El Estado venezolano cuenta con un cuerpo de 2.000 generales, más del doble que el ejército de Estados Unidos que solo tiene 900 y 10 veces más que Francia y Alemania que cuentan con menos de 200 generales activos en sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo los venezolanos podemos entender esta brutal incongruencia, lo aceptamos o decidimos hacernos los locos?
Con base a este interrogante, considero que la llegada de Dinorah Figuera con una misión claramente establecida ha sido la mejor noticia de los últimos días. Ella pudo haber descendido del avión con el organigrama y la descripción de funciones de un nuevo Consejo Nacional Electoral bajo el brazo y simplemente iniciar la implantación del nuevo modelo. Sin embargo, se sentó a dialogar con el que hasta hace poco tiempo fue su encarnizado perseguidor, convirtiendo su tarea en un ejemplo de la aplicación de la metodología “destrucción Creativa” o, en criollo, “echando pulso”.
Con base a esta metodología, diseñada por el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942), quien a diferencia de los modelos económicos que buscaban un equilibrio estático, visualizaba el capitalismo como una “tempestad perenne” de innovación.
En nuestro caso implica reconocer crudamente hasta dónde el socialismo penetró las bases económicas, políticas y humanistas del pueblo venezolano en su intento de implantar el socialismo en el caribe.
Con base en estos preceptos, Dinorah comunica a Jorge Rodríguez el objetivo de su misión, le instruye sobre cuál es el camino a seguir, partiendo de principios inapelables: crear un Consejo Nacional Electoral creíble y transparente, producto de negociaciones y una mesa técnica paritaria que devuelva las garantías a todos los actores políticos. En la práctica se trata de iniciar la destrucción del Estado que construyó el chavismo durante el último cuarto de siglo, poniendo el testigo en las manos de uno de sus autores. Suena hasta diabólico, pero realista, ¿qué hará Jorge Rodríguez, como decía un ilustre político “auto suicidarse” y a la vez reconocer si el SSXXI tiene alguna base real de existencia?
El objetivo debe iniciarse impulsando la reforma al Código Electoral vigente para simplificar los trámites administrativos, eliminar trabas burocráticas y flexibilizar los requisitos para la participación de partidos y candidatos, con base en un Nuevo Código Electoral
La legitima participación de los actores políticos es una de las condiciones que marcan este proceso. Exige regresar las tarjetas y el estatus legal de los partidos políticos a sus legítimos dueños, así como restituir las garantías civiles de los militantes que propicien el restablecimiento de partidos políticos.
La destrucción creativa es un proceso marcado por el diálogo entre actores involucrados, el acercamiento institucional entre representantes de la Asamblea Nacional y sectores de la oposición (como la directiva del período 2015), con el impulso y seguimiento de actores internacionales, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hoy representado por Dinorah Figuera.
La destrucción creativa formulada por Schumpeter es una metodología útil para impulsar la transformación de un Estado; en este caso particular, creado durante los últimos 25 años por los partidarios de la imposición de un modelo socialista basado en los plenos poderes del Estado socialista y la anulación o sumisión del ciudadano frente al Estado.
Es acertado Antonio de la Cruz, cuando comentaba la reunión de Jorge Rodríguez y Dinorah: “Lo verdaderamente relevante es que la conversación ya no gira en ministerios, cuotas de poder o repartos burocráticos. Los asuntos colocados sobre la mesa son otros: la composición del Consejo Nacional Electoral, la independencia del sistema judicial, las garantías para los derechos políticos, la libertad de expresión y las condiciones para futuras elecciones”. Jorge Rodríguez debe pegar, sin dejar huellas, el plato de cristal que él y su gente rompieron.
Si nuestra aspiración es avanzar hacia la democracia, una aspiración casi imposible de lograr sin que signifique una verdadera reinstalación institucional, conseguir que el Estado de derecho, la trama institucional se reconstituya sin una real conmoción interna, es como aspirar que un cáncer se regenere por sí mismo, sin que existan las condiciones para que el renacimiento de leyes e instituciones se ejecute.
Cuando se asume la destrucción creativa como metodología, se reconoce que, bajo el modelo chavista, el Estado venezolano experimentó una expansión masiva y centralizada que elevó la nómina pública a unos 3,5 millones de empleados y cuadruplicó los entes descentralizados, pasando de 313 en 1998 a 1.642. Un aparato estatal que llegó a abarcar 33 ministerios y siete vicepresidencias, incorporando además la estructura del “Estado Comunal”. Los Ministerios pasaron de 16 (en 1999) a más de 30. Los entes descentralizados aumentaron en 424%, abarcando ministerios, institutos autónomos, empresas expropiadas y corporaciones estatales.
El gobierno asumió el control de sectores estratégicos como el petrolero, basado en políticas de estatización, industrias básicas, agroalimentarias y servicios.
En el campo sociopolítico se instaló una casi total dependencia laboral. El sector público se convirtió en el mayor empleador del país y fue utilizado como brazo político y electoral, donde la lealtad al partido oficialista llegó a pesar más que la competencia técnica.
El modelo demostró ser insostenible financieramente, generó una crisis económica que provocó la caída brutal del valor del salario en la administración pública, creó un colapso operativo y la pérdida de capacidad profesional en las instituciones. Venezuela se convirtió en el país que albergaba una paradoja brutal, ser el poseedor de las mayores reservas petroleras del mundo y a la vez tener los salarios de los trabajadores más bajos de occidente.
La expansión del Estado chavista en la realidad sociopolítica y económica del país se expresó en varios fenómenos: el imparable aumento de la pobreza, el crecimiento de la economía informal, la destrucción del salario del trabajador, el desvanecimiento del tejido industrial, la prácticamente desaparición del sector agrícola, proveedor de alimentos para la población e insumos para el desarrollo agroindustrial; la devastación del Estado de derecho y la desaparición de los medios de comunicación con capacidad de informar al país sobre su realidad.
A este inorgánico crecimiento del Estado venezolano hay que agregar la imposición de una nueva dimensión de gobierno: “El Estado Comunal”, un modelo de organización político-territorial diseñado para instaurar un fallido —universalmente— modelo de autogobierno popular. Su célula fundamental es la Comuna, un espacio socialista donde las comunidades organizadas, en teoría, ejercen la soberanía directa, gestionan sus recursos y administran servicios públicos sin intermediarios tradicionales. En Venezuela se registraron más de 49.000 consejos comunales que actuaron como base fundamental del Estado Comunal, un modelo de organización sociopolítica que ofrece transferir gradualmente el poder y la administración de recursos públicos desde el gobierno central hacia un supuesto autogobierno directo del pueblo organizado, evento que nunca se ha consumado en las diversas experiencias socialistas en el mundo y que nunca ocurrió durante los gobiernos de Chavez y Maduro; por el contrario, lo que se vivió en las comunidades fue la instalación de grupos que controlaban el poder para su beneficio particular. No existe ninguna experiencia documentada que pruebe la transferencia de poder a los miembros de los Consejos Comunales.
La dimensión y el alcance de este modelo se estructuró a través de elementos clave regidos por la Ley Orgánica de las Comunas.
Esta reestructuración no responde a la división política tradicional (municipios o estados), se define por una Carta Fundacional aprobada en referéndum por los habitantes de un área geográfica que agrupa a varios Consejos Comunales, integrando entre 2.000 y 4.000 habitantes en zonas urbanas, y menor densidad en zonas rurales o indígenas.
El Estado Comunal representó un modelo de transición que buscaba desplazar gradualmente la propiedad privada, la centralización institucional del “Estado denominado como burgués”, transfiriendo el poder de decisión y el presupuesto directamente a unas bases partidista organizadas bajo la denominación de Poder Popular. Hoy, Venezuela es el mejor ejemplo para el mundo del fracaso de estos modelos comunistas que eliminan al ciudadano, excluyen la responsabilidad individual y se centran en el control y la represión de Estados totalitarios por grupos cerrados, ajenos a la realidad de los sectores populares. Las preguntas que pueden eficazmente responderse con “La destrucción creativa” es conocer con veracidad hasta dónde llegó la implantación del socialismo en la conciencia de los venezolanos, si son sus autores quienes se ven obligados a destruir su obra. ¿Habrá alguna reacción, existe alguna posibilidad de regeneración real en quienes contribuyeron a crear este pérfido sistema del SSXXI?
En realidad, la caída del chavismo, más que por la extracción de Maduro, fue patente por las elecciones de 2024, en cuyo evento los sectores populares le dieron la espalda a la dictadura comunista, al modelo colectivista de las comunas y eligieron a Edmundo González y a María Corina Machado como la única garantía de su libertad. Esa participación popular fue una manifestación del rechazo unánime al intento de trasplantar el fracaso de la Unión soviética y Cuba al resto del Caribe.
Aplicar la destrucción creativa como metodología de cambio se basa en la innegable necesidad de evaluar hasta qué punto los venezolanos fueron involucrados en su conciencia, en su espíritu, en su responsabilidad individual —aunque de una manera despótica— en el fallido intento de implantar el comunismo en estas tierras caribeñas. Una prueba que aprobaremos de forma contundente. ¿Acaso nos importa mantener 1.800 generales sobrantes, mientras 80% de los hogares permanecen en estado de pobreza?
Repito una vez más la palabra del ilustre economista Jesús Cacique: “No encuentro precedentes de un país que haya perdido 75% (2014-2021) de su PIB, que le haya quitado 14 ceros a su moneda, que haya destruido el principal sector de su economía y que se le haya ido la cuarta parte de su población. Al menos, no sin un conflicto bélico”. Y que miles de venezolanos hayan sido prisioneros políticos del Estado opresor.
