presidente (Jefe de Estado) como el Primer Ministro (Jefe de Gobierno) son elegidos por el Parlamente italiano. Es decir, por la mayoría parlamentaria del partido político que representan, sin límite de tiempo. Por ejemplo, la actual Primera Ministra, Giorgia Meloni, ejerce el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, desde 1922, y lo ejercerá sin limite de tiempo, hasta que su mayoría parlamentaria (coalición conservadora) le otorgue su confianza o se la retire.
De modo que la reelección presidencial tiene a su favor, cuando es positiva, la continuidad política que permite terminar proyectos a largo plazo en infraestructuras, reformas educativas o económicas que toman más de cuatro o cinco años. Por otra parte, el presidente sabe que lo van a juzgar en las urnas electorales, lo cual le lleva a incentivar un buen gobierno, evitando los cambios bruscos de una nueva manera de gobernar., otorgándole estabilidad al país.
En puridad, en Occidente, en nuestra cultura y valores sustentados en la tradición judeocristiana, la esencia de la legitimidad del ejercicio del poder de una autoridad pública sobre un conglomerado humano, llamado pueblo o nación, es la voluntad popular, que se expresa mediante el voto. Es en el elector en quien recae la soberanía, y es ese mismo elector quien decide quien y por cuanto tiempo ejercerá ese poder delegado.
En consecuencia, el ejercicio del Ejecutivo, sea parlamentario o presidencialista se sustenta, se legitima en la voluntad popular, en la decisión del elector. Y el elector solo vota libremente en democracia, sea parlamentaria, republicana, presidencialista o mixta.
Para ello, es indispensable la existencia de instituciones serías creíbles e independientes. Y para mayor independencia y soberanía, mayor conciencia republicana, cultura política, cultura formal, cultura profesional.
Rechazar la reelección presidencial, bajo argumentos opacos o prejuiciados por la experiencia hispanoamericana, de nuestros vacilantes ciudadanos, no es más que un prejuicio o temor por la experiencia que nos precede. Con igual intensidad, podríamos exigir que nuestros parlamentarios no ejerzan su investidura por tiempo indefinido. Igualmente ellos deberían tener periodos fijos en el ejercicio en su cargo, sin posibilidades de ser reelegidos.
Claro está, para que la reelección en nuestro caso, en hispanoamèrica, sea viable, se necesita la existencia de instituciones fuertes, continuas en el tiempo, sobre las cuales que se sustente la vida diaria y republicana de los ciudadanos. Conciencia de sus derechos y deberes, de sus limites y alcances.
De lo contario sería partir de la convicción que somos inferiores, incapaces por razones étnicas, climáticas o geográficas de decidir como pueblo, como electores, sobre su propia gobernanza, y se impone, en consecuencia, del “gendarme necesario; que en el caso que nos ocupa ese gendarme seria la jaula determinista llamada Academia, Partidos, Iglesia, Iluminados, Notables, Burócratas o Aristócratas del saber.
De modo que la reelección presidencial debe darse siempre que así lo decida el elector consciente de su responsabilidad, sea en El Salvador, Venezuela, España, Estados Unidos o Gran Bretaña, donde quiera que la democracia se sustente en ese concepto y la sociedad la haga suya.
La democracia no es débil como sistema de gobierno, debe asumirse como lo que es, un Pacto Social de convivencia. Para ello se necesita el control ciudadano mediante elecciones periódicas, y el cumplimiento de las leyes. De allí que a la Justicia la grafican como una dama vendada que con una balanza en una mano y una espada en la otra, imparte la justicia y regresa al orden de la cosas. Es ciega, porque no ve quien rompe ese pacto, para bajar la espada y retomar el frágil equilibrio de la convivencia en paz.
Por ejemplo, la democracia en Venezuela falló, rompió el Pacto Social en 1998, cuando eligió para presidente de su nación y territorio a un militar felón, ignaro y déspota. Un militar que se había alzado contra la Constitución y leyes de la República, traicionado el juramento al graduarse de oficial del Ejercito venezolano de respetar y hacer cumplir las Constitución y las leyes, y defender la soberanía nacional.
No obstante, la ausencia de sentido de pertenencia, la ambigüedad, oportunismo y cobardía, no aplicó el castigo consiguiente para quienes habían traicionado, violado la Constitución, habían usado las armas que los confió la República, y las volteó contra ella.
Tampoco la Constitución de 1961, a pesar que fue escrita luego de la caída del General Marcos Pérez Jiménez, previó con prudencia, que todo aquel se alzara, militar o civil, contra el poder legítimamente establecido perdería para siempre sus derechos políticos, como el de elegir o ser elegido para cualquier cargo publico. Esto al margen de las penas previstas por la comisión de delitos cometidos.
En la actualidad, en Venezuela, no es el caso hacernos esas reflexiones, porque lo urgente y adecuado, dadas las fatales circunstancias que nos preceden, incluyendo este extraño interinato fuera de ley, es la urgente necesidad de conformar una Junta de Gobierno cívica-militar encargada de crear las condiciones de gobernabilidad que garantice la paz social y la normalización de las instituciones, conducentes a un proceso electoral que elija Congreso y Presidente conjuntamente. Congreso, encargado de juramentar al Presidente electo, designar los integrantes de una nueva Corte Suprema de Justicia, Procurador, Fiscal General y Contralor de la república, y encargada de una reforma constitucional que barra la pretensión centralista, omnipotente de la actual, hecha a la medida de un dictador.
