Hay países que cambian de régimen mediante elecciones, otros mediante revoluciones y algunos mediante una larga administración de sus ruinas. Venezuela parece haber ingresado en esta última categoría. El poder no ha desaparecido, pero se ha fragmentado. El Estado conserva edificios, uniformes, decretos y ceremonias, pero cada vez resulta más difícil encontrar, detrás de esas apariencias, una autoridad capaz de gobernar.
Lo que ocurre hoy no puede llamarse aún transición democrática. Sería más exacto describirlo como una administración internacionalizada del poder: una etapa provisional en la que las decisiones fundamentales dependen tanto de los venezolanos como de los límites, incentivos y condiciones establecidos por Estados Unidos.
Washington intenta resolver al mismo tiempo cinco problemas que, por separado, ya serían arduos: evitar el colapso definitivo del Estado, contener las redes criminales y las amenazas geopolíticas, preservar las capacidades administrativas que todavía funcionan, reconstruir instituciones capaces de merecer ese nombre y conducir al país hacia una elección presidencial.
La ventaja de esta estrategia es evidente. Reduce la posibilidad de que Venezuela se convierta en un territorio entregado a facciones militares, organizaciones criminales, grupos armados y potencias extranjeras. Su debilidad también lo es: puede producir estabilidad sin soberanía, orden sin legitimidad y una transición tan cuidadosamente administrada que termine por no llegar nunca a su destino.
La política venezolana se juega ahora en un terreno menos espectacular que las manifestaciones, los pronunciamientos militares o los discursos desde los balcones, pero quizá más decisivo: el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, las garantías políticas y la libertad de expresión.
Es allí donde se resolverá la verdadera disputa. Ya no basta con conquistar el Gobierno. Es necesario reconstruir el mecanismo que transforma los votos en autoridad, las leyes en límites y las instituciones en algo más que fachadas del poder.
Durante años, el régimen convirtió al Estado en una gigantesca representación teatral. Había jueces, pero no justicia; elecciones, pero no incertidumbre sobre el vencedor; parlamento, pero no deliberación; televisión pública, pero no información. Las instituciones conservaban sus nombres mientras habían perdido su significado.
La reconstrucción consiste, por tanto, en restituir el sentido de las palabras. Que un tribunal vuelva a ser un tribunal. Que una elección pueda perderla quien gobierna. Que un periodista pueda revelar lo que el poder desea ocultar. Que un ciudadano no necesite permiso para ejercer sus derechos.
El primer escenario posible es el más favorable. Las fuerzas democráticas y la organización criminal acuerdan la designación de rectores electorales y magistrados con credenciales suficientes, se restablecen las garantías políticas, se publica un cronograma verificable y Venezuela celebra una elección competitiva. No sería una reconciliación sentimental ni el triunfo de la concordia nacional. Sería algo más modesto e importante: un acuerdo sobre las reglas.
Pero ese escenario depende de señales tempranas. En política, como en los mercados, las expectativas cambian menos por los comunicados que por los hechos. La liberación de presos, el retorno de dirigentes, la apertura de medios, la actualización del registro electoral y la presencia de observadores internacionales valen más que cien declaraciones sobre la buena voluntad de las partes.
El segundo escenario es la tutela prolongada. Las negociaciones avanzan con lentitud, las autoridades provisionales conservan sus funciones y Estados Unidos administra el equilibrio entre las facciones. El país no colapsa, pero tampoco decide. La excepcionalidad se convierte en costumbre y el interinato descubre las ventajas de lo provisional: gobernar sin someterse al veredicto de los ciudadanos.
Esta es una tentación autoritaria. Todos los poderes transitorios aseguran que necesitan un poco más de tiempo para salvar la democracia. Algunos terminan salvándose únicamente a sí mismos.
El tercer escenario es el sabotaje. Sectores del chavismo pueden considerar que cualquier institución independiente amenaza su supervivencia. Sectores democráticos pueden interpretar cualquier negociación como una traición al mandato popular. Ambos actuarían movidos por el mismo temor: perderlo todo.
La política venezolana está dominada por esa aversión a la pérdida. Los violadores de derechos humanos y corruptos temen la cárcel, la extradición, la confiscación y la desaparición política. La oposición democrática teme que un pacto mal diseñado diluya el triunfo electoral, premie a los responsables del autoritarismo y convierta la transición en una operación cosmética. Estados Unidos teme el vacío: una desintegración estatal que multiplique la violencia, la migración y la presencia de actores hostiles como China, Rusia e Irán.
La negociación solo avanzará cuando cada parte comprenda que el acuerdo no le ofrece la victoria total, sino una pérdida menor que la catástrofe.
El cuarto escenario es quizá el más engañoso: la institucionalización aparente. Se nombran rectores, jueces y funcionarios; se organizan elecciones, llegan misiones internacionales, se imprimen papeletas. Todo parece normal, pero las instituciones siguen sometidas a poderes ocultos y el resultado continúa condicionado antes de que los ciudadanos voten.
Las dictaduras actuales han aprendido que no siempre es necesario eliminar las elecciones. A veces basta con vaciarlas de riesgo.
El quinto escenario es la ruptura del tablero. Una crisis militar, social, humanitaria o criminal desborda el proceso negociador. La seguridad vuelve a imponerse sobre la política, las elecciones se aplazan y la excepcionalidad se justifica en nombre del orden. En ese momento, la transición democrática quedaría subordinada a una operación de estabilización hemisférica.
Venezuela no es observada desde Washington únicamente como una democracia fallida. Es también una pieza geopolítica: petróleo, Caribe, migración, narcotráfico, presencia iraní, influencia rusa y china, redes armadas y proximidad con Cuba.
Por eso, la política estadounidense combina democracia y seguridad, pero no necesariamente las coloca siempre en el mismo orden. Cuando ambas coinciden, Washington puede convertirse en un aliado decisivo. Cuando entran en contradicción, la historia demuestra que las grandes potencias suelen preferir un socio obediente a una democracia imprevisible.
La estrategia actual se parece menos a una invasión que a un cerco. Estados Unidos controla recursos, reconocimientos, sanciones, accesos financieros y capacidades militares. No necesita ocupar directamente cada institución; le basta con reducir el espacio de maniobra de quienes intenten bloquear el proceso.
Pero controlar el tablero no equivale a poseer la legitimidad para gobernar. Washington puede imponer límites, castigar saboteadores, garantizar corredores humanitarios, desbloquear recursos y obligar a las facciones a sentarse en una misma mesa. Lo que no puede hacer es fabricar soberanía popular. Esa pertenece a los venezolanos.
La transición será legítima si las instituciones provisionales trabajan para volverse prescindibles. El nuevo Consejo Electoral debe existir para que el ciudadano pueda escoger, el TSJ para que el gobernante pueda ser limitado, la Asamblea de 2015 para transferir y no perpetuar su autoridad, la tutela de la administración Trump para crear las condiciones de su propia desaparición.
Ese es el criterio que permitirá distinguir una transición de una dependencia.
Venezuela ha entrado en una etapa en la que la legitimidad está fragmentada, la soberanía condicionada y las instituciones convertidas en el principal campo de batalla. El régimen perdió la capacidad de persuadir, aunque conserve instrumentos de coerción. La oposición posee una enorme reserva moral, pero no controla por sí sola el aparato del Estado. Estados Unidos dispone de los recursos para ordenar la partida, pero no del derecho a declarar quién debe ganarla.
Solo una elección libre puede resolver esa contradicción porque otorga legitimidad de origen a las autoridades electas.
La tutela será útil si construye un puente hacia la soberanía. Si se prolonga, si administra indefinidamente la incertidumbre y si convierte la estabilidad en una excusa para retrasar la voluntad popular, dejará de ser una solución transitoria.
Será, simplemente, otra forma de poder ejercido sobre Venezuela sin la voz del pueblo.
Director ejecutivo de Inter American Trends
