Reconstruir Venezuela no es una tarea fácil; es titánica. La destrucción física ha sido monumental, algo, que pese a ser evidente, es negado e ignorado por una parte de quienes nos gobiernan y sus fanáticos seguidores. Otrora grandes empresas estatales han sido reducidas a escombros, saqueadas, desmanteladas, destruidas en tal forma, que sus nombres ya dicen poco y ni siquiera sus recuerdos persisten, más allá de quienes son hoy sus víctimas: los trabajadores que en algún momento las hicieron poderosas, útiles y respetadas. Y esto no es una exageración de una mente opositora empeñada en negar los logros del “socialismo del siglo XXI”. Ese supuesto socialismo, con la ayuda de la oposición violenta sancionadora, las acabó, las exterminó y hoy se prepara para venderlas como chatarra. No otra cosa es lo ocurrido con PDVSA y la CVG, que requerirán inversiones gigantescas para ser rescatadas, que serán obtenidas mediante alguna forma de privatización.
Vimos cómo se deterioraba el Metro de Caracas, una empresa de transporte masivo muy exitosa de la mal llamada cuarta república, y ejemplo claro de que el Estado, si se lo propone con seriedad, es también un buen empresario. No sólo funcionaba a la perfección, sino que influyó grandemente en lograr una conducta civilizada por parte de sus usuarios. Nos sumergíamos en otro mundo, cuando se entraba en sus estaciones. Un mundo de orden, limpieza, eficacia y civismo, que contrastaba con lo que ocurría en la superficie. Eso desapareció con relativa rapidez en este siglo, por obra de gerentes designados sin tener conocimientos, ni la experiencia necesaria para manejar tan importante compañía, y del nombramiento de empleados por motivos clientelares. Abandono del mantenimiento necesario, desaparición del personal capacitado y relajación de las normas ciudadanas de uso de los servicios, lo llevaron a un deterioro que aún no ha sido revertido.
Este caso del Metro nos recuerda la destrucción ex profeso de la CANTV durante el gobierno de Luis Herrera, iniciada perversamente con la destitución de los ingenieros venezolanos, que la habían manejado exitosamente hasta ese momento. La motivación era la privatización de la empresa, que deteriorada sería comprada a precios viles por capital extranjero, cosa que en definitiva ocurrió. En el caso del Metro, posiblemente no era su privatización el motivo, aunque sí, la ruina de una institución que recordaba un logro positivo de los gobiernos adeco-copeyanos. Chávez y sus fanáticos seguidores, siempre se empeñaron en que en Venezuela no se había hecho absolutamente nada, hasta que ellos llegaron, y mucho menos en lo que llamaron el puntofijismo; el Metro era una realidad que ponía en dudas esa afirmación. Otro tanto pasaba con servicios básicos como la educación y la salud, que para la cúpula gobernante siempre habían estado por el suelo.
Es quizás por eso, al menos en parte, que esa destrucción también se extendió a las universidades nacionales, que, aunque maltratadas por los gobiernos del siglo pasado, crecieron y se desarrollaron y han debido ser apoyadas desde un inicio y no abandonadas y hostigadas como lo han sido desde 2005. Hoy, asistimos al trágico espectáculo de campus universitarios extensos, con innumerables y hermosas instalaciones, que sirvieron durante décadas y hasta centurias, para la formación de profesionales diversos de distintos niveles, totalmente desolados, destruidos, polvorientos, arruinados, como ha ocurrido en la Universidad de Oriente y como criminalmente sucede en la Universidad Simón Bolívar, ante la mirada atónita de sus comunidades, la desidia de los responsables y la indiferencia o el desconocimiento de la población. Universidades con un tercio o menos de los estudiantes que tenían y sin profesores suficientes para funcionar.
Y así, podríamos seguir enumerando hasta cansarnos sobre lo sucedido en todo este siglo, sobre los enormes esfuerzos perdidos o a punto de perderse, sobre el deterioro educativo que nos condena al subdesarrollo y nos mantendrá en la renovada condición de colonia en que hoy nos encontramos. El esfuerzo del gobierno actual y de gobiernos futuros tiene que ser muy grande y muy bien enfocado, para enfrentar la situación dejada por la negligencia y la desidia de los últimos 20 años. Las universidades intervenidas politiqueramente, como la Simón Bolívar, deben dejar de estarlo y recuperar de inmediato su derecho a la elección de sus autoridades, como ocurrió en la UCV, y hacerlo dentro de la Ley de Universidades. Las universidades experimentales y las llamadas “bolivarianas” deben ser dirigidas por cuadros académicos muy bien formados, desarrollados y con experiencia, y no por comisarios políticos del gobierno.
Hay que dar los pasos iniciales, de una caminata muy larga, pero necesaria.
