Finalidad
A partir del 19 de febrero del corriente año, entró en vigencia la ley de amnistía y convivencia democrática. Desde ese momento, empezaron a salir de prisión, cientos de presos políticos, unos con libertad plena, otros con medidas cautelares e infortunadamente muchos más, sin poder recobrar todavía su libertad plena o condicionada. La razón o razones de estas tardanzas, no son convincentes, dado que, en la mencionada ley, se utilizaron una serie de descriptores, como los de paz social, reconciliación nacional, justicia y tranquilidad pública, entre otros, que obligaban ineludiblemente al Poder Público a alcanzarlas, con la mayor eficacia y eficiencia posible.
¿Se podrá?
A la anterior tardanza, se suma la interrogante, sí, ¿podrá una ley poco consensuada, hacer olvidar todo lo que ha pasado en los últimos 27 años, respecto del trato que el actual sistema político ha brindado a sus gobernados, sobre todo en materia de derechos humanos? Sobre esta inquietud, se trae a este escrito la opinión del Dr. Ramón Escovar León, quien afirmó recientemente que, “la Ley no es suficiente, para intentar capear el actual temporal político”, pero si sirve como instrumento para discursear sobre la paz y la convivencia, con lo cual se revive “el mito de la ley” que, supuestamente todo lo puede.
¿Será verdad?
Una segunda interrogante es, ¿en verdad, cientos de venezolanos cometieron masivos delitos políticos y fueron sentenciados conforme al debido proceso? El solo hecho de existir esta duda, hace pensar que la “ley de amnistía” tiene un carácter instrumental, para liberar presos políticos, bajo una apariencia legalidad, sin asumir el Estado mayores responsabilidades a los efectos del Derecho interno. Sancionar una ley de esta naturaleza, en verdad, ¿traerá paz, tranquilidad y reconciliación? cuando en el ambiente político está la convicción de que, quienes puedan ser sus sujetos, estaban y siguen privados de libertad injustamente.
Reflexión
De otra parte, en las distintas redes sociales y medios de comunicación, se lee con mucha frecuencia que, esos cientos de privados de libertad, no cometieron delito alguno. Aquí debe reflexionarse al respecto, por cuanto si la verdad es esa, la ley estaría construida sobre hechos inexistentes o pruebas falsas, y su montaje sería como un “edificio levantado sobre arena”, que a la postre no vendrían a cumplir las finalidades previstas, por eso, la búsqueda del valor de la paz, debe pasar por llevar sosiego y justicia a quienes, por años, han sufrido la dolorosa y dura experiencia de estar privados de libertad, sintiéndose inocentes.
Ánimos
Que sentirán en su dignidad, los sujetos de esta ley, no los llamo beneficiarios, al saber que recobrarán su libertad y otros derechos fundamentales, luego de ser considerados “delincuentes”, en lugar de adversarios, a los cuales se les terminarán sus procesos penales, muchos de los cuales, ni siquiera avanzaron con las garantías debidas, entre las cuales recordamos, la de no poder contar con abogados de confianza para su defensa, o ser víctimas de dilaciones indebidas en los distintos actos del proceso. Pero, más grave aún, qué sentirán aquellos ciudadanos a los que se les ha negado la amnistía.
Mayor alcance
En otro orden de ideas, pero conexas con el tema abordado, hemos observado además como, destacados juristas nacionales, han pedido que la amnistía no solo se circunscriba supuestamente a olvidar presuntos delitos políticos, sino también, las cuestionadas “inhabilitaciones administrativas”, que siguen enrareciendo y tensionando el complicado clima político nacional, al mantenerse la exclusión de la dinámica político-electoral que se avecina, de muchos detractores del poder público imperante, respecto de los cuales, la ley olvidó devolverles a plenitud, sus derechos civiles y políticos.
Omisiones injustificadas
Los olvidos en el proceso normativo de amnistía, en vísperas de una transición, se dejan ver claramente con la omisión de los supuestos de hecho que, eran necesarios prever, en aras de la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, aludidos en la ley de amnistía, por tanto, se han debido ordenar, investigar y sancionar, las vulneraciones cometidas a los derechos humanos, junto con las correspondientes indemnizaciones integrales y pagos de daños y perjuicios, las cuales tenían que proceder, de decisiones judiciales expeditas, a cargo de jueces adiestrados en el manejo de todos estos asuntos.
La reconciliación es un proceso humano
Para el penalista argentino, Ezequiel Malarino, la “consecución de la paz, la reconciliación y la democracia deben buscarse principalmente con otros medios, distintos a leyes de naturaleza penal” o constitucional se agrega. Luego continua este autor, son más bien, “ciertas condiciones económicas, sociales y culturales” las que hacen que estos valores sean deseados, aceptados y respetados; aunque en el caso venezolano, la instalación de una “cultura democrática iliberal”, sigue distorsionando la posibilidad de que recobren su libertad plena todos los presos políticos, en especial, los olvidados por el régimen.
Malestar social
Ha causado que, sin investigación alguna, se hayan relevado de sus cargos al titular del Ministerio Público y al Defensor del Pueblo. El primero, acusó a miles de personas o dejó de hacerlo, a pesar de que estaban en prisión, les atribuyó delitos de diverso calibre, uso el derecho penal, para crear durante años un clima social tenso y de incertidumbre, que una ley de amnistía, seguramente no podrá hacer olvidar, pero si la justicia, no utilizada únicamente para seleccionar amnistiados, sino también para reprender a quienes atentaron contra la paz y la convivencia democrática, desde esa institución del poder ciudadano. Del segundo, solo cabe decir que, fue una gestión pusilánime.
No puede pasar desapercibido para la comunidad democrática nacional e internacional, el encarcelamiento de miles de personas. Por eso, resulta poco creíble que, se establezca la reconciliación como una de las finalidades de la ley, sin que haya justicia material, sin que el Estado que tenía todo el poder institucional, haya pedido perdón a las víctimas y no disculpas, como hizo un fallido aspirante pro-régimen a la Defensoría del Pueblo. Todo lo anterior, nos lleva a inferir que, a pesar de que se hable de amnistía, los hechos están demostrando que, no hay un verdadero olvido, respecto de todo lo que ha pasado.
El valor de la justicia
En el camino hacia la paz, la justicia está llamada a servir de cauce hacia ese destino. A través de ella se podrán esclarecer muchos hechos, que solo tuvieron vocería oficial, que hizo que esas narrativas, nunca fueran íntegramente controvertidas, pues muchos de los aprehendidos terminaron calificados de terroristas, sin posibilidades de legítima defensa; esos desafueros no los han olvidado las víctimas, ni sus familiares a pesar de la amnistía sancionada, que, en su núcleo está vacía de verdad y equidad, pues muchos de los autores de crímenes inventados, siguen libres y desempeñando otros cargos públicos.
En esta etapa de nuestra vida política, se necesita de una justicia autónoma e independiente, en donde los jueces se sobrepongan a los intereses particulares o retaliativos del poder, ellos están llamados a asegurar y garantizar la justicia y la equidad, de lo contrario serán recordados como serviles operarios de un sistema que ha sido condenado por convertir a la actividad política en riesgosa y desprotegida en su razón de ser, como es el pluralismo político y la libertad de opinión. Es el tiempo de una justicia profesional, que enfrente con valor, las falsas posturas de paz y reconciliación del poder.
Amnstía sin olvido
Amnistía sin olvido, como se ha visto, es un tema complejo y ambiguo, no implica absolutamente “borrón y cuenta nueva” porque también implicará establecer responsabilidades, no sacrificar la verdad de lo acontecido a lo largo de 27 años o más, no puede significar tampoco una absolución moral para los autores de delitos contra los derechos humanos, que son imprescriptibles por lo demás, para ello las víctimas y los defensores de derechos humanos, deben proponer medidas que resguarden los archivos, para investigaciones futuras, pues solo así, con justicia real, habrá paz, tolerancia y convivencia democrática.
