El pasado 22 de enero la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Ryan Wedding, uno de los 10 delincuentes más buscados de ese país, fue detenido en México por agentes del FBI en colaboración con las autoridades mexicanas, siendo inmediatamente deportado a fin de enfrentar a la justicia estadounidense, que ofrecía 15 millones de dólares por su captura.
Wedding, exatleta olímpico de origen canadiense, es acusado en Estados Unidos de liderar una amplia red dedicada al narcotráfico en alianza con el Cártel de Sinaloa.
No obstante, la operación de colaboración binacional no se libró de la controversia cuando el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en un mensaje en X, afirmó que Wedding se había entregado en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.
En un intento por cerrar el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la versión de su secretario de Seguridad, negando que agentes estadounidenses hubieran llevado a cabo una operación en suelo mexicano. A pesar de las discrepancias, los dos gobiernos han tratado de matizar sus mensajes para mantener la cooperación en seguridad, evitando que el tema escale hasta transformarse en una crisis diplomática.
Pero el miércoles de la semana pasada The Wall Street Journal publicó un reportaje donde se asegura que la captura del presunto narco canadiense fue parte de una operación conjunta entre el FBI y la Policía Federal de México.
A todas estas, el abogado de Wedding, Anthony Colombo, contradijo la versión del gobierno mexicano al afirmar que la detención no fue una entrega voluntaria, sino que su cliente fue aprehendido. Como no podía ser de otra manera, desde la oposición mexicana se ha cuestionado el manejo del caso, señalando que si Wedding fue detenido en territorio mexicano debió notificarse a la embajada de Canadá, cuestión que no se ha aclarado.
De ser cierta esta última versión, implicaría una flagrante violación de la legislación mexicana que prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos policiales en territorio nacional. Por eso el interés de Sheinbaum en negarlo.
Sin embargo, no es la primera vez que se sospecha de actividades de agencias estadounidenses en suelo mexicano, ni tampoco que el gobierno de este país haya violado su propia legislación ante la presión de su poderoso vecino.
Así, por ejemplo, aunque la ley de ese país también prohíbe la deportación de sus propios ciudadanos, entre febrero de 2025 y enero de 2026 el gobierno de Sheinbaum, en el marco de su Ley de Seguridad Nacional, entregó un total de 92 presuntos operadores del crimen organizado a Estados Unidos (casi todos de nacionalidad mexicana), sin seguir los procesos de extradición habituales.
Eso agilizó la entrega de los solicitados por los tribunales al norte de la frontera, pero ha levantado sospechas sobre el nivel de intervención directa de agencias estadounidenses en la identificación y captura de estos sujetos en México, y se ha interpretado como una respuesta a las presiones de la administración de Donald Trump, que le ha impuesto su propia política de guerra contra los carteles del narcotráfico a Sheinbaum, mientras se ha hecho ostensible el incremento de los vuelos de vigilancia por parte de fuerzas militares estadounidenses cerca de la frontera común y en aguas internacionales adyacentes a fin de monitorear el trasiego de drogas, lo que muchos observadores prevén como una antesala a mayores acciones.
Aunque Sheinbaum insiste en que sus decisiones, en esta y otras materias, se toman como parte de “análisis soberanos” de su gobierno y no como órdenes impuestas desde Washington, hay otros dos aspectos donde se aprecia claramente la mano de Trump: China y Cuba.
En el primer caso, el gobierno de Sheinbaum ha aprobado un aumento de aranceles de entre el 5 % y el 50 % a 1.463 productos de países sin tratado comercial con México, incluyendo a China, afectando sectores como el textil, automotriz y siderúrgico. Con más del 80 % de sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos (en los sectores que generan más empleos), la constante amenaza arancelaria de Trump no es para tomarse a la ligera. Los dos países tendrían mucho que perder, pero obviamente perdería más la economía mexicana. No obstante, tal como se demostró en el pasado, México también le puede hacer mucho daño a varios estados de la Unión Americana (todos republicanos) que tienen a ese país como el principal destino de sus exportaciones al resto del mundo. Pero aquí la presidenta también ha preferido ceder.
La otra cuestión es el envío de petróleo a Cuba. El pasado 2 de febrero Trump afirmó que México dejaría de suministrar petróleo a la isla, como parte de una estrategia para aislarla y limitar el apoyo energético que recibe. Pocos días después, Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció una “pausa temporal” de sus despachos de crudo con ese destino. Sheinbaum ha defendido la decisión como una acción soberana vinculada a consideraciones de mercado, abastecimiento interno y contratos, y negó que sea producto de la presión estadounidense.
Sin embargo, parece evidente que la actitud de Trump de presionar a México por medios formales e informales ha logrado que se alinee tanto en su estrategia contra el narcotráfico como en su disputa comercial con China y en su presión al régimen cubano.
¿Significa todo esto que Sheinbaum es una presidenta “tutelada” por Trump? Ella se cuida casi a diario de desmentir las señales de subordinación directa u obediencia automática. Lo que sí existe es una relación estructuralmente desigual, donde Estados Unidos dispone de herramientas de presión —económicas, comerciales, financieras y simbólicas— que ningún gobierno mexicano puede ignorar.
Así que Sheinbaum ha optado por una estrategia pragmática: cooperar en los temas que Washington considera prioritarios (narcotráfico y seguridad), mientras sostiene un discurso de soberanía para consumo interno, y administra con cautela los temas más sensibles, como Cuba.
Esta estrategia no está exenta de críticas. Sectores opositores y algunos analistas cuestionan la legalidad de las deportaciones y advierten sobre riesgos al debido proceso. Otros señalan que el margen de autonomía mexicana se está reduciendo de facto, aunque no se reconozca explícitamente. Tampoco hay que pasar por alto las tensiones que esta situación provoca dentro de Morena, el partido oficial, donde hay un sector que abiertamente simpatiza con el régimen cubano.
El narcotráfico, el caso Wedding, China y el petróleo a Cuba no son episodios aislados, sino consecuencias directas de las presiones de un presidente de Estados Unidos que hace uso de la relación de poder asimétrica entre las dos naciones como ninguno otro lo había hecho en los últimos cien años.
@PedroBenitezF
