“Calma y cordura” es la expresión acuñada por el general Eleazar López Contreras que evoca la serenidad y la prudencia en momentos cruciales de nuestra historia política. El general de Tres Soles enseñó que la principal contribución de la Fuerza Armada a la vida nacional consiste en favorecer una transición ordenada hacia la institucionalidad.
Conviene recordarlo hoy, a propósito de las palabras pronunciadas por el Ministro de la Defensa durante la condecoración de más de 240 oficiales con tres décadas de servicio, al sostener que los militares son “los custodios de la doctrina y del legado del comandante fallecido Hugo Chávez”. Esta afirmación trasciende el protocolo militar y obliga a abrir una reflexión serena sobre la naturaleza republicana de la institución armada.
Conviene promover un debate amplio y respetuoso sobre la misión de la Fuerza Armada en una república. ¿Debe custodiar la doctrina y el legado de un líder político o los valores constitucionales que pertenecen a toda la nación? ¿Debe identificarse con una corriente ideológica determinada o situarse por encima de las diferencias partidistas para preservar su carácter institucional?
Toda nación necesita que su Fuerza Armada sea fuerte, profesional y respetada. Pero el respeto no se impone mediante la adhesión a una doctrina política determinada, se conquista cuando la institución militar es percibida por todos los ciudadanos como garante de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
La historia de Venezuela ofrece una lección clara. Desde los primeros años de la República, el desequilibrio entre lo civil y lo militar ha sido una de las causas recurrentes de nuestras crisis políticas. Por ello, los constituyentes de 1811 establecieron un principio que conserva plena vigencia: el poder militar debe permanecer subordinado a la autoridad civil.
Ese principio histórico encuentra hoy una formulación inequívoca en el artículo 328 de la Constitución. La norma define a la Fuerza Armada Nacional como una institución “esencialmente profesional, sin militancia política”, organizada para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, y establece que está “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
No se trata de una cláusula meramente declarativa. La prohibición de realizar actividades políticas no disminuye la importancia de la Fuerza Armada; por el contrario, preserva su unidad interna, fortalece su legitimidad y garantiza que pueda ser reconocida por todos los ciudadanos como una institución común, por encima de las diferencias ideológicas.
El sector castrense no existe para custodiar la doctrina de un gobierno, de un partido o de un líder. Su misión es más alta y más exigente: custodiar el legado republicano que dio origen a Venezuela.
Ese legado no pertenece a una parcialidad política. Está integrado por los valores de la independencia, la soberanía popular, la separación de poderes, la alternancia democrática y el respeto a la Constitución. Es el legado de Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yanes, Miguel José Sanz y de tantos civiles y militares que comprendieron que la República solo puede existir cuando la fuerza se somete al derecho.
La experiencia comparada demuestra que las democracias sólidas son aquellas en las que los militares renuncian expresamente a toda función arbitral en la vida política. Su prestigio nace, precisamente, de esa renuncia.
La experiencia reciente de Colombia ofrece una lección valiosa. En vísperas de la segunda vuelta presidencial de 2026, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, recordó que la misión de la institución está definida exclusivamente por la Constitución y la ley. Frente a las controversias surgidas en torno al proceso electoral, afirmó que cualquier actuación de las Fuerzas Militares debía orientarse a garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia del Estado y la preservación del orden constitucional. La validación de los resultados —subrayó— corresponde a las autoridades electorales y no a la institución militar.
Sus declaraciones constituyen un recordatorio oportuno: la mayor contribución de las Fuerzas Armadas a la democracia no consiste en intervenir en el debate político, sino en garantizar que ese debate pueda desarrollarse en libertad y dentro del marco constitucional.
La propia historia contemporánea de Venezuela ofrece un ejemplo elocuente. Durante las décadas de los sesenta y setenta, la Fuerza Armada Nacional desempeñó un papel decisivo en la defensa de la democracia frente a las amenazas insurreccionales y a las incursiones promovidas desde el exterior, como la invasión de Machurucuto. Lo hizo bajo la conducción del poder civil y en cumplimiento de su deber constitucional. Esa actuación le granjeó el respeto de amplios sectores de la sociedad venezolana y demostró que el prestigio militar alcanza su mayor expresión cuando las armas de la República se ponen al servicio de la libertad y del orden constitucional, y no de una parcialidad política.
Los acontecimientos recientes vividos por Venezuela obligan, además, a una reflexión autocrítica. Cuando una nación atraviesa episodios traumáticos que comprometen su soberanía y su estabilidad, la primera obligación de sus instituciones no es reafirmar certezas ideológicas, sino examinar con honestidad qué errores permitieron llegar a esa situación.
La politización de las instituciones debilita la capacidad del Estado para proteger eficazmente la soberanía nacional. La grandeza de una institución no reside en su capacidad para negar sus fallas, sino en su disposición para aprender de ellas.
Venezuela necesita una Fuerza Armada unida, profesional y respetada por todos los ciudadanos. Una institución que sea motivo de encuentro y no de división, que recupere el prestigio ganado durante las décadas en que defendió la democracia frente a las amenazas externas y la violencia insurreccional, una Fuerza Armada cuyos integrantes sean reconocidos por todos los venezolanos, sin distinción política, como servidores de la República.
Las democracias necesitan militares comprometidos con la República; los regímenes personalistas necesitan militares comprometidos con un líder. La diferencia entre una y otra lealtad define, en gran medida, el destino de las naciones.
La historia demuestra que la Fuerza Armada venezolana ha sabido estar a la altura de los grandes desafíos nacionales cuando han actuado como instituciones de todos y no de una parcialidad.
Cabe esperar que, una vez más, el sector castrense sepa honrar esa tradición republicana.
