¿Cómo remendar un hilo roto?
¿Recuerdan aquella balada de los Bee Gees que en el liceo bailábamos “en un ladrillito”, en la cual se preguntaba cómo remendar un corazón roto, o cómo detener la caída de la lluvia? En Venezuela, una pregunta semejante se nos plantea. No solo tenemos el corazón roto por tanta destrucción y dolor consecuente, sino que tenemos el broken thread: el hilo constitucional roto, mil veces. Y en inglés. Tenemos varios cabos sueltos que nos dejan ante una cuestión de estricta y dolorosa, política: ¿cómo se remienda un tejido legal, destruido por la fuerza, obligado a ser un traje a la medida de un autoritario arbitrario, ahora devenido en tutelado o dirigido por los EEUU sin respeto a la soberanía, ni popular, ni nacional?
Tal vez puedan conseguirse antecedentes de estas rupturas desde hace tiempo. 2002, por ejemplo. Pero ahora recuerdo un hito fundamental en 2015. Un TSJ integrado por militantes del PSUV, designados cuando ya se veía el aumento de la votación de la oposición, declaró en desacato la naciente Asamblea Nacional, justificándose con unas denuncias de irregularidades en la elección de unos diputados. Lo que procedía era dejar sin efecto la juramentación de esos parlamentarios (lo cual se hizo) y convocar nuevamente las elecciones en esa entidad federal donde se produjo la falla. Pues no. Se optó, por un lado, por la amenaza de destituir al Ejecutivo y, por el otro, por neutralizar todo el Poder Legislativo. En otras palabras, suspender la Constitución. Ya no le cabía al autócrata.
Luego, en 2017, vino la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin referéndum consultivo, como había establecido como avance institucional el propio Hugo Chávez, y con una arquitectura corporativa, muy parecida a las asambleas del fascismo de Mussolini o el franquismo. Esa ANC no redactó constitución alguna. Su verdadera misión, auspiciada por el curioso genio jurídico de Hermann Escarrá, fue el alumbramiento de engendros normativos: las “leyes constitucionales”, que asesinaron al pobre Kelsen, con todo y su pirámide, y legalizaron la opacidad. De ahí salió, por ejemplo, la llamada Ley Antibloqueo, un artefacto diseñado específicamente para violar los artículos constitucionales que exigen el control legislativo sobre los contratos públicos del Ejecutivo. Se instituyó el silencio, la arbitrariedad y la concentración de poder en el Ejecutivo, como política de Estado.
Luego vino el engendro del “gobierno interino” que murió de su propia invalidez e incapacidad. Una reacción con mucha emoción y poco pensamiento, y menos sentido político, y hasta condimentado con elementos de corrupción.
Pero el acontecimiento que aplastó el principio mismo de la República, la soberanía popular, fue el fraude electoral del 28 de julio. Lo que allí ocurrió trasciende la diatriba política para entrar de lleno en el código penal: falsificación de resultados, anuncio de las anotaciones en una servilleta (podría ser el título de una novela), negativa sistemática a la verificación formal de las actas y, para cerrar la herida que no cerró, otra pirueta del TSJ del PSUV. Esta vez, mediante un recurso contencioso ante TSJ, concebido para dirimir inconformidades con los resultados, utilizado paradójicamente para validar el secreto y cercenar la auditoría.
Luego acaeció otro hito histórico, de desagradable recordación para las generaciones futuras, de vergüenza para las presentes: la intervención norteamericana, la rendición, capitulación y subordinación de los mismos que amenazaron con una “guerra popular prolongada” y montaron aquellos shows de desafíos de payasos.
Hoy, en el papel (no se puede llamar “formal” esta situación, producto neto de la violencia brutal) hay un gobierno interino, cuyo mandato temporal formal ha expirado según los lapsos de la propia Carta Magna deshilachada. Todo esto, por supuesto, precedido y acompañado por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, documentadas y denunciadas por los principales organismos internacionales.
Entonces, desde 2017 por lo menos, la Constitución de 1999 está suspendida en el “ser no presente” de un proyecto platónico. El ser de la posibilidad no actual, no efectiva. En el “otro mundo” que a nadie obliga. La Justicia (y la Ley) están de un lado; la fuerza, del otro. Esta orfandad jurídica se agrava al mirar hacia las cúpulas. Por un lado, la capitulación y subordinación de la élite burocrático-militar a las dinámicas transaccionales de Washington desde los tiempos de Trump; por el otro, la dependencia casi umbilical de los factores de oposición a las decisiones que se toman en la capital estadounidense.
En una sana y estricta justicia de ley, la ruta de retorno a la cordura institucional es clara, aunque parezca utópica, y debiera pasar por los siguientes eventos: procesamiento penal y destitución por delitos electorales de los miembros del CNE que falsearon la voluntad popular, revisión formal, pública y transparente de las actas de votación, proclamación y juramentación legítima de quien realmente obtuvo la mayoría de los votos y convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y relegitimación de los poderes públicos secuestrados, dado que los de facto son írritos, puesto que fueron designados por decisiones al margen de la Constitución, como dicta el artículo 25 que establece la nulidad de las decisiones y actos al margen de la ley.
El hilo que se ha roto en mil pedazos, es el de la legitimidad. El otro, el de la política para recuperarla. Después de tener las actas, no se pudo hacer mucho con ellas, solo la denuncia del fraude y el desconocimiento a Maduro de los gobiernos aliados de EEUU. Luego, MCM basó casi toda su política en tratar de convencer a Trump de que la apoyara y viabilizara la asunción de EGU. Eso no se logró. Hubo la captura de Maduro y Cilia, como fruto de la traición de la macolla del régimen y una acción imperialista reñida con todo el Derecho Internacional. Trump actuó por sus propios intereses. Obvio que no por la democracia, mucho menos por la Constitución. Tampoco por MCM.
El plan Rubio seguirá al ritmo de los intereses de Trump. Y no hay fuerza real para cambiar eso. El único cambio vendría por un cambio en EEUU, una caída de Trump en las elecciones de segundo término o algo así. También un cambio podría ser procurado, por la necesidad de las compañías petroleras y demás, de una institucionalidad a largo plazo. Una estabilidad en el marco legal que no la garantiza el triunvirato. Eso lo han señalado los aliados de MCM, ella misma y los políticos norteamericanos trumpistas, incluso parlamentarios norteamericanos
Y ahora surge la idea de una junta de gobierno. Al principio, solo una filtración de unos funcionarios de Trump y una política de un factor conformado por unos sindicalistas que, hasta hace poco se negaron a unificar las fuerzas de los trabajadores, con una política de solicitud al amo de Washington, confirmándolo en su rol, aunque con un argumento contundente referido a los lapsos constitucionales de mandato de la vicepresidente, un cargo no electo, y que, de continuar, sigue volándose el principio republicano de la soberanía popular.
Ante esto este espectáculo terrible, en el que el terremoto es una demostración más de lo destruidos que ya estábamos, solo cabe seguir convocando al actor que falta: el sufrido pueblo venezolano. Una convocatoria por la conquista de sus derechos y por la pronta convocatoria al soberano, o sea, el pueblo, a unas elecciones generales que restablezca la continuidad de la República y su Constitución.
