Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el país, surgida como resultado de la debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años, cuyo efecto lo resiente cada milímetro del tejido social nacional que insiste en la aspiración a una vida decente en la tierra que los vio nacer.
Al momento de hacer el balance del desastre general diferentes análisis se entrecruzan, los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones políticas y la pérdida de autonomía de los poderes públicos, los economistas hablan de los fríos números de la caída en barrena del 75% del PIB, los sociólogos registran los números alarmantes de la pobreza general de un país extendida a 80% de la población.
Paralelamente detrás de todos estos análisis pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro país, de los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un régimen sin valores, ni talante democrático, quien no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana.
Cuando hablamos de la catástrofe nacional nos referimos en primer lugar a los sectores laborales del país, a los mas de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados públicos de la salud, educación, transporte, universidades autónomas, en fin, a toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador.
En esta oportunidad voy a referirme a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cívico nacional 2002-2003 y a los trabajadores públicos despedidos en 2004 a raíz del Referéndum Revocatorio (RR). A ambos se les condenó a un apartheid a través de la lista de Tascón que al calificarlos como “enemigos escuálidos” se les excluyó del acceso al empleo y a servicios públicos.
En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados fueron considerados al principio como héroes, por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, oriente y centro del país, bajo la consigna de “Ni un paso atrás”, significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno.
Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyados por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos y sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron a apoyar masivamente el conflicto hasta el final en febrero de 2003. El atrevimiento derivó en el despido de aproximadamente 23.000 trabajadores de PDVSA y Contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.
La legitimidad del conflicto fue reconocido por la OIT a través de uno de sus organismos, el Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores, al calificarla en 2005 como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, recomendando el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificación internacional fue descalificada por la administración del régimen que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo de una deuda milmillonaria en dólares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo.
En el caso de los empleados públicos la brutal ofensiva contra los petroleros se extendió contra aproximadamente 10.000 trabajadores identificados como “escuálidos opositores” en el contexto del RR de agosto 2004, fueron enumerados con el método nazi de asignarles una marca de: Escuálido, Indiferente y Pro régimen, en listados que cada Ministerio, Instituto Autónomo debía presentar listas al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.
Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de proceder a ejecutar miles de despidos en todo el sector público, conllevando a los sindicatos afiliados a FEDEUNEP a presentar las quejas respectivas ante la OIT y el registro de toda esta brutal ofensiva.
Hoy en la perspectiva de fin de un régimen y el restablecimiento del estado de derecho, la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores por constituir una deuda que proviene de derechos surgidos de la propia Constitución y de las leyes laborales.
Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacías dejadas por el autoritarismo chavomadurista, no es la respuesta que merecen estos trabajadores, en primer lugar, los trabajadores de PDVSA y Contratistas participantes en el Paro cívico 2002-2003, y en segundo lugar los empleados públicos despedidos en 2004, como prueba del capítulo más bochornoso de la historia de las relaciones laborales no solo en nuestro país sino a nivel de América Latina.
La respuesta de un nuevo estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentía de miles de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar el país, y lograr el rescate de la Venezuela democrática que aspiramos hoy.
Movimiento Laborista
