Aquí y Ahora, Venezuela.
Mientras en Venezuela se discuten las declaraciones del alcalde Coromoto Lugo sobre la actividad minera en el estado Bolívar, y mientras vuelven a surgir debates sobre el control, explotación y destino de los recursos naturales del país, una pregunta sigue sin encontrar respuesta para millones de venezolanos: ¿qué beneficio concreto recibe el ciudadano común de toda esta riqueza?
Durante años se ha hablado del oro, del hierro, del coltán, del petróleo y de las innumerables riquezas que reposan en el subsuelo venezolano. Se ha hablado de soberanía, de defensa de los recursos nacionales, de amenazas externas y de intereses extranjeros. Sin embargo, la realidad cotidiana del venezolano parece transitar por una ruta completamente distinta.
La riqueza mineral de Bolívar ocupa titulares. Las disputas políticas nacionales e internacionales ocupan espacios en los medios. Las sanciones, los activos en el exterior, las decisiones de actores políticos dentro y fuera del país generan declaraciones y controversias permanentes. Pero en las calles, en los hogares y en los lugares de trabajo, el ciudadano sigue enfrentando problemas mucho más terrenales y urgentes.
Todavía hay comunidades que sufren cortes eléctricos. Todavía el precio del dólar marca el ritmo de una economía donde los salarios pierden valor antes de llegar a fin de mes. Todavía los alimentos, los medicamentos, el transporte y los servicios básicos representan una carga cada vez más difícil de sostener para millones de familias.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿para quién se administra la riqueza nacional si el ciudadano no percibe sus beneficios?
Durante años se escucharon discursos sobre invasiones, amenazas y defensa de la patria. Hoy muchos venezolanos observan con desconcierto cómo distintos actores nacionales e internacionales participan en decisiones relacionadas con activos y recursos venezolanos. Independientemente de la posición política que cada quien asuma, existe una sensación creciente de que las grandes disputas ocurren muy lejos de las necesidades reales de la población.
Mientras unos discuten el control de recursos, otros intentan simplemente sobrevivir.
A ello se suma la incertidumbre política. Los llamados a elecciones aparecen una y otra vez en el debate nacional, pero persisten las dudas sobre las condiciones, la confianza institucional y la capacidad real de generar soluciones que permitan superar la crisis. Del otro lado, figuras y estructuras políticas que surgieron como alternativas temporales parecen haberse prolongado indefinidamente en el tiempo, alimentando aún más la sensación de estancamiento.
Y en medio de todo esto permanece el protagonista silencioso de la historia venezolana: el ciudadano común.
Ese venezolano que madruga para trabajar, que hace milagros con un salario insuficiente, que sostiene a su familia pese a la incertidumbre y que observa cómo las discusiones sobre poder, recursos y liderazgo rara vez terminan traduciéndose en mejoras para su calidad de vida.
Quizás por eso cobra vigencia aquella expresión utilizada por Arturo Uslar Pietri cuando hablaba del “pendejo”: ese ciudadano que termina pagando los costos de los errores, las ambiciones y las disputas de quienes ejercen o aspiran al poder.
Porque mientras unos se disputan el control de las riquezas, el venezolano sigue esperando algo mucho más simple: electricidad estable, servicios dignos, seguridad económica, oportunidades y un futuro predecible.
La verdadera pregunta no es quién controla los recursos de Venezuela.
La verdadera pregunta es cuándo esos recursos servirán finalmente para mejorar la vida de los venezolanos.
Porque una nación no se mide por lo que guarda bajo la tierra, sino por la calidad de vida de quienes caminan sobre ella…
