Un artículo de Wilfredo Bolívar, historiador, escritor y cronista oficial del municipio Araure, reabre una vieja causa venezolana: La acusación contra José Antonio Páez por la disolución de la Gran Colombia.
La palabra traición ha perseguido a Miranda, Piar, Padilla y Páez, casi siempre en horas de derrota, fractura política o disputa por el poder. Entre cartas, memorias y documentos, esta crónica reconstruye cómo una condena histórica pudo nacer más de una necesidad política que de una verdad definitiva.
La madrugada del 31 de julio de 1812, Francisco de Miranda ya no era solamente el Precursor de la independencia hispanoamericana ni el hombre que había cruzado los grandes escenarios revolucionarios de su tiempo. Era, para un grupo de oficiales republicanos reunidos en La Guaira, el jefe derrotado que había capitulado ante Domingo de Monteverde y debía responder por la caída de la Primera República. Entre quienes participaron en su arresto estaba Simón Bolívar, entonces un joven coronel que años después sería llamado Libertador.
Miranda, el venezolano universal que había combatido en la independencia de Estados Unidos, servido como general en la Revolución Francesa y encabezado expediciones contra el dominio español en Venezuela, fue señalado por sus propios compañeros como traidor. La historia, sin embargo, nunca terminó de cerrar ese expediente: lo que unos vieron como entrega de la causa republicana, otros lo interpretaron como el desenlace desesperado de una República devastada por la guerra, el terremoto de 1812, la deserción, la crisis militar y la falta de cohesión política.
Dos siglos después, la traición sigue siendo una de las palabras más graves y eficaces del vocabulario político venezolano. Ha servido para condenar, expulsar, fusilar, deshonrar o reducir a una etiqueta procesos que fueron mucho más complejos que la conducta de un solo hombre. Se dijo de Miranda en 1812; se utilizó contra Manuel Piar en 1817, pese a que con justicia se le llama el Libertador de Oriente por su papel decisivo en la campaña de Guayana; cayó también sobre José Prudencio Padilla, el marino pardo de Riohacha que selló con su escuadra la victoria naval del Lago de Maracaibo y, con ella, la etapa decisiva de la independencia en Venezuela y la Nueva Granada; y terminó persiguiendo a José Antonio Páez, caudillo llanero, jefe militar de la independencia y primer gran conductor político de la Venezuela separada de Colombia.
Ese es el terreno histórico que vuelve a abrir Wilfredo Bolívar, historiador, escritor, acucioso investigador y cronista oficial del municipio Araure del estado Portuguesa, en un artículo publicado en el Diario Última Hora el 13 de junio de 2016, dentro de su columna Derecho de palabra: la gacetilla del cronista. El texto llevaba un título directo, casi desafiante frente al relato escolar de varias generaciones: El errado cuento de un “Páez traidor”. Desde las primeras líneas, el cronista no intentaba suavizar su posición. “En su deseo de encumbrar al Libertador Simón Bolívar, fueron los historiadores positivistas de finales del siglo XIX, quienes acuñaron un falso histórico que aún se repite: Páez fue un ‘traidor’ a los postulados de la llamada Gran Colombia. La historia ciencia demuestra lo contrario”, escribió.
La frase importa no solo por lo que dice, sino por el problema que plantea. Wilfredo Bolívar no discute un adjetivo menor, sino una condena histórica. A su juicio, Páez no fue el verdugo individual de la Gran Colombia, sino el dirigente que enfrentó una crisis política ya abierta, alimentada por el centralismo, la bancarrota del Estado, la distancia entre Bogotá y Venezuela, el agotamiento de la guerra, la disputa entre autonomías regionales y poder central, y las contradicciones del propio proyecto colombiano. En otras palabras, el cronista sostiene que la historia oficial necesitó un responsable visible para explicar la caída de una república inviable, y ese papel terminó recayendo sobre el jefe de los llanos.
El origen de una condena
La Gran Colombia nació como una empresa política monumental. A partir de 1819, y con su consolidación constitucional en 1821, agrupó territorios que hoy corresponden a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. En el plano simbólico, representaba la ambición continental de Simón Bolívar: una república grande, fuerte, capaz de sobrevivir frente a las antiguas potencias europeas y frente a los riesgos de fragmentación interna.
En el terreno práctico, sin embargo, aquella construcción descansaba sobre una geografía inmensa, comunicaciones lentas, economías regionales desiguales, liderazgos militares con poder territorial propio y una tensión permanente entre quienes defendían un Estado centralizado y quienes reclamaban mayor autonomía para las provincias.
Wilfredo Bolívar coloca el acento en esa disputa. Según su lectura, Simón Bolívar optó desde temprano por una fórmula centralista y controladora, distinta del espíritu federal que había marcado a la primera experiencia republicana venezolana de 1811. “La revisión de la documentación política de Colombia ofrece otra perspectiva”, advierte el cronista en su artículo. Su planteamiento es polémico y no debe ser leído como consenso historiográfico absoluto, pero sí como una línea de interpretación que obliga a revisar el expediente con menos devoción y más archivo.
Para Wilfredo Bolívar, el problema no comenzó cuando Páez decidió actuar en Venezuela; venía incubándose desde la estructura misma de la República de Colombia y desde el modo en que Bogotá pretendía administrar territorios con historias políticas, intereses económicos y sensibilidades regionales diferentes.
La Convención de Ocaña, reunida en 1828 para intentar reformar la Constitución de Cúcuta, terminó por exhibir el fracaso del acuerdo interno. Allí chocaron las distintas visiones del poder: los partidarios de un mando fuerte, los defensores de fórmulas más liberales, los regionalistas y los sectores que temían el predominio de Bogotá sobre el resto de la unión. Tras el fracaso de la convención, Simón Bolívar asumió poderes extraordinarios mediante el Decreto Orgánico de la Dictadura. Sus defensores alegaron que se trataba de una medida de emergencia para impedir el colapso de Colombia; sus críticos la vieron como la confirmación de una deriva autoritaria. En cualquier caso, la crisis ya no podía ocultarse.
Es en ese punto donde la acusación contra Páez comienza a perder su aparente simplicidad. Si Colombia estaba ya fracturada por disputas constitucionales, rivalidades regionales, conflictos fiscales y rechazo al centralismo, ¿puede atribuirse su disolución a la voluntad exclusiva de un caudillo venezolano? Wilfredo Bolívar responde que no. Y lo hace con una frase que resume el núcleo de su alegato: “Páez sigue cargando con la culpa bajo un solo epíteto: ‘traidor’, un cuento manido, acuñado y repetido hasta la saciedad sin permitirnos el verdadero análisis de un contexto complejo”.
La cita merece detenerse. El cronista no niega que Páez haya desempeñado un papel central en la separación venezolana. Lo que rechaza es la conversión de ese papel en una culpa única y absoluta. En términos periodísticos, su tesis apunta contra la comodidad del relato: cuando una república fracasa, se busca un rostro; cuando un proyecto político se derrumba, se fabrica una explicación moral; cuando la historia incomoda, se reduce a una palabra.
La carta que incomoda al mito
Uno de los documentos más incómodos para la versión del “Páez traidor” está en la correspondencia final de Simón Bolívar. En una carta dirigida al general Daniel Florencio O’Leary, el Libertador dejó escrita una constatación que difícilmente encaja con la idea de una Venezuela separada únicamente por la rebeldía de Páez: “Creo que el Congreso debe dividir a Colombia, con calma y justicia; ninguna oposición debemos poner a Venezuela; porque nadie quiere hacer este sacrificio a favor de una opinión política que combate interiormente con las antipatías. La Nueva Granada no nos quiere y Venezuela no quiere obedecer a Bogotá. Estamos a mano”.
La frase tiene un peso documental considerable. Simón Bolívar no habla allí como un propagandista de la separación, pero tampoco como un jefe que cree posible conservar intacto el edificio colombiano. Reconoce que Nueva Granada y Venezuela se rechazan políticamente; admite que Venezuela no quiere obedecer a Bogotá; propone que el Congreso divida Colombia “con calma y justicia”. Ese reconocimiento no convierte automáticamente a Páez en inocente de toda responsabilidad política, pero sí demuestra que la crisis había llegado a un punto en el que incluso Simón Bolívar comprendía la imposibilidad de sostener la unión por la sola fuerza de una opinión política.
Wilfredo Bolívar utiliza esa correspondencia como una pieza clave. Para el historiador, el propio Simón Bolívar había percibido que la separación era una posibilidad real, quizá inevitable. En su artículo, el cronista sostiene: “Fue el propio Bolívar quien sugirió a Páez acometer la separación. El mismo Páez lo expone en sus memorias: la separación no fue obra de un solo hombre. Es un proceso histórico poco estudiado”. La afirmación exige cautela, porque la documentación admite interpretaciones y matices; pero obliga a desplazar el foco desde el señalamiento moral hacia el análisis político.
Las memorias de José Antonio Páez son, en ese sentido, una fuente indispensable, aunque no neutral. Como todo actor político que escribe sobre su propia vida, Páez buscó explicar, defender y ordenar su papel ante la posteridad. Pero precisamente por eso deben leerse junto con otras fuentes: cartas, decretos, actas municipales y testimonios de contemporáneos. El jefe llanero no actuó en el vacío. Para 1829 y 1830, numerosas poblaciones venezolanas habían manifestado su rechazo a la continuidad dentro de Colombia. Wilfredo Bolívar afirma que 96 ciudades expresaron su deseo de separar el Departamento de Venezuela de la fracasada Colombia. La cifra, presentada por el cronista, apunta a un fenómeno político territorial más amplio que la voluntad de Páez.
En esa atmósfera debe entenderse el Congreso de Valencia de 1830, la separación venezolana y el nacimiento de la nueva República. Páez no fue un espectador inocente: condujo, representó y capitalizó un proceso político. Pero tampoco fue el único motor de la ruptura. La Venezuela que se separó de Colombia arrastraba resentimientos administrativos, temores económicos, disputas de mando y una antigua incomodidad frente a la subordinación a Bogotá. Llamar traidor a Páez permitió simplificar ese cuadro; estudiarlo obliga a reconocer que la Gran Colombia no murió por una puñalada individual, sino por una enfermedad política acumulada.
Los otros traidores de la República
La historia venezolana ofrece un patrón inquietante: varios de sus protagonistas más decisivos fueron acusados de traición precisamente después de haber servido a la causa republicana. Francisco de Miranda es el primer gran caso. Antes de caer preso, había intentado abrir el camino de la independencia con las expediciones de 1806, cuando desembarcó en Ocumare y luego en La Vela de Coro con una bandera que anticipaba los colores de la futura Venezuela. Mucho antes, había combatido en escenarios que ningún otro americano de su tiempo recorrió con semejante intensidad: la guerra de independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la lucha por la emancipación hispanoamericana. Su nombre fue inscrito en el Arco de Triunfo de París, y su archivo, la Colombeia, revela a un hombre obsesionado con la libertad continental.
Sin embargo, en 1812, ese mismo Miranda fue reducido a la condición de sospechoso. La capitulación ante Monteverde fue interpretada por Simón Bolívar y otros oficiales como una entrega inaceptable. El problema es que la Primera República estaba prácticamente deshecha. El terremoto del 26 de marzo había devastado ciudades republicanas, la moral militar estaba fracturada, los recursos escaseaban y el avance realista había dejado al gobierno sin capacidad de maniobra. Llamar traidor a Miranda fue más sencillo que aceptar el derrumbe de un proyecto político prematuro, aislado y militarmente vulnerable.
Manuel Piar encarna otro expediente doloroso. Llamado con justicia el Libertador de Oriente, Piar fue el vencedor de San Félix en 1817 y el artífice militar de la liberación de Guayana, una región estratégica sin la cual la independencia difícilmente habría encontrado base territorial, recursos, comunicación fluvial y profundidad logística. La victoria de San Félix abrió a los republicanos el control de Angostura y convirtió el Orinoco en retaguardia vital para las campañas posteriores. Piar no fue un oficial secundario: fue uno de los jefes más eficaces de la guerra, un comandante capaz de derrotar a los realistas y transformar el mapa militar de la independencia.
Pero ese prestigio no lo salvó. Fue juzgado y fusilado en Angostura en octubre de 1817 bajo acusaciones de insubordinación, sedición y amenaza a la unidad republicana. Simón Bolívar asumió la responsabilidad política de aquella decisión en nombre de la disciplina del ejército y de la supervivencia de la causa. Los defensores del fusilamiento argumentan que Piar estaba fracturando el mando en un momento crítico; sus reivindicadores sostienen que detrás del juicio hubo también tensiones raciales, sociales y políticas, pues Piar representaba a sectores pardos y orientales que incomodaban a la élite mantuana y al liderazgo central. Dos siglos después, su figura no puede reducirse al expediente judicial que lo condenó. Su victoria en Guayana lo coloca entre los grandes constructores militares de la independencia.
José Prudencio Padilla sufrió una suerte parecida. Marino formado en la dureza de la guerra naval, sobreviviente de Trafalgar, combatiente en el Caribe y comandante de la escuadra republicana, Padilla alcanzó su mayor gloria el 24 de julio de 1823 en el Lago de Maracaibo. Allí, frente a la escuadra realista, sus fuerzas obtuvieron una victoria decisiva que dejó a España sin capacidad efectiva de recuperación naval en el occidente venezolano. La capitulación de Maracaibo y el posterior aislamiento de Puerto Cabello sellaron, en términos militares, la independencia de Venezuela y consolidaron también la seguridad de la Nueva Granada. Si Carabobo fue la gran victoria terrestre de 1821, Maracaibo fue la confirmación naval de que el dominio español estaba perdido.
Padilla, sin embargo, terminó fusilado en Bogotá en 1828, acusado en el contexto de la Conspiración Septembrina contra Simón Bolívar. La justicia de ese proceso ha sido discutida desde entonces. Para sus defensores, la ejecución respondió a la necesidad de castigar una amenaza contra el orden republicano; para sus críticos, fue un acto político contra un militar pardo, popular y prestigioso, cuya autoridad despertaba temores en una república atravesada por jerarquías raciales y sociales. Como Miranda y Piar, Padilla fue primero indispensable y luego sospechoso. Su gloria militar no impidió que sobre su nombre cayera la palabra más corrosiva de la política: traidor.
Páez ante el tribunal de la memoria
El caso de José Antonio Páez pertenece a esa misma tradición de condenas históricas, pero con una diferencia decisiva: no fue fusilado ni murió en una prisión española, sino que gobernó, fundó poder, sobrevivió a sus enemigos y dejó una huella institucional en la Venezuela republicana. Esa supervivencia política hizo más persistente la acusación. Para los defensores del culto bolivariano, Páez quedó como el hombre que rompió el sueño continental de Simón Bolívar; para sus partidarios, fue el jefe que comprendió mejor que nadie el ánimo de Venezuela frente al centralismo bogotano.
Wilfredo Bolívar apunta precisamente contra esa lectura unilateral. En su artículo del Diario Última Hora, el cronista sostiene que la historia oficial ha sido “tacaña” al reconocer la crisis política en la que Simón Bolívar condujo a Colombia durante sus últimos años. La expresión es dura, pero revela el propósito del texto: desmontar la idea de una Gran Colombia armónica destruida por la ambición venezolana. Según Wilfredo Bolívar, hubo dictadura, leyes importadas, bancarrota fiscal, modelo político foráneo, endeudamiento y rechazo regional. Algunas de sus afirmaciones, especialmente las vinculadas al peso de Inglaterra y a los proyectos monárquicos o protectorados, deben tratarse como tesis de interpretación histórica y no como verdades cerradas; pero su valor periodístico está en que obligan a revisar documentos que con frecuencia quedan fuera del relato patriótico convencional.
El cronista también cuestiona la imagen de un Simón Bolívar antiimperialista en términos absolutos. “La idea de un Bolívar ‘anti-imperialista’ es una fábula”, escribió. A su juicio, Simón Bolívar fue antiimperialista frente a España, pero pragmático y favorable a la influencia británica cuando esa relación permitía financiar, armar o sostener la guerra de independencia. Esta afirmación requiere matices: la política exterior de los líderes independentistas estuvo marcada por la búsqueda desesperada de reconocimiento, préstamos, armas y apoyo diplomático en un mundo dominado por potencias imperiales. Pero el señalamiento de Wilfredo Bolívar apunta a un punto real: la independencia hispanoamericana no ocurrió en aislamiento, sino dentro de una disputa atlántica donde Gran Bretaña tenía intereses comerciales evidentes en los mercados americanos.
La acusación de traición contra Páez, entonces, no puede separarse de la disputa por la memoria de Simón Bolívar. Si el Libertador debía aparecer como encarnación de la unidad, alguien debía cargar con la culpa de la división. Si la Gran Colombia debía ser recordada como el gran sueño continental, alguien tenía que representar su fracaso. En ese reparto simbólico, Páez quedó ubicado en el lugar del responsable. La operación era políticamente eficaz: convertía un conflicto estructural en drama personal, una crisis territorial en disputa de lealtades, una fractura constitucional en acto de desobediencia.
Pero los documentos introducen dudas. La carta de Simón Bolívar a O’Leary, las consultas municipales venezolanas, las memorias de Páez y la propia dinámica política de 1829 y 1830 muestran que la separación fue un proceso colectivo. Hubo liderazgos, intereses, cálculos y presiones, pero también una convicción extendida de que Venezuela no quería continuar subordinada a Bogotá. Páez no inventó solo ese malestar. Lo organizó, lo condujo y lo convirtió en poder.
En este punto, la crónica deja de ser una defensa de Páez para convertirse en una pregunta sobre el modo en que Venezuela ha construido sus culpables. ¿Fue Páez un traidor o fue el nombre escogido para explicar el fracaso de una república imposible? ¿Fue Miranda un traidor o el jefe derrotado de una causa todavía inmadura? ¿Fue Piar un sedicioso o un general incómodo cuya victoria había alterado los equilibrios del poder? ¿Fue Padilla un conspirador o un héroe naval sacrificado en medio de tensiones políticas, raciales y militares? Las respuestas no son simples, y precisamente por eso la palabra traición resulta peligrosa: clausura el debate antes de examinar las pruebas.
En la política venezolana reciente, el término conserva su potencia destructiva. Las acusaciones de traición reaparecen cuando se fracturan alianzas, cuando antiguos socios del poder se convierten en sospechosos o cuando una facción necesita explicar derrotas internas.
Incluso en episodios contemporáneos vinculados al chavismo y a señalamientos contra Delcy Rodríguez, la palabra ha circulado como instrumento de disputa, más como arma política que como conclusión judicial firme. No hace falta defender a Nicolás Maduro ni a Delcy Rodríguez para advertir la continuidad histórica del mecanismo: en Venezuela, la traición suele invocarse antes de que la historia —o la justicia— haya terminado de revisar los hechos.
La necesidad de un culpable
José Antonio Páez murió en Nueva York el 6 de mayo de 1873, lejos de los llanos donde se hizo leyenda y lejos de la Venezuela que ayudó a fundar. Para entonces ya era una figura partida en dos: héroe de la independencia para unos, sepulturero de la Gran Colombia para otros. Esa división ha sobrevivido porque la historia venezolana no solo se disputa en los archivos, sino también en los altares civiles, en los manuales escolares, en los discursos oficiales y en las palabras que una generación hereda de otra sin examinarlas.
El artículo de Wilfredo Bolívar, publicado en 2016, no cierra el caso Páez; lo reabre. Su mérito está en exigir que la acusación sea tratada como problema histórico y no como sentencia heredada. Al llamarlo “el errado cuento de un ‘Páez traidor’”, el cronista de Araure obliga a mirar más allá del epíteto: hacia la crisis de la Gran Colombia, la correspondencia de Simón Bolívar, las consultas venezolanas, las memorias del propio Páez, el peso de los caudillos regionales, el centralismo bogotano, la bancarrota republicana y la necesidad política de fabricar culpables cuando los proyectos fracasan.
Miranda, Piar, Padilla y Páez pertenecen a épocas, circunstancias y desenlaces distintos, pero comparten una marca: todos fueron alcanzados por la sospecha en momentos en que la República no supo procesar sus contradicciones sin convertirlas en delito moral. Algunos murieron presos o fusilados; otro gobernó y cargó con la condena de la posteridad. La historia, cuando se trabaja con rigor, no absuelve por simpatía ni condena por costumbre. Interroga.
Por eso la pregunta sigue vigente: ¿quién convirtió a Páez en traidor? Tal vez no fue un solo historiador, ni un solo partido, ni una sola generación. Tal vez fue una necesidad más profunda de la memoria venezolana: explicar la ruptura de un sueño inmenso mediante el nombre de un hombre. Y acaso allí esté la lección mayor. Las repúblicas no suelen morir por una sola traición; mueren cuando sus contradicciones son más fuertes que sus instituciones y cuando, en lugar de comprenderlas, prefieren buscar un culpable.
Periodista especializado en crónicas históricas – luisalbertoperozopadua@gmail.com
