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Ramón Rosales Linares: ¿Podríamos crecer económicamente y vivir mejor «pero» sin inflación?

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Siii, peeero…

Alí Primera lo dice en su canción: “no basta rezar para alcanzar la paz“. Es cierto que podríamos tener una vida mejor y prosperar económicamente sin inflación, pero para llegar a ese estado de bienestar, que se ha vuelto inalcanzable para los venezolanos desde hace años, se necesitan muchos esfuerzos, individuales y colectivos. La inflación completamente desbordante y fuera de control desde los setentas del siglo pasado, como se muestra en la figura, es el principal impedimento hoy para crecer y vivir en paz. La inflación se ha entrelazado con otro problema descomunal que padecemos los venezolanos: La corrupción. ¡Los dos problemas se retroalimentan y tienen correlación! A medida que la inflación aumenta, también lo hace la desigualdad y la propensión al “sálvese quien pueda”, sin importar el medio, sea a través de la economía ilegal o en la débil economía formal.

En cinco subperiodos, todos ellos anteriores a 1973, el PIB (Producto Interno Bruto) de Venezuela creció cada año más del tres por ciento y la inflación anual no sobrepasó el dos por ciento, salvo entre 1936 y 1945. En este último caso, no obstante, se registró un crecimiento superior al de la inflación. Desde 1974 la inflación no ha podido ser controlada y con la hiperinflación 2018-2020, que amenaza volver si no “logramos” estabilizar la economía, pareciera que los venezolanos solo podemos aspirar a crecer pero con inflación lo que resulta en un balance neto negativo para el bolsillo del consumidor.

La inflación en Venezuela es un elefante que ingresó en el país y ha devorado ya dos repúblicas: La IV y la V. La República que está surgiendo a raíz del reseteo del 3 de enero de 2026, que llamaremos, por ahora, la VI, solo despegará si consigue, como mínimo, desacelerar el crecimiento de la inflación. La V República logró reducir la inflación de 35.78 % en 1998 a 12.53 % en 2001, durante los tres primeros años del mandato del presidente Chávez. El paro petrolero, 2002-2003, y el golpe de Estado fallido de abril del 2002 detuvieron ese descenso, pero entre el 2004 y el 2012 se retomó la lucha contra la inflación. Sin embargo, a partir del 2013 el incremento de los precios se disparó a niveles nunca antes vistos. La joven y trubulenta V República, 1999-2025, fue sepultada por la inflación entre 2013 y 2025, con la enorme contribución de la corrupción. Será tema de la historia la evaluación de ese período, al igual que se recordará el ingreso del “elefante inflación” en la economía entre 1974 y 1989. En esa evaluación será indispensable analizar lo que se propuso Carlos Andrés Pérez durante su primera administración con el famoso V Plan de la Nación 1976-1980.

Es necesario señalar que los incrementos del PIB entre 1830 y 1936 ocurrieron sin que el bienestar social aumentara, teniendo en cuenta el paludismo y el analfabetismo que existían en la empobrecida Venezuela de aquel entonces, con presupuestos limitados y una sensibilidad muy baja hacia “lo social”. Durante el periodo de 1958 a 1973 el “gasto” social no impidió que la economía se expandiera y la inflación se mantuviera controlada. El reto que enfrentamos hoy, en el año 2026, es crecer sin permitir que la inflación siga en aumento. Los ingresos muy bajos de los trabajadores activos y jubilados han llevado a que la demanda se haya deprimido en un contexto social que con las diferencias del caso se asemejan al existente antes del 27 de febrero de 1989 cuando se pretendió “ajustar” la economía. Los empresarios desean (¿suplican?) que la demanda crezca para salir del estancamiento, pero eso sí, exclaman casi gritando, sin incrementar los sueldos, argumentando lo costosas que son las prestaciones sociales por el marco legal vigente. La controversia planteada, a mi parecer, surge del dilema constante que intentamos eludir en la Venezuela rentística de manera ilusoria: ¿Qué viene primero, la gallina (la economía) que genera los impuestos o el huevo (los recursos del Estado obtenidos de los impuestos)?

En todos los países distintos de Venezuela, el desafío del crecimiento económico se enfrenta con la clásica pregunta “¿qué fue primero, el huevo o la gallina?”, para la cual hay dos opciones de respuesta: a) incentivar primero el desarrollo económico, sin impuestos, para que sea la “gallina” la que ponga los huevos (los impuestos); b) establecer y recaudar primero impuestos bien diseñados (el huevo) para financiar el Estado de bienestar (educación, salud, servicios, etc.) y la infraestructura que favorecen el crecimiento (la gallina). No obstante, en Venezuela, el dilema no es entre la tributación y el crecimiento, pues durante casi un siglo el petróleo ha reemplazado lo que es habitual en la gran mayoría de los países: la imposición de impuestos sobre personas naturales y jurídicas. Sustituir los impuestos por la renta petrolera ha generado una paradoja que, desde J. V. Gómez hasta hoy, ha alejado al país de la economía productiva: el “huevo” no es un impuesto y la “gallina” no simboliza el crecimiento.

No pensemos que Venezuela era un país con cultura tributaria antes de la época del petróleo. ¡Noooo! Los impuestos en Venezuela han sido instaurados por el Estado de manera poco popular, no por una supuesta vocación cívica de los ciudadanos y los empresarios. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) fue instaurado apenas en septiembre de 1993, con un notorio retraso respecto a la mayor parte de los países vecinos, por medio de un presidente interino: Ramón J. Velásquez, en el marco del “reseteo” que se produjo a raíz de la destitución del presidente Pérez. Seamos claros y directos: a nadie le gusta pagar impuestos, ni siquiera a los venezolanos. Sin embargo, vivir en sociedad requiere que paguemos por convivir, querámoslo o no. No existe el almuerzo gratis. ¿O sí? Si, en la Venezuela petrolera 1925-2025….ilusamente nos aferramos a almorzar gratis pero la deuda nos esperaba, y espera, más adelante.

El “deber de coadyuvar con los gastos públicos” se establece con rango constitucional en el artículo 133 de la Constitución de 1999, al momento del nacimiento de la V República. En otros países, como México, se emplea el término “contribuir” en lugar de “deber” para ilustrar diferencias semánticas con trasfondo cultural. Según la queja de los líderes empresariales, las cargas tributarias del país “son escandalosamente excesivas”. En un país donde ni siquiera el pago de los servicios públicos es prioritario y, además, se “justifica” la evasión con el argumento de la corrupción endémica del gobierno, discutir cuánto debería ser esa obligación es un debate que puede ser peligroso.

No dejan de tener razón los empresarios sobre la inequidad en la tributación pues no podemos ignorar la existencia, desde casi los albores de nuestra vida republicana de la hoy llamada economía informal, incluyendo buhoneros y lavadores de narcodólares, pero que antes en la época de colonia se llamaba contrabando. Los empresarios informales usan y consumen los servicios, malos y buenos, del Estado pero no contribuyen en nada a su producción y prestación. Estudios del Banco Mundial sugieren que la economía informal representa alrededor del 30 al 40 por ciento del PIB formal[1]. La economía informal, como los ranchos construidos por los excluidos en los cinturones de miseria de las ciudades son testimonios fehacientes de lo que se podría denominar Estado Inconcluso, para no usar el trajinado nombre de Estado Fallido. Nuestro precario Estado-nación pareciera que todavía no termina de nacer y anda enclenque con deficiencias que en otros países al no haber tenido el espeso petróleo no tuvieron muletillas y disponen de una institucionalidad fiscal y tributaria relativamente más sana que la nuestra.

La anarquía actual, caracterizada por el aumento sin armonía ni concertación pública-privada de impuestos y tasas de servicios, en medio del colapso del Estado rentístico, la sufrimos todos, a excepción de las transnacionales mineras y petroleras que han recibido “exenciones fiscales” que discriminan al empresario criollo. J.V. Gómez “ajustó” las leyes al inicio de la explotación petrolera como lo acaba de hacer ahora la Asamblea Nacional a pedido de E.E.U.U.: ¡y aun así algunos afirman después que la historia no se repite!

Con una burocracia pesada desde hace mucho tiempo, el gobierno se financia mediante dinero inorgánico. Esto ha provocado que la inflación apareciera casi de manera natural cuando el modelo petrolero empezó a tener sus primeros problemas en la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado. A pesar de haber experimentado inflación durante medio siglo, todavía no se ha llegado a un consenso sólido acerca de cuál sería la combinación impositiva más apropiada para la economía venezolana. ¡Solamente admitimos que primero es necesario estabilizar al país para llevar a cabo unas elecciones!

La llegada sigilosa de un pichón de elefante

A partir de 1970, la inflación empezó a dar señales de su presencia en nuestro país, pero ni los ciudadanos, ni el gobierno, ni los empresarios se percataron de su llegada. El promedio mensual del año anterior, 1969, ¡0,17 %! duplicó su valor, aumentando a ¡0,31 %! en 1970. Cuando tuvo lugar el embargo petrolero árabe, en octubre de 1973, la tasa de inflación mensual se duplicó en 1974 (0.94 %), en comparación con la observada en 1973 (0.46 %). Aunque estas cifras parecían inofensivas, la inflación logró infiltrarse en la economía de Venezuela de manera furtiva sin que nadie se diera cuenta.

El petróleo denso y negro nos ocultaba la llegada, que parecía inofensiva, de la inflación. En otros países, la situación ha sido diferente cuando la inflación muestra incrementos. Cuando el presidente Nixon anunció en agosto de 1971 que ya no era obligatorio cambiar dólares por oro, congeló los sueldos y controló los precios durante medio año, estaba no solo dándole un golpe al acuerdo dólar-oro de Bretton Woods de 1944, sino que trataba de enfrentar la tendencia alcista de la inflación de Estados Unidos la cual subió desde un 1,3 en 1964 hasta 5,7 en 1970.[2] Aunque las medidas anti inflacionarias no tuvieron efectos pues no iban al fondo del problema, el déficit fiscal y la Guerra de Vietnam, indican la “sensibilidad” ante la inflación. Es pura casualidad cualquier similitud con la realidad que vive actualmente el presidente Trump, tanto en términos de las guerras arancelarias como con su enfrentamiento bélico con Irán.

Comparado con el año 1973, en 1974 el precio del petróleo aumentó por tres, pasando de $19.2 a $60.8 por barril (en $ de 2021). Como consecuencia, la inflación anual en Venezuela se duplicó de un 4,17 % en 1973 a un 8,31 % en el año siguiente (1974). En otras palabras, cuando los precios del petróleo aumentaron, la inflación también lo hizo. ¡Y el V Plan de la Nación, CAP I, llamado a transformar la economía del país, aún no se había dado a conocer! La inflación anual promedió 6,61 % en el periodo de 1970-79. Sin embargo, en la siguiente década, de 1980 a 1989, se cuadruplicó (23 %) hasta alcanzar el récord del año 1989, CAP II, con un porcentaje de 84,39 %, indicando que la inflación se había establecido firmemente en la dinámica económica del país, con significativas secuelas sociales y políticas.

Se han realizado numerosos y excelentes estudios con el fin de tratar de entender el proceso inflacionario en Venezuela; la mayoría, sin embargo, son del tipo ex post, lo que quiere decir que describen muy bien lo que ha sucedido pero no dicen mucho acerca de lo que va a pasar. El desafío que enfrentamos ahora, en medio de un reseteo tras el 3ene26, es gestionar las sobre expectativas que todos los sectores sociales y económicos tienen sobre los petrodólares previstos que entrarán este mismo año. No se perciben en esas expectativas soluciones para enfrentar el “Diablo”: la inflación futura.

No soy un especialista en economía, y no tengo la intención de serlo en el futuro. Para intentar orientarme en el panorama inmediato del país, me aferro a reglas de tres simples: si X es igual a tanto y Y equivale a bX + c, entonces la inflación se disparará. Esto ocurrirá aún cuando la pensión miserable de los jubilados aumente y se dé un incremento pírrico a los trabajadores, al parecer en bonos no en salarios. Para consuelo de los que procuran seguir cifras y no “pareceres”, afortunadamente la sequía estadística parece estar llegando a su fin gracias al “nuevo momento político” que atraviesa el país, así que se espera que el BCV y el INE emitan, como solían hacerlo antes, los datos que muestren con puntualidad hacia dónde se dirigen las tendencias en términos de precios para el consumidor. Sin esos datos no hay información y sin esta no tendremos conocimiento de lo que pasa.

Necesitamos ir a Cabildo, Presidenta

Es hora de que la presidenta interina convoque a un grupo selecto para discutir con profesionalismo sobre la inflación y las medidas que se pueden implementar con el fin de iniciar una cruzada contra la inflación y su desaceleración, que incluya a toda la sociedad. Convocar a algunos “caballos”, como los que Omar López contó para conformar el equipo venezolano campeón de la Copa Mundial de Béisbol 2026, debería ser prioritario como lo fue el modelo adoptado para la paz, amnistía y convivencia democrática. Para revertir la inalterable tendencia de aumento continuo de los precios, un equipo de “caballos” multidisciplinarios y provenientes de los distintos sectores sociales y productivos podría sugerir medidas factibles para poner en práctica a corto, mediano y largo plazo.

Dado que la inflación es multidimensional, se hace necesario ampliar las perspectivas desde las cuales se analice. Los estudios de inflación, por lo general, incluyen cuatro categorías de análisis: la inflación por demanda, la inflación a causa de costos, la inflación a raíz de expectativas y la inflación estructural. Pienso que a estas cuatro se les debe sumar una quinta, la cual tiene particular importancia para Venezuela como nación dependiente del petróleo y de crucial consideración en el presente: la inflación geopolítica. Para que los analistas geopolíticos aporten sus opiniones y ayuden a desentrañar la compleja maraña de la inflación, es necesario incluirlos en los eternos debates entre keynesianos, monetaristas, estructuralistas y conductistas. Este debate plural debe ser útil para una estrategia de comunicación que es urgente crear y ejecutar, con el fin de disminuir la enorme ignorancia que tenemos los venezolanos en general sobre la inflación, a pesar de haberla sufrido durante más de cincuenta años.

Es sorprendente que, a pesar de la constante investigación, no se haya establecido ni popularizado un método estándar y sencillo para medir la inflación, como sí sucedió con el PIB. Cuando no hay indicadores simples y accesibles, es necesario recurrir a “proxys”, a pesar de que no sean del agrado de los especialistas en inflación. La liquidez monetaria, por ejemplo, es un indicador precoz que se puede utilizar para observar la inflación por demanda.[3]

Es indudable que en la inflación de costos, el incremento del precio del petróleo afecta directamente la estructura de costos en economías fuertemente dependientes de las importaciones, como la venezolana. Incluso para exportar nuestro famoso y emblemático petróleo Merey y hasta para producir la gasolina que necesitamos, debemos importar insumos. Estos son derivados del petróleo y sus importaciones generan una inflación que elimina la euforia que sentimos al sentirnos beneficiados con el incremento de los precios del petróleo a nivel global. Los incrementos de los precios del petróleo pueden resultar alegría de tísico, ya que durante los cien años que hemos estado lidiando con el excremento del diablo no hemos edificado soberanía productiva. Sin ella, la soberanía política (y hasta la territorial) se vuelve etérea, para no emplear otra palabra quizás menos educada.

Los costos, amigos productores públicos o privados, se deben conocer para…reducirlos….. no para fijar precios

Es asombroso ver cómo algunos líderes de empresas hacen de los costos laborales su mayor queja, sin considerar que la gran dependencia de insumos importados para producir incluso un par de zapatos, y ni siquiera mencionar el ensamblaje de una motocicleta, supera al rubro nómina. Queridos amigos empresarios, los sueldos no son lo que más afecta el coste de producción de sus empresas y, por consiguiente, no deben ser los “paganini” en sufrir las consecuencias de la inflación. Existe una amplia gama de costos que nuestras compañías, ya sean privadas o públicas, no tienen controlados, ya que muchos de estos ni siquiera se conocen y están escondidos.

Para tener una visión completa de todos los costos y elaborar estrategias para su disminución, se requiere algo más que “rezar”. En términos simple, eso se llama productividad. Si no hay productividad, no existe competitividad; y aunque los salarios se repriman o los precios suban en un contexto inflacionario, si no se tratan las causas coyunturales y estructurales que nos obstaculizan ser productivos, nunca podremos ser autosuficientes. La electricidad, tanto por su calidad como por su escasez, es hoy el mayor productor de inflación. Estamos atrapados en un pozo que anula cualquier esfuerzo para aumentar la productividad, a menos que mejoremos la electricidad, servicio transversal, no solo a la economía, sino también al desenvolvimiento social.

Es redundante aseverar que cualquier proceso tiene la posibilidad de ser mejorado. Las empresas que han asumido la premisa de que los costos deben ser conocidos no solo para fijar precios, sino también para reducirlos, y que, afortunadamente, son muchas en esta Venezuela afectada por la inflación, son las que deberían encabezar la lucha por la productividad antiinflacionaria. Las empresas criollas que lograron sobrevivir en un mercado salvaje, sin un Estado transparente y no castrador del emprendimiento, y además bajo sanciones y hostilidad geopolítica, lo hicieron porque dejaron atrás la fórmula clásica de Costos + Ganancias = Precio.

Los hombres de negocios schumpeterianos y los campeones de la improvisación creativa emplearon las matemáticas que adquirieron en el Liceo, en particular las lecciones sobre ecuaciones: el despeje de incógnitas. Los costos se obtienen al restar las ganancias de los precios, pero también, de acuerdo con álgebra simple, los beneficios son iguales a los precios menos los costos. En el primer supuesto, los empresarios que sobrevivieron emularon a los japoneses al “invadir” el mercado automovilístico de EE.UU., después de la crisis del petróleo que ocurrió en la década de 1970. Como no pudieron imponer sus propios precios a los clientes estadounidenses, los japoneses tuvieron que verlos como un dato del mercado en lugar de una variable. Las variables se transformaron en los costos y las ganancias. Si deseaban aumentar los beneficios, tenían que reducir los costos; o si se fijaba la ganancia esperada, el eje estratégico se trasladaba a fijar los costos como objetivo.

Desafortunadamente, no se puede determinar cuántas compañías en Venezuela emplean los diferentes métodos de sumar y restar precios, costos y beneficios. Sin embargo, no sería descabellado suponer que la fórmula de adicionar ganancias a unos costos imprecisos es la más utilizada. Particularmente en las empresas de tipo WhatsApp-Pago Móvil, que proliferan en la economía formal y más aún en la informal no tienen estrategias claras para enfrentar la inflación. Algunas empresas, aun disponiendo de los llamados sistemas integrados ERP,[4] a duras penas los usan como libros digitales para registrar datos.

Para enfocar las acciones en disminuir de manera constante los costos, es necesario tener una visión a largo plazo y un compromiso continuo para destinar tiempo y recursos a la modernización de la producción. Por supuesto, esto requiere financiación en algún momento, aunque no siempre. Por eso existen presiones legítimas para que se reanude el crédito, que actualmente está bloqueado debido a un encaje legal que, como hemos sostenido de manera reiterada, es una trampa por la sospecha —muy creíble, por cierto— de que liberarlo facilitaría la conversión de bolívares en dólares. Me sorprende la ausencia en el debate de analistas y hasta de la academia del hecho de que el sistema financiero de Venezuela, incluyendo el privado, es ineficaz. Está dividido en más de treinta bancos que no eran necesarios ni cuando las cosas iban bien para un país tan pequeño como el nuestro.

A la reflexión previa añado que la “pereza“ que hemos mostrado en el proceso de industrialización nos ha forzado a asumir costos-lastre, como depender incluso de insumos de tecnología simple para hacer funcionar las líneas productivas. ¿Cuándo empezaremos a perfeccionar nuestras capacidades tecnológicas para elaborar aquí una gran parte de los componentes, insumos y piezas que actualmente importamos?

La tercera categoría de la inflación, la estructural, es donde estamos más expuestos porque oculta rigideces e inercias que generan una inflación persistente. Sin embargo, si le aplicamos una dosis de SC, nos daremos cuenta de que la improductividad estructural se ha ido acumulando en el país. Desde el mismísimo comportamiento como trabajadores individuales hasta el desempeño colectivo en los departamentos y secciones de las empresas, sean estas de lucro o no, se derrochan esfuerzos y recursos haciendo cosas incorrectas y además incorrectamente. Y como consumidores, al no tener claridad acerca de las prioridades de nuestras compras, contribuimos a la inflación. Por otra parte, como trabajadores no nos aseguramos de estar debidamente calificados para realizar las tareas correctamente y de manera adecuada, de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y productividad, incurriendo en reprocesos que suman costos y por ende generan inflación.

En descargo de los trabajadores apelo a Edward Deming (1900-1993), un consultor y estadístico estadounidense, quien sostenía que la mayor parte de los errores en la calidad y productividad de una organización son el resultado del sistema de organización de los procesos productivos y administrativos. ¿Quién elabora los sistemas de trabajos en las organizaciones? ¿Acaso el que barre o el operador de una máquina, o…? No es suficiente con rezar para que se incrementen los ingresos petroleros; se requieren muchas otras cosas, una de las cuales es llegar a un consenso nacional para mejorar la productividad en todos los ámbitos laborales, supervisorios y decisorios.

Una de las partes más importantes de la inflación estructural en Venezuela es que todos los actores económicos y sociales, ya sean consumidores o productores, sufren debido a la deficiente calidad e incluso a la falta de los servicios públicos. El colapso del sistema eléctrico es actualmente transversal a toda la sociedad, no solamente a la economía. Y aunque las sanciones unilaterales dieron un fuerte y definitivo golpe al sistema eléctrico nacional, lo cierto es que la crisis eléctrica se incubó antes de las sanciones bajo el abrigo de la mediocridad, la corrupción y la errónea decisión de recentralizar la gestión mediante la creación de Corpoelec. La colocación de personas por lealtad, ni siquiera política sino a la facción del partido o al amigo pariente, resultó en la diáspora de ingenieros y técnicos eléctricos, lo que provocó el desmantelamiento del conocimiento especializado. No hay milagros sin conocimientos.

A los datos duros que suelen recolectarse para investigar las diversas razones de la inflación, hay que agregar una categoría más a los estudios sobre este flagelo: las expectativas de los agentes socioeconómicos en materia de precios y sus aumentos. Ello se vuelve un explicador del por qué no hemos conseguido manejar la inflación estructural, de costos o de demanda sin poder hacerlo con las expectativas de los consumidores. La ensalada de medidas y acciones que todos, absolutamente todos, implementamos y soportamos se adereza con la resultante de lo que los consumidores, empresarios y funcionarios públicos esperan en términos de inflación.

Es verdad que cuando se trata de racionalizar las importaciones con el fin de ahorrar divisas y fomentar la producción nacional, los patrones de consumo de los diferentes niveles socioeconómicos suelen ser obstáculos insalvables. Por ejemplo, la política sobre automóviles de los años sesenta y setenta del siglo pasado y la de motocicletas hoy en día. La primera no fue más que una respuesta a un problema fiscal, y no se concibió como una política industrial, tal como lo demuestra muy bien un informe de un exministro de la IV República[5]. En cuanto a la segunda, actualmente estamos cometiendo los mismos errores de la política automotriz: una diversificación excesiva de marcas y modelos para un mercado restringido como el venezolano. No solo tenemos un parque de bancos sobredimensionado (¡34!), sino que también hemos permitido la multiplicación de modelos, lo que exige tener inventarios de componentes y repuestos más grandes. ¡Ya existen más de 10 fabricantes de motocicletas[6]! ¿Quién le pone el cascabel o los cascabeles al gato o a los gatos? Lo mismo sucede con la “aspirina” que ingerimos al exigir estanterías en los supermercados repletas sin importar la rotación y el costo de inventarios sobredimensionados. Un anaquel vacío nos hace pensar en Cuba y, ¡ay papá!, a gritar que hay escasez. Todos los productos deben estar disponibles sin importar si no hay suficiente capacidad de compra para adquirirlos. Bodegones dixit.

Las otras “inflaciones” que no controlamos, ¿o si podríamos?

La geopolítica se sumó a la lista de factores que causan inflación en Venezuela gracias a las sanciones unilaterales de Obama, Biden y Trump. Aunque es difícil medir su efecto directo, es evidente que impacta los costos significativos para la producción nacional e incluso obstaculiza el funcionamiento de las fábricas del país. Y pensar que unos ciudadanos de Venezuela respaldaron y continúan respaldando estas medidas, sin considerar el efecto que estas han tenido en los consumidores, quienes son las victimas directas que padecen la escasez o el encarecimiento de los precios. Además de la inflación geopolítica por sanciones, hay otra que también es fundamentalmente geopolítica, originada en las guerras arancelarias que comenzaron en el planeta desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump.

Para dificultar aún más la comprensión de lo que ha representado y representa la inflación en el colapso de dos fases republicanas, la IV y V República, debemos contar con otras dos clases de inflación: la avarinflación y la consumanía inflacionaria . Estas modalidades hacen más difícil comprender el fenómeno inflacionario. En Europa, la inflación provocada por la avaricia, conocida como “avarinflación”, se volvió un tema de preocupación, sobre todo tras la pandemia de COVID-19. Desde 2023, en España, el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) lleva a cabo análisis semestrales y anuales de los márgenes de diversas cadenas industriales, incluyendo las agroalimentarias y las energéticas.[7] ¿Aceptarían nuestros gremios empresariales que existiera en Venezuela algo parecido al OME de España?

No obstante, la avarinflación es uno de los dos mecanismos que se alimentan mutuamente con la inflación. La otra es la manía consumista que, en ocasiones, como en el caso de Venezuela, se apodera de los consumidores como respuesta a las manipulaciones y a las expectativas inflacionarias. Baste que alguien con interés en “echarle vainas“ al gobierno dé inicio a una cadena de noticias falsas, como por ejemplo que “se viene un aumento del precio de la gasolina o una devaluación”, para que se genere lo que los expertos denominan: demanda anticipada. Sin embargo, en otras ocasiones la consumanía se desarrolla a partir de elementos psicológicos y sociales, no únicamente por limitaciones financieras. Es pertinente, en este sentido, recordar la irreverente y sarcástica posición de Thorstein Veblen (1857-1929), un sociólogo y economista estadounidense que acuñó el concepto “consumo ostentoso“ o “vebleniano” en su obra más destacada, La teoría de la clase ociosa. Esta fue publicada en 1899[8] donde Veblen sostenía que la clase alta consume productos de lujo no por su utilidad, sino para mostrar su estatus social y su riqueza. ¿A cuánto consumidor le interesa “resolver” su desigualdad socioeconómica mediante la adquisición de productos y servicios en un esfuerzo por imitar o “vivir” una experiencia consumista que excede sus posibilidades económicas?

Para concluir este recorrido ilustrativo acerca de las diversas caras de la inflación, les dejo un término que nos indica cuán desprotegidos están los consumidores sin información verídica y a tiempo, así como sin la protección del Estado: la reduflación[9]. Esta estrategia consiste en que el productor disminuye el tamaño o las prestaciones del producto ofrecido mientras mantienen su precio. Si bien esta estrategia tiene como objetivo mantener márgenes de ganancia sin incrementar los precios, con frecuencia esconde información al consumidor, lo que restringe su capacidad para elegir. ¿Creen ustedes, amigos y amigas que me leen, que se podría legislar y garantizar la inspección apropiada para prevenir la reduflación sin acusar al gobierno de “intervencionismo castrador” del trabajo empresarial?

Algunas propuestas irreverentes, para pensarlas….no necesariamente para ejecutarlas mientras tengamos expectativas rentísticas

Con todas estas reflexiones difíciles pero, a mi juicio, válidas, me atrevo a plantear algunas preguntas por si el gobierno decide formar un equipo multidisciplinario para examinar (¡no estudiar!) qué se puede hacer ya en relación con la inflación. Aquí voy.1

1. ¿Cuáles son las probabilidades reales de que el sector privado llegue a un acuerdo entre sus principales entidades gremiales para establecer un pacto antiinflacionario que, por ejemplo, fije un período específico donde no se aumenten los precios de los bienes y servicios producidos con el objetivo de que unas modestas (¿responsables?) subidas en salarios o ingresos y en pensiones aumenten el consumo y así vendan más?

2. ¿A qué compromisos públicos puede suscribir CORPOELEC, con cronogramas precisos, para restaurar el sistema eléctrico nacional, el cual actualmente es el principal productor de la inflación? ¿La empresa aceptaría la presencia en su gestión de un Comité de Seguimiento a la problemática eléctrica, que incluya a la Asamblea Nacional, a las universidades públicas y privadas, a los colegios profesionales y además con representación de las comunas, de las juntas de condominio y de los gremios empresariales, para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos públicamente?

3. Si se liberan recursos debido a una reducción del encaje legal, ¿qué garantías nos brindan nuestros banqueros para que esos recursos no sean utilizados para adquirir dólares? ¿Los banqueros consentirían que universidades de su elección auditen las carteras de crédito asignadas a la producción nacional?

4. ¿Estarían dispuestas las universidades públicas y privadas a incluir en sus sistemas de compensación de los docentes un bono financiado con sus propios presupuestos, que se entregaría basándose en la evaluación que efectuen los alumnos de la educación recibida? Esto transformaría a los alumnos de usuarios de los profesores en clientes exigentes de la calidad de su educación.

5. ¿Los importadores de productos que se pueden fabricar en el país aceptarían acordar con los productores nacionales las condiciones para sustituir las importaciones de manera competitiva? ¿Aceptarían compartir los eventuales planes de sustitución de importaciones convenidos con un Equipo Veedor que sea coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para Venezuela, PNUD, con participación de universidades, asamblea nacional y los despachos del gobierno dedicados al comercio y a las industrias?

6. ¿Estarían los asesores, ya sea agrupados o no en compañías de consultoría, disponibles para desarrollar una plataforma digital que proporcione formación gratuita durante un año (por ejemplo) para el incremento de la calidad y la productividad a empresas y emprendedores de sectores con alto impacto inflacionario?

7. ¿Sería posible que las universidades y las organizaciones empresariales acordaran un plan de actualización tecnológica que sea autofinanciable en sectores de alto impacto inflacionario?


[1] Banco Mundial

[2] Los desequilibrios del sistema de Bretton Woods entre 1965 y 1973: la inflación en EE. UU., el problema evidente que nadie quiere mencionar.

[3] ¿Cuánto ha crecido la liquidez monetaria y cómo afecta a la población?

[4] Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales) es un software integral que integra y automatiza los procesos centrales de una empresa —como finanzas, recursos humanos, fabricación, cadena de suministro y ventas— en una única plataforma. Su objetivo es centralizar la información, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

[5] Grupo de trabajo s03re economías de escala en la industria automotriz Latinoamericana

[6] Ya existen más de 10 fabricantes de motocicletas 

[7] Inflación hedónica y reduflación, las otras inflaciones

[8] Teoría de la Clase Ociosa 

[9] Reduflación: definición y ejemplos

 

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