América Latina, región caracterizada por el realismo mágico y el maravilloso (no son lo mismo, pero es igual), aculturaciones y transculturaciones, grandes desigualdades socioeconómicas, carteles, inestabilidad política e intervenciones norteamericanas, aunque estos dos últimos rasgos los compartimos con África, Asia y más allá, es “nuestro insólito universo”. Operaciones relámpago con despliegue tecnológico que permiten capturas de gobernantes y “neutralización” de jefes de organizaciones criminales internacionales, dan mucho material para una hipotética industria cinematográfica o de streaming. En esta ocasión, me referiré a un lugar de la América Latina de mis tormentos, donde el asombro no da tregua: Perú. Por supuesto que ese empate entre la Keiko Fujimori y Roberto Sánchez nos tiene pendientes, igual que las movilizaciones insurreccionales de Bolivia, el auge de una derecha que marca la época, la “tutela” norteamericana en Venezuela, las elecciones colombianas y las próximas de Brasil, y los incidentes de la guerra mundial “suave” entre China y Estados Unidos, que es trasfondo de todos estos espectaculares eventos, mucho más emocionantes que los movimientos, ya un poco oxidados, de Shakira en la inauguración del Mundial.
Desde por lo menos 2016 hay una importante crisis política en el Perú, caracterizada por conflictos entre los Poderes Públicos legislativo y ejecutivo, desplazamientos o vacancias de Presidentes de la República, denuncias de corrupción y desprestigio y fragmentación extrema de los Partidos Políticos, agitación sociopolítica y hasta un intento de golpe de estado por parte de un Mandatario electo.
Desde la dictadura de Fujimori (1990-2000), el país había tenido una sucesión normal desde Valentín Paniagua (transición, 248 días), y los períodos de cinco años cada uno de Alejandro Toledo, Alan García y Olanta Humala. Pero ya, desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), se presentó el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, o mejor, el choque con la principal oposición, el partido FP (fujimorismo). Para diciembre 2017 ya se procesaba la “vacancia” (o sea, la destitución) del presidente debido a los elementos acusatorios por el caso de sobornos a dirigentes políticos nacionales “Lava Jato”, adelantado por un equipo de fiscales especiales. El Ejecutivo se salvó en esa oportunidad por la negociación que le dio la libertad a Fujimori, en la víspera de la navidad. Pero el Congreso, dominado por el fujimorismo, obstaculizó al gobierno y, finalmente, consigue que el presidente Kuczynski renuncie el 21 de marzo de 2018, luego del segundo pedido de vacancia, acusado de sobornos de Odebrecht y haber comprado votos para evitar la primera solicitud de vacancia.
A la salida de Kuczynski, llega la asunción del vicepresidente, Martín Vizcarra (2018-2020), como Jefe de Gobierno, quien, por una parte, procura mejorar las relaciones políticas con el legislativo, aunque a condición de la aprobación de una agenda reformista, mientras afrontaba la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. El caso “Lava Jato”, acerca de sobornos a lideres políticos nacionales, incluidos varios expresidentes, llega a un punto álgido. El 28 de julio de 2018, Vizcarra había propuesto un referendo para reformar la Constitución con el fin de prohibir el financiamiento privado de los partidos, prohibir reelección de legisladores e introducir una segunda cámara. Esta iniciativa obtuvo un significativo apoyo, tanto a nivel nacional como internacional, con los elogios de la organización “Transparencia Internacional”; pero también tuvo como respuesta la alianza parlamentaria de los partidos APRA y Fuerza Popular (fujimorismo) para oponerse a la propuesta. El 9 de diciembre de 2018 los peruanos aprobaron en referendo tres de las cuatro reformas propuestas.
Seguidamente, se presentó el conflicto a propósito de los fiscales que investigaban el caso “Lava Jato”. Una gran movilización popular respalda la continuación de las investigaciones de los sobornos. Finalmente, el fiscal Chavarry renunció. El Congreso, de todos modos, lo defendió. Se vincula al fiscal (defendido por el Congreso, o sea, el fujimorismo) con un grupo criminal, los “Cuellos Blancos” y se señala a Keiko Fujimori de comerciar en el poder Judicial. Surgen nuevas revelaciones y comienzan las detenciones: la del expresidente Kuczynski en febrero de 2019; y luego le dan casa por cárcel. Al intentarse su captura, Alan García se suicida el 16 de abril. El exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reconoció que dio dinero para las campañas de todos los candidatos y expresidentes, incluida Keiko Fujimori, Susana Villarán, para obtención de concesiones de obras públicas.
El Ejecutivo toma la ofensiva y presenta propuestas de reformas institucionales en 12 leyes. El 28 de julio, Vizcarra planteó el “nos vamos todos” para unas elecciones generales en 2020, adelantando los lapsos constitucionales y donde él no participaría. A pesar del gran respaldo popular a la propuesta, el Congreso rechaza la iniciativa. Al continuar designando el Congreso a los miembros del Tribunal Constitucional, Vizcarra solicita la disolución del Congreso e intenta la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En respuesta, el Congreso decidió la vacancia del presidente por “incapacidad moral”, motivada por acusaciones de tráfico de influencias y recepción de sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua. La destitución produjo protestas callejeras.
Le sucedieron a Vizcarra dos presidencias temporales de escaso reconocimiento nacional e internacional: el breve gobierno de Manuel Merino asumió la presidencia el 10 de noviembre y renunció cinco días después, en medio de una intensa jornada de protestas que tuvieron como resultado dos muertos, 100 heridos y 41 desaparecidos; además de una fuerte presión de los medios. Seguidamente, el gobierno de transición de Francisco Sagasti, quien había sido presidente del Congreso, y asumió la Jefatura de gobierno desde noviembre de 2020 hasta julio 2021, lapso en que tuvo que afrontar parte de la pandemia, un paro agrario y grandes protestas antimineras. Al salir, se le abrió un juicio político por retiro de algunos altos mandos de la Policía Nacional en noviembre de 2020. Luego, se designó a Francisco Sagasti (2020-2021), quien finalizó el quinquenio presidencial tal y como estaba previsto en la Constitución, y entonces se convocó una elección de primera vuelta en 2021.
En esos comicios, se colocaron como candidatos finalistas, de un lado, Keiko Fujimori, líder del fujimorismo del partido Fuerza Popular, y del otro, Pedro Castillo, un sindicalista del magisterio, poco conocido en general, un “outsider” que agrupó un conjunto de fuerzas globalmente de izquierdas. En la segunda vuelta, conquista el triunfo electoral Castillo, que muy pronto fue desconocido por la oposición que señaló un presunto fraude, aparte de que renunció al factor que lo apoyó, el partido Perú Libre, organización que sufrió de inmediato un rápido proceso de fragmentación con la desafiliación de más de la mitad de los curules adquiridos en los comicios.
Pedro Castillo era lo que se conoce como un “outsider”. Irrumpió por primera vez en la escena pública en 2017, encabezando una huelga de maestros de escuelas públicas. El partido Perú Libre de izquierda (inspiración ML), cuyo líder era Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, inhabilitado por pesar una condena judicial por corrupción, postuló a Castillo, pero no tenía vínculos orgánicos con él. En la segunda vuelta, Castillo recibió el respaldo de Verónika Mendoza y de la alianza de partidos que lideró en la primera vuelta, Juntos por el Perú. El discurso de Castillo presentó las elecciones como una “competencia entre los ricos y los pobres, la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo”. En el populismo peruano, el pueblo se encuentra en el “Perú Profundo”, una expresión acuñada por el historiador Jorge Basadre, para diferenciar entre un “Perú Oficial”, donde se encuentra el Estado, y un Perú donde se encuentra “la nacionalidad”, es decir, aquel segmento del país indígena y mestizo, más empobrecido, más periférico y rural y principalmente victimizado por la élite corrupta (limeña y costera). Por su parte, Fujimori recibió el respaldo de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga, de Avanza País y Renovación Popular, respectivamente.
Inmediatamente, Castillo emprendió un ataque sistemático contra el Congreso y los partidos de oposición, acusándolos de “corruptos”. Así, la relación entre el ejecutivo y el legislativo se tensó al máximo. Frente a las investigación de la Fiscalía de la Nación o del parlamento, Castillo y el exministro de Relaciones Exteriores, César Landa, invocaron la carta interamericana para solicitar a la OEA el envío a Perú de una misión, que debía verificar la existencia de planes de la oposición para romper el orden constitucional. Castillo solicitó un pedido de confianza sobre la Ley 3570/2022-PE que regula el empleo del referéndum, que el Congreso rechazó “de plano”. En respuesta, el Congreso interpuso una demanda competencial y una medida cautelar al Tribunal Constitucional.
El Congreso se aprestaba a debatir el tercer proceso de vacancia el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo decide disolver el Congreso en la mañana del mismo día, cuando también intentó el apoyo de las Fuerzas Armadas. En respuesta, el Congreso aprueba la vacancia inmediatamente y pone fin a su presidencia. Castillo intentó asilarse en la Embajada de México en Lima, pero antes de que pudiera llegar a esta sede, el expresidente fue arrestado. En su puesto, fue designada el 7 de diciembre de 2022, la abogada Dina Boluarte, quien era vicepresidenta en la fórmula de Castillo, y duró en la presidencia hasta octubre de 2025, nada mal porque su mandato fue el más largo desde 2016. Por supuesto, fue destituida por el Congreso con acusaciones de corrupción.
Esta reconstrucción histórica de la sucesión conflictiva de siete presidentes de la república muestra una crisis política permanente, donde el conflicto entre los poderes públicos tiene como trasfondo un país dividido en una fuerte contradicción social y política, una gran fragmentación política, una evidente minoría parlamentaria de los presidentes y una actividad obstruccionista y hostil por parte del Congreso. Curiosamente, y gracias a la continuidad de la independencia del Banco Central y de las políticas económicas neoliberales impuestas hace tiempo por Fujimori, los indicadores macroeconómicos muestran una gran estabilidad, los cuales, como es de esperarse, no se refleja en la mejora de la pobreza y la exclusión social, que sigue empeorando cada día.
La crisis social y política continúa y es muy probable que se agudizará. Perú es uno de los principales socios comerciales de China en la región. La gran potencia asiática hasta financió la construcción de un puerto gigantesco en el Pacífico, por donde entraría al continente la “ruta de la seda”. Ahora, con la Fujimori con posibilidades de tomar el poder en un país dividido, se intensificará el conflicto con condimentos picantes de la actual tercera Guerra Mundial.
