No me canso de repetir estas breves frases: “No encuentro precedentes de un país que haya perdido el 75 % (2014-2021) de su PIB, que le haya quitado 14 ceros a su moneda, que haya destruido el principal sector de su economía y que se le haya ido la cuarta parte de su población. Al menos, no sin un conflicto bélico”. Jesús Cacique.
Quizás sea necesario comenzar aceptando que la emergencia humanitaria instalada en Venezuela, que está tocando puntos neurálgicos de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto, no se debe a causas fortuitas; no es producto del cambio climático ni de la animadversión de países y organizaciones mundiales contra Venezuela.
En realidad, la emergencia humanitaria es el resultado del camino emprendido hace más de dos décadas tras el objetivo de imponer en Venezuela una ideología que, en corto plazo, ha generado graves problemas en el país. El producto interno bruto se contrajo desmedidamente; la crisis energética se agudizó; la tasa inflacionaria subió por las nubes; el consumo cayó; el aparato productivo se deshizo; la inversión privada colapsó; el hambre se instaló en los sectores más vulnerables —infancia y población anciana—; y la convivencia cultural se debilitó por episodios de violencia y represión.
Una suma de elementos condujo a la crisis humanitaria que hoy nos domina y que está perturbando a los venezolanos en todos los aspectos de su existencia: en la economía, la educación, la salud, el acceso a servicios básicos, la seguridad personal y patrimonial, las perspectivas de futuro y nuestra estructura de valores: la responsabilidad, la confianza y el respeto.
Suma de factores que han incidido en la decisión de abandonar el país de más de 20% de la población, en búsqueda de oportunidades de supervivencia. Una cruel metamorfosis: pasamos de ser un país receptor de personas de todas partes del mundo, en busca de mejores oportunidades, a expulsores de población nativa, empujada por el deseo de encontrar nuevas formas de seguir viviendo.
Quizás lo más difícil de borrar en nuestro futuro sean las consecuencias de esta emergencia humanitaria que confrontamos a lo largo y ancho de nuestro territorio: población infantil desnutrida a niveles irreversibles; escuelas arruinadas y sin recursos; maestros y profesores en la miseria; universidades en la indigencia; hospitales y centros de salud sin recursos materiales y sin personal calificado; medios de comunicación clausurados; maltrato y represión al ciudadano por la aplicación de la Ley del Odio; persecución y torturas a disidentes políticos.
Un compendio de negatividades que define el presente y quizás el futuro de los venezolanos, si no tomamos plena conciencia sobre sus implicaciones. ¿Cómo se expresarán estas fallas en los venezolanos que están en pleno proceso de crecimiento, en las nuevas generaciones, en los sectores vulnerables y, en general, en toda la población?
Por experiencia sabemos que las políticas macroeconómicas son claves para enderezar un país, como ocurrió recientemente en Chile. Son indispensables, pero no suficientes, si dejamos de lado la orientación social de las políticas que hagan sentir a la población que forma parte de la expansión económica y de la mejora de los indicadores de riqueza nacional.
Una adecuada política económica puede ser la mejor política social, pero la preocupación porque no aumenten los índices de desigualdad tiene que ser un foco de atención prioritario.
Animados por la necesidad de comprender, empecemos por conceptualizar algunos criterios que pueden contribuir a enfrentar la emergencia humanitaria y devolvernos la aspiración de fundar un país de ciudadanos libres e iguales.
La importancia de municipalizar
Si queremos enfrentar esta destrucción institucional de las bases de la República, tenemos que definir un camino que debe comenzar desde allí donde habitamos. Lo primero es cambiar ciertas reglas del juego y sustituir, desde el inicio, la concentración y centralización política y administrativa por lo contrario.
Esto significa transformar, de forma perentoria, un país manejado desde un centro único de poder centralizado, apoyado por un círculo de aliados políticos e ideológicos, ausente del equilibrio de poderes y de la rendición de cuentas propias de la democracia; cambiar el centralismo por la instancia de gobernabilidad representada por el poder municipal.
La educación, la salud y el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua, vías de comunicación e instalaciones sanitarias deben ser posibilidades abiertas en el primer nivel de convivencia, como son los municipios. Unas entidades que se ha intentado desplazar por un poder comunal dirigido políticamente desde el poder central.
Los municipios son, por definición, la primera institución de la cual se desprende el concepto de nación. La Real Academia los define como la entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes.
En Venezuela, los municipios se desvanecen y se intenta reubicar los orígenes del poder en un borroso poder popular, politizado, una instancia apegada a principios colectivista-socialistas que emite señales contrarias a la búsqueda de la participación, el diálogo, la convivencia y la libertad.
Contiene en sí mismo un decálogo de conceptos políticos que expresan el control autoritario de la ciudadanía, la confrontación social como dinámica permanente, la erradicación de la libertad económica y la imposición de contenidos culturales-antropológicos que niegan la existencia del individuo responsable y de ciudadanos libres e iguales.
Según el artículo 168 de la Constitución:
“Los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos”.
Habría que derogar toda la legislación que pretende eliminar el ámbito de gobierno municipal, sustituyéndolo por una pretendida representación comunitaria cuyas raíces se entroncan con la aspiración de concentración de poder político totalitario y centralista.
Una medida para comenzar a responder a la emergencia humanitaria es devolver al municipio su carácter de institución político-administrativa básica.
El programa de rescate de la emergencia humanitaria comienza por ubicar su campo de acción en el municipio, allí donde la gente desarrolla su proyecto de vida. Como responden los españoles cuando les preguntan “¿de dónde eres?” y contestan: “Soy de allí donde fui a la escuela primaria y donde estudié el bachillerato”.
Unos lazos de conectividad, identidad y pertenencia que, cuando se borran, arrastran consigo la responsabilidad y pertenencia a un pedazo de tierra donde iniciamos nuestra formación como ciudadanos.
La primera medida para enfrentar la emergencia humanitaria es comenzar por devolver al municipio el poder de gestionar, accionar y decidir en representación de los que moran en ese espacio insustituible.
Actualmente se pretende imponer una legislación que consagra el Estado comunal, no previsto constitucionalmente, que conlleva la eliminación del municipio y su sustitución por un modelo fracasado universalmente de Estado comunal.
Somos ciudadanos del mundo, pero crecimos y nos educamos en el municipio Torres, Arismendi, Bruzual, Páez o Girardot.
Nunca he visto a un presidente de la República, ni siquiera a un mandatario regional, iniciar su gestión convocando, oyendo y aceptando lo primigenio del poder municipal, hablando con los alcaldes y con el Concejo Municipal.
Es una invitación a los ciudadanos que podamos apoyar en su acceso al poder para iniciar una nueva etapa de su accionar político, convocando a los alcaldes de los 335 municipios del país a reunirse, dialogar, intercambiar ideas, conocerse y trabajar en equipo.
Sería un primer paso de alta significación político-administrativa contribuir a recuperar las capacidades del municipio como espacio de convivencia, allí donde vivimos cada uno de nosotros.
Reinstitucionalizar
El segundo paso es reinstitucionalizar, el cual debe ser simultáneo, pues es la esencia de la municipalización.
Las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (North, 1993); es decir, las instituciones son las reglas del juego. Estructuran incentivos y castigos que configuran el comportamiento humano —social, antisocial, político, económico o de otra índole— en una sociedad.
Las instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos, proporcionan una estructura para dar forma a la interacción y constituyen una guía para la vida diaria.
Douglas North justifica la creación, existencia y función principal de las limitaciones institucionales porque reducen la incertidumbre, estableciendo una estructura estable —no necesariamente eficiente—, dinámica y en constante cambio. Por consiguiente, las instituciones alteran continuamente el alcance de las elecciones, incluyendo todo aquello que se permite y prohíbe hacer a los individuos, y configuran el marco dentro del cual ocurre la interacción humana (North, 1993).
No es aventurado señalar que, en los Estados con predominio de lo colectivo, su principal preocupación es conservar el poder político del cual dependen. De allí que sus esfuerzos por controlar, reprimir, anular la individualidad y la capacidad de identificar intereses ajenos al poder político se conviertan en el norte de esas instituciones.
Los ciudadanos son vigilados, numerados y juzgados por su nivel de sumisión o rebeldía. No es casual que el respaldo más decidido para sostener el socialismo del siglo XXI sea el proveniente de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones de control represivo.
Recordemos a Vladimir Padrino imponiéndose en las puertas de las escuelas el primer día del calendario escolar. ¿Qué pretendía mostrar? Asustar a los escolares, a los docentes y a los padres y representantes; asentar que representa el poder hasta en el aula de clases, es decir, en las ideas.
En Venezuela aún no hemos sacado la cuenta de la significación de haber destruido las principales instituciones sociales que, sumadas, definen nuestras vidas. La emergencia humanitaria es el producto directo de la orfandad y abandono de obligaciones fundamentales de toda sociedad, como educar y cuidar la salud de la población en fase de crecimiento.
Una táctica de los regímenes socialistas es debilitar el municipio y destruir las instituciones de intermediación que generan acuerdos y políticas entre los individuos y los ciudadanos, intentando sustituirlas por ideologías colectivistas que borran la responsabilidad individual y el concepto de ciudadanía para llevar todo al molino del Estado centralizado y concentrado como unidad monolítica dominante.
Allí están las causas de la actual emergencia humanitaria que estamos enfrentando en Venezuela.
En el campo de la educación, el objetivo es reinstitucionalizar; volver la mirada a la primordial estructura de la escuela básica, una madre institucional. Allí se forman las nuevas generaciones, las familias ejercen su capacidad protectora y se perfila el futuro de la vida de todos los habitantes de esa escuela y de ese municipio.
