La política suele ser menos romántica de lo que quisieran sus protagonistas. También menos épica. Mientras una parte importante de la oposición venezolana continúa apostando a la presión internacional, a las denuncias y a la esperanza de que algún evento externo modifique el equilibrio interno de poder, las decisiones realmente relevantes parecen tomarse en otro lugar y entre otros actores.
La realidad es incómoda, pero ignorarla no la hace desaparecer.
Hoy, las conversaciones que verdaderamente importan para el futuro inmediato de Venezuela no ocurren entre Miraflores y la Plataforma Unitaria, ni entre el chavismo y María Corina Machado. Ocurren, fundamentalmente, entre Washington y Caracas. Más específicamente, entre los intereses estratégicos de Estados Unidos y el núcleo de poder que administra el Estado venezolano, representado en buena medida por Delcy Rodríguez.
Desde hace varios años la política estadounidense hacia Venezuela ha dejado de estar determinada exclusivamente por consideraciones democráticas o electorales. La energía, la migración, la seguridad regional y la competencia geopolítica con China, Rusia e Irán ocupan hoy un espacio mucho más relevante en las prioridades de Washington. La constante revisión de licencias petroleras, las negociaciones alrededor de Chevron y los contactos directos entre funcionarios de ambos gobiernos evidencian una relación marcada más por el pragmatismo que por las afinidades ideológicas.
No se trata de una anomalía histórica. Las grandes potencias rara vez subordinan sus intereses estratégicos a las aspiraciones de actores políticos locales, por legítimas que estas sean. Henry Kissinger lo entendía perfectamente cuando afirmaba que los Estados no tienen amigos permanentes sino intereses permanentes. La frase, aunque repetida hasta el cansancio, conserva su brutal vigencia.
Desde esta perspectiva, Washington parece privilegiar la estabilidad relativa que ofrece la actual estructura de poder venezolana antes que aventurarse hacia una transición cuyos resultados son inciertos. Puede resultar moralmente frustrante para muchos opositores, pero desde la lógica del poder internacional tiene una explicación evidente.
¿Qué puede ofrecer hoy la oposición venezolana como garantía de gobernabilidad inmediata? ¿Quién controla efectivamente el territorio, las instituciones, los cuerpos de seguridad y la administración pública? ¿Quién puede garantizar que una transición no derive en un escenario de fragmentación política, conflicto interno o nuevas olas migratorias?
Son preguntas incómodas que rara vez aparecen en los discursos partidistas.
La oposición democrática posee legitimidad electoral, respaldo ciudadano significativo y un liderazgo que conserva capacidad de movilización. Pero ninguna de esas fortalezas se traduce automáticamente en capacidad efectiva para alterar las reglas del juego. La diferencia entre legitimidad y poder sigue siendo una de las lecciones más crueles de la política venezolana contemporánea.
Por ello resulta difícil imaginar cambios sustanciales en las condiciones electorales mientras las negociaciones decisivas continúen produciéndose directamente entre Washington y el gobierno venezolano. Si la prioridad estadounidense es preservar ciertos niveles de estabilidad energética y geopolítica, las exigencias relacionadas con la apertura democrática tenderán a ocupar un lugar secundario dentro de la ecuación.
Esto no significa que la lucha democrática carezca de sentido. Significa algo mucho más complejo: que una estrategia basada exclusivamente en la presión externa probablemente haya llegado a sus límites.
La experiencia reciente parece confirmarlo. Cada vez que sectores opositores anuncian una inminente ruptura internacional con el chavismo, la realidad termina imponiendo sus propias correcciones. Las sanciones se flexibilizan o endurecen según intereses específicos; las licencias petroleras aparecen y desaparecen; los canales de comunicación se abren discretamente cuando las circunstancias lo requieren. La geopolítica no funciona con consignas sino con intereses.
Quizá el principal desafío intelectual de la oposición venezolana sea aceptar esta realidad sin resignarse a ella.
Porque una cosa es comprender que Estados Unidos privilegia hoy la estabilidad regional y otra muy distinta concluir que el chavismo es invencible. Son afirmaciones completamente diferentes. La primera describe una circunstancia; la segunda constituye una rendición.
Pensar una estrategia viable para desplazar al chavismo del poder en el mediano o largo plazo exige abandonar ciertas ilusiones confortables y comenzar a construir poder político real dentro de Venezuela. Poder social, organizativo, territorial e institucional. Poder capaz de alterar gradualmente los incentivos de quienes hoy administran el Estado y de quienes negocian con ellos desde el exterior.
La política, al final, suele ser menos una cuestión de razón moral que de correlación de fuerzas.
Y en Venezuela, por dura que resulte la constatación, las reglas del juego continúan siendo definidas por quienes están sentados en la mesa de negociación, no por quienes observan desde la puerta.-
Maestría en Negociación y Conflicto – California State University – @humbertotweets +1 (407) 221-4603
