Voces de Libertad.
Una de las preguntas más delicadas que hoy se hacen muchos venezolanos es por qué Estados Unidos, teniendo frente a sí a un liderazgo democrático con amplio respaldo popular, como el de María Corina Machado, decide mantener canales de negociación con el llamado Rodrigato, un sector que ha quedado profundamente debilitado en términos políticos y militares.
La respuesta, aunque incómoda, puede encontrarse en la lógica del poder y no en la lógica de los principios.
Los Estados, especialmente las grandes potencias, rara vez actúan movidos exclusivamente por afinidades ideológicas o por consideraciones morales. Actúan en función de sus intereses estratégicos concretos.
En el caso venezolano, esos intereses parecen bastante claros, como intereses económicos, seguridad regional, estabilidad energética, control migratorio, protección de fronteras y combate al crimen organizado.
Desde esa perspectiva, Washington podría estar partiendo de una premisa pragmática, como que el Rodrigato puede haber perdido legitimidad popular, pero todavía conserva capacidad operativa dentro del aparato estadal, como control parcial de estructuras militares, cuerpos de seguridad, inteligencia, burocracia y recursos económicos que, para bien o para mal, siguen siendo piezas de poder real.
Por eso surge una hipótesis que no puede ser descartada, que Estados Unidos está negociando no porque confíe en el Rodrigato, sino porque considera que todavía puede extraer de ese sector resultados específicos e inmediatos.
Dicho de forma simple: no necesariamente negocia con ellos porque los considere aliados, sino porque cree que aún pueden entregar algo útil.
Ese “algo útil” puede traducirse en cooperación en materia de seguridad, negocios, neutralización de grupos criminales, estabilidad petrolera o contención migratoria.
Sin embargo, allí aparece la gran inquietud nacional.
Cuando una potencia prioriza objetivos funcionales de corto plazo, existe el riesgo de que la democratización pase a un segundo plano.
Es decir, puede terminar privilegiándose un esquema de orden y gobernabilidad antes que una auténtica restauración democrática.
Ese sería el escenario más preocupante para Venezuela.
Porque una cosa es utilizar una negociación como mecanismo temporal para desmontar estructuras de coerción y facilitar una transición.
Pero otra muy distinta es consolidar un nuevo equilibrio de poder en el que actores rechazados por la mayoría logren reciclarse políticamente a cambio de ofrecer estabilidad.
Allí está la verdadera pregunta.
¿Washington está usando al Rodrigato como un puente transitorio hacia la democratización? ¿O está construyendo con ellos un nuevo arreglo de poder?
La diferencia entre una cosa y la otra es enorme.
Si se trata de un puente temporal, la negociación puede entenderse como parte de una estrategia compleja de transición.
Pero si se trata de un reacomodo permanente, entonces el riesgo es claro, sustituir la aspiración de libertad de los venezolanos por un simple modelo de estabilidad administrada.
La historia demuestra que las potencias suelen sentirse cómodas cuando logran interlocutores capaces de garantizar orden, incluso si carecen de legitimidad popular. Pero la estabilidad sin legitimidad nunca, nunca, nunca perdura.
En Venezuela existe una realidad imposible de ignorar, que la inmensa mayoría del país ha expresado con claridad su voluntad de cambio y su apoyo a María Corina Machado.
Ese mandato popular no puede ser sustituido por acuerdos de élites ni por arreglos geopolíticos.
Por eso, más allá de cualquier negociación, la pregunta decisiva sigue siendo una sola: ¿El objetivo final sigue siendo la libertad de Venezuela o simplemente la administración de su crisis?
La respuesta a esa pregunta definirá el futuro del país.
