Los terremotos no cambian los regímenes políticos. Lo que hacen es revelar sus grietas. La naturaleza no derroca gobiernos; apenas desnuda sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. En Venezuela, donde la realidad suele ser más elocuente que cualquier discurso oficial, los sismos del pasado 24 de junio dejaron al descubierto algo más profundo que las fracturas de edificios o carreteras: exhibieron el estado de un sistema político incapaz de ofrecer certezas incluso frente a una emergencia nacional.
Durante décadas, la ciencia política ha estudiado el efecto de las catástrofes naturales sobre los sistemas de poder. Desde el terremoto que aceleró el descrédito de la monarquía portuguesa en el siglo XVIII hasta el devastador sismo de México en 1985, que terminó fortaleciendo una sociedad civil que el PRI había mantenido bajo control durante décadas, la historia demuestra que los desastres no producen automáticamente cambios políticos. Todo depende de la calidad de la respuesta institucional y, sobre todo, de la confianza que la ciudadanía conserve hacia quienes gobiernan.
Ese parece ser precisamente el dilema venezolano.
El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez respondió con el libreto que ha perfeccionado durante años: centralización absoluta de la información, control de los recursos disponibles, presencia mediática constante y utilización política de la emergencia. El mensaje implícito es claro: solo el Estado —es decir, el propio régimen— posee la capacidad de administrar la crisis.
No hay, sin embargo, nada particularmente novedoso en esa estrategia. Desde Hugo Chávez, el chavismo comprendió que las emergencias representan oportunidades para reforzar la dependencia ciudadana respecto del aparato estatal. El problema es que, después de más de dos décadas de deterioro institucional, incluso esa capacidad comienza a mostrar signos evidentes de agotamiento.
Las limitaciones logísticas, la precariedad de los servicios públicos y el debilitamiento de la administración nacional hacen cada vez más difícil sostener la narrativa de un Estado omnipresente. El monopolio de la propaganda no siempre logra ocultar el colapso de la gestión.
Pero tampoco la oposición parece encontrarse en mejores condiciones.
Los terremotos llegaron cuando el liderazgo opositor atraviesa probablemente uno de sus momentos de mayor fragmentación estratégica desde 2019. La discusión ya no gira alrededor de quién lidera el cambio, sino de cómo intentar producirlo.
Un sector continúa defendiendo una estrategia de confrontación abierta contra el régimen, convencido de que cualquier participación dentro del marco institucional termina legitimando una estructura autoritaria cuya vocación es perpetuarse en el poder.
Otro grupo, en cambio, considera que la única alternativa posible consiste en ocupar los reducidos espacios que el propio gobierno permite, acumulando fuerzas lentamente mediante reformas parciales y evitando un nuevo desgaste político y social que termine profundizando la frustración ciudadana.
Ninguna de las dos posiciones ofrece, por ahora, una respuesta convincente frente al país real.
Porque mientras los dirigentes discuten estrategias, los venezolanos enfrentan problemas mucho más elementales: reconstruir viviendas, recuperar servicios básicos, garantizar alimentos y sobrevivir en una economía que continúa funcionando muy por debajo de sus posibilidades.
El terremoto no modificó esa realidad; simplemente la hizo más visible.
En este contexto aparece un tercer actor cuya influencia suele ser interpretada de manera excesivamente simplista: Estados Unidos.
Una parte importante del análisis político venezolano continúa leyendo la política exterior estadounidense bajo categorías propias de la Guerra Fría, suponiendo que Washington mantiene como objetivo prioritario la sustitución inmediata del chavismo. Sin embargo, la realidad internacional de 2026 parece responder a prioridades bastante diferentes.
Con dos conflictos abiertos en escenarios estratégicos, crecientes tensiones comerciales con China y una política energética cada vez más condicionada por la estabilidad regional, la administración estadounidense parece privilegiar un objetivo más pragmático: evitar que Venezuela se convierta nuevamente en un foco de desestabilización continental.
Eso no implica respaldo político al chavismo ni mucho menos legitimación democrática de su permanencia. Significa, simplemente, que la estabilidad puede resultar más valiosa que una transición incierta cuyos costos regionales nadie está dispuesto a asumir.
De allí que algunos movimientos diplomáticos recientes hayan sido interpretados erróneamente como concesiones ideológicas cuando, en realidad, responden a cálculos estrictamente geopolíticos.
La política internacional raramente premia las afinidades; suele administrar intereses.
Mientras tanto, el oficialismo parece decidido a consolidar una estrategia cuyo objetivo resulta cada vez menos disimulado: prolongar indefinidamente el calendario electoral y posponer cualquier consulta nacional significativa hasta, al menos, 2030.
La emergencia sísmica puede convertirse, incluso, en un argumento adicional para justificar la concentración de recursos, la ampliación de facultades extraordinarias y la postergación de procesos políticos considerados inconvenientes para el poder.
No sería la primera vez que una crisis sirve para administrar otra.
Sin embargo, reducir el análisis al comportamiento de las élites conduce a ignorar el elemento probablemente más importante de toda esta ecuación: la sociedad venezolana.
Los terremotos produjeron miles de iniciativas espontáneas de ayuda comunitaria, organizaciones vecinales, voluntarios, iglesias, universidades y ciudadanos que actuaron mucho antes de que aparecieran las estructuras oficiales. No es un fenómeno nuevo. Ya ocurrió durante los grandes apagones, durante la pandemia y durante las inundaciones de los últimos años.
Paradójicamente, mientras el sistema político continúa fragmentándose, la sociedad parece aprender lentamente a sobrevivir sin él.
Quizás allí resida el verdadero desplazamiento del poder.
No necesariamente un cambio de gobierno, ni una transición inmediata, ni una ruptura institucional. Tal vez estemos presenciando algo más silencioso: la progresiva pérdida de relevancia del Estado como articulador exclusivo de la vida nacional.
Cuando una población deja de esperar soluciones de quienes gobiernan y comienza a construir respuestas por cuenta propia, el poder formal puede seguir ocupando Miraflores, controlando tribunales o administrando elecciones. Pero otra forma de poder —más difusa, menos visible y posiblemente más duradera— empieza a desplazarse hacia la sociedad.
Los terremotos del 24 de junio quizá no alteren el mapa político venezolano en el corto plazo. Es probable que Delcy Rodríguez continúe gobernando, que la oposición siga discutiendo estrategias y que Washington mantenga su cauteloso equilibrio entre principios e intereses.
Sin embargo, los grandes cambios históricos rara vez comienzan en los palacios. Con frecuencia empiezan entre los escombros, cuando una sociedad descubre que ha dejado de esperar permiso para intentar salvarse por sí misma.
Maestría en Negociación y Conflicto – California State University – @humbertotweets – +1 (407) 221-4603
