Existe una visión arraigada que reduce el siglo XIX venezolano al polvo de las batallas, las lanzas de los caudillos y el desorden institucional. Sin embargo, detrás de ese escenario marcado por la violencia se impulsó un proyecto de país civilista, orientado a una república de ciudadanos fundada en el imperio de la ley. La barbarie operó como contrapeso en un contexto atravesado por una pugna persistente entre dos concepciones enfrentadas del ejercicio de la autoridad, el prestigio derivado de las armas y el orden garantizado por instituciones republicanas.
Desde 1810 y a lo largo del siglo XIX actuó en Venezuela un amplio grupo de letrados y pensadores que formuló proyectos de Estado, elaboró doctrinas políticas y defendió la idea de una república fundada en la ley, la división de poderes y la soberanía popular. Constituciones, códigos, manifiestos, ensayos, artículos y discursos sirvieron de escenario para debatir cuestiones relativas al poder y a las formas de gobierno. Entre estas polémicas destacó la controversia entre los modelos federalista y centralista.
Fue una labor intelectual sostenida cuya producción constituye el sustrato doctrinal de la construcción de un país con principios republicanos. Ese esfuerzo refleja el sello de una generación empeñada en edificar una nación libre, independiente y civil, mediante un proyecto en permanente elaboración, afectado de manera reiterada por conflictos armados que lo alteraron, interrumpieron o deformaron.
Reconocer esta dimensión nos estimula a revisar la visión tradicional que reduce el siglo XIX a barbarie, caudillismo y guerras civiles. Esa lectura deja en sombra la producción normativa e ideológica de los letrados y, con frecuencia, sirve de apoyo a discursos políticos que necesitan presentar el pasado como un desorden constante para legitimar ejercicios autoritarios del poder.
El caudillismo y el militarismo fueron componentes decisivos del siglo, pero no bastan para explicar la trayectoria política venezolana. La historia del período exige incorporar, con igual rigor, la labor de quienes, desde la Independencia hasta la década de 1890, sostuvieron la idea de la república como orden jurídico, como espacio de debate y como promesa de un régimen distinto al de la violencia y el arbitrio.
Buena parte de la historiografía ha tendido a caracterizar el siglo XIX venezolano como una etapa dominada por la violencia. Aunque esa apreciación se apoya en la recurrencia de los conflictos civiles y militares, resulta limitada. Paralelamente, se desarrolló una corriente liberal y republicana dinámica y productiva. Frente al predominio político de Páez, los Monagas, Guzmán Blanco y Crespo, se afirmó una tendencia civilista con iniciativas intelectuales y políticas relevantes.
La Revolución de las Reformas de 1835-1836 ofrece un caso paradigmático de esa tensión, al enfrentar de manera directa las dos concepciones del poder recién descritas y dejó, en un solo episodio, un testimonio elocuente de ambas.
Consumada la separación de la Gran Colombia se inició una nueva etapa como nación independiente. El país arrastraba una economía devastada por la guerra, una población escasa y un aparato estatal en formación con importantes déficits. A ello se sumaba el peso político de los caudillos militares surgidos durante la guerra emancipadora. En ese contexto, la Constitución de 1830 procuró establecer un régimen representativo basado en la división de poderes y en la primacía de la autoridad civil.
José Antonio Páez encarnó esa realidad compleja en tanto prócer y figura dominante del proceso. Ejerció una influencia decisiva sobre la arquitectura institucional en construcción y, al mismo tiempo, respaldó la vigencia de la Constitución, con lo cual contribuyó a crear un espacio político favorable al fortalecimiento de un poder civil.
La elección de José María Vargas como presidente en 1835 constituyó uno de los momentos más significativos de ese proceso. Por primera vez llegaba al solio presidencial un civil sin trayectoria militar. Médico y educador, Vargas simbolizó el ideal republicano de un gobierno sustentado en la legalidad y el respeto a las instituciones. En una sociedad donde la espada independentista conservaba la preeminencia en las decisiones políticas, este acontecimiento supuso un avance.
El malestar no se hizo esperar. Ya en 1834, sectores militares excluidos de las principales decisiones políticas promovieron conflictos regionales en el Zulia y en el oriente del país, reacción que encontró eco en figuras civiles que comenzaron a distanciarse del gobierno.
La Revolución de las Reformas, liderada por oficiales como Pedro Carujo y Santiago Mariño, demandaba la revisión de la Constitución hacia el federalismo, el restablecimiento del fuero militar y, sobre todo, que los cargos públicos estuviesen en manos de los protagonistas de la emancipación. Detrás de estas propuestas se encontraba una visión del poder según la cual los méritos adquiridos durante la guerra de Independencia otorgaban legitimidad especial para intervenir en la conducción del Estado.
El primer pronunciamiento ocurrió el 7 de junio de 1835 en Maracaibo, donde los insurgentes proclamaron el sistema federal. La sublevación fue sofocada con rapidez, pero sirvió de señal para activar la conspiración en otras regiones.
La noche del 7 al 8 de julio de 1835 estalló la insurrección en Caracas. Pedro Carujo arrestó al presidente Vargas en su propia residencia. Durante aquel episodio tuvo lugar el célebre diálogo que la tradición historiográfica ha conservado como síntesis del conflicto político de la época. Ante la afirmación de Carujo según la cual “el mundo es de los valientes”, Vargas respondió que el mundo es del hombre justo, del hombre de bien, y no del valiente, y que es ese hombre el que vive y vivirá seguro sobre su conciencia. En ese intercambio quedaron representadas dos concepciones opuestas de la autoridad, una fundada en el prestigio adquirido mediante las armas y otra sustentada en la legitimidad jurídica, la moral pública y el respeto al orden constitucional.
Tras el golpe, Vargas y el vicepresidente Andrés Narvarte fueron enviados a la isla de Saint Thomas. La respuesta en defensa de la legalidad fue encabezada por José Antonio Páez, nombrado previamente comandante de las fuerzas armadas por Vargas, quien organizó una fuerza de ciudadanos, milicianos y veteranos para hacer frente a la sublevación. Su rápida movilización permitió recuperar Caracas el 28 de julio de 1835, y el 20 de agosto Vargas reasumió la presidencia.
La derrota inicial de los reformistas no significó el fin de la crisis. Durante varios meses continuaron los enfrentamientos en distintas regiones, hasta que el 1 de marzo de 1836 el movimiento quedó definitivamente derrotado con la rendición de los últimos focos insurgentes en Puerto Cabello.
La victoria fortaleció de manera considerable la figura de Páez. Sin embargo, el triunfo abrió una nueva controversia en torno al tratamiento que debía darse a los vencidos. Mientras numerosos sectores exigían sanciones ejemplares, Páez favorecía una política de reconciliación. El indulto otorgado a José Tadeo Monagas y el respaldo a medidas de clemencia provocaron desacuerdos con importantes miembros del gobierno y del Congreso, y las discusiones alcanzaron gran intensidad cuando el Poder Legislativo aprobó una ley de destierro perpetuo para varios dirigentes reformistas, calificada por sus adversarios como “ley monstruo”. La controversia contribuyó a deteriorar las relaciones entre Vargas y Páez, y el presidente presentó su renuncia definitiva en abril de 1836.
Los reformistas fueron derrotados en nombre de la Constitución. Páez, principal figura de la exitosa operación, optó por restituir al presidente legítimamente electo en lugar de aprovechar la coyuntura para asumir el poder, decisión que estableció un precedente significativo al reforzar la idea de que la autoridad legítima debía derivar de la Constitución, no de los pronunciamientos armados.
La experiencia de 1835 dejó un mensaje duradero para la cultura política venezolana. No se trató de una confrontación absoluta entre civiles y militares, pues numerosos actores ocuparon posiciones intermedias. La diferencia esencial residía en la concepción del poder político. Mientras unos defendían la subordinación de las armas a las instituciones republicanas, otros sostenían que los servicios prestados durante la guerra conferían derechos políticos especiales.
Este episodio, entre muchos otros, permite insistir en que el siglo XIX venezolano no debe reducirse a barbarie y caudillismo. En su seno actuó también una corriente civilista, capaz de derrotar, en 1835, una insurrección armada y de restituir la legalidad. Su victoria fue, a la larga, una entre varias batallas de una guerra que el civilismo no lograría ganar de manera definitiva.
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