Dedicado a las generaciones de venezolanos que nacieron desde finales del siglo XX y a todos los que desconocen nuestra historia política.
Comenzar un nuevo año simboliza reiniciar expectativas. En nuestro caso, reflexionar sobre la política. Hoy vivimos un empobrecimiento radical de la imaginación política. En el siglo XIX y buena parte del XX, las tradiciones políticas se inspiraban en imágenes previas de la sociedad deseada —libertad, igualdad, comunidad— y movilizaban la acción sin depender de la opinión pública. La política expresaba esa imaginación y la disposición a luchar por ella.
Hoy ocurre lo contrario: la política se ha massmediatizado. Encuestas, marketing, “me gusta” e influencers sustituyen ideas y proyectos, en sintonía con generaciones formadas en mensajes breves. En Venezuela, este proceso se maximizó por veinticinco años de autoritarismo: la política se redujo a emociones, lealtades personales y deseos.
Ni el madurismo, ni el chavismo, ni las variantes de la resistencia ofrecen un pensamiento articulado. Es el grado cero de la imaginación política: renuncia al juicio propio, obediencia sin crítica y delegación del pensamiento en el líder, que puede prometer, incumplir y aun así ser aplaudido. El espejo apunta a la sociedad, no a los líderes. La crítica al ídolo provoca furia, no debate: ya no se defienden causas ni instituciones, sino personas. Antes de acusar, conviene revisar las propias adhesiones automáticas. En el extremo opuesto, la negación de todo liderazgo termina despreciando también a las comunidades.
¿Qué hacer frente al desastre colectivo? Me incluyo: nuestra “generación boba”, como nos llamó Edmundo Chirinos, ha fallado; pero desde la aceptación de nuestros límites surge la posibilidad: la imaginación política puede volver si priorizamos el debate que motoriza ideas, no bandos. Parte de esa recuperación exige triturar mitos que distorsionan el presente, como creer que la Constitución de 1999 fue obra de Hugo Chávez; en realidad, surgió de un largo proceso institucional de la democracia venezolana para corregirse antes de colapsar.
Entre 1811 y 1961, Venezuela produjo constituciones inestables, llamadas “postizas” por Caldera. La de 1961 rompió ese ciclo, articulando instituciones, Fuerzas Armadas y sociedad civil, siendo el pacto normativo sostén de la democracia. A los veinte años, el equilibrio comenzó a erosionarse por centralización, hiperpresidencialismo, captura partidaria, corrupción y dependencia rentística.
Frente a la erosión del equilibrio democrático, en 1984 se creó la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), iniciativa inédita en América que reunió a partidos, sindicatos, empresarios e intelectuales para analizar la crisis y proponer soluciones de largo plazo. Rechazó atajos simplistas y buscó redistribuir el poder mediante reformas equilibradas —descentralización política y económica, mayor participación ciudadana, democratización de los partidos y fortalecimiento institucional—, cuya producción teórica (libros, artículos, ensayos y entrevistas) mantienen un valor sustancial para pensar el presente y el futuro.
Tras el Caracazo de 1989, el Congreso instituyó una Comisión Bicameral, presidida por Rafael Caldera, para traducir las propuestas de la COPRE en cerca de setenta artículos innovadores —democracia participativa (referéndums consultivo, abrogatorio e iniciativa popular), ampliación de derechos sociales, defensoría del pueblo y reforma judicial— que estaban en discusión. Coordinadas por la COPRE con rango ministerial, las reformas fueron impulsadas por Carlos Blanco e iniciadas con medidas de descentralización política y financiera, hasta que la crisis del 4 de febrero de 1992 interrumpió el proceso.
Tras la intentona golpista, el 24 de febrero se creó el Consejo Consultivo de la Presidencia para diseñar una salida política, integrado por Ramón J. Velásquez (académico, expresidente de la COPRE), Domingo Maza Zabala (académico, economista de izquierda), Pedro Pablo Aguilar (dirigente socialcristiano), José Vicente Rangel (periodista de izquierda), Ruth de Krivoy (académica, economista) y Evangelina García Prince (socióloga, socialdemócrata, exintegrante de la COPRE). Arturo Uslar Pietri, el intelectual opositor más radical fue convocado, pero rechazó participar. En 22 días, el Consejo propuso un gobierno de unidad nacional, la reforma electoral y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por referéndum, aprovechando los trabajos de la COPRE y la Comisión Bicameral. Pérez rechazó la constituyente y selló su destino. En 1993 fue destituido por el Congreso, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, mediante una maniobra que lo acusó de usar indebidamente la partida secreta —legalmente bajo su autoridad— para apoyar a Violeta Chamorro, y terminó en prisión; la democracia pagó el costo de negar la vía constituyente que ella misma había concebido.
El segundo gobierno de Rafael Caldera no pudo ejecutar las reformas acumuladas durante una década debido a la quiebra masiva de bancos y a la caída del precio del petróleo, que durante el quinquenio osciló entre 9 y 14 dólares por barril, en un contexto internacional marcado por la crisis asiática —en contraste con los 50–130 dólares del período de Chávez y los más de 40 dólares bajo Maduro—. Ello anuló cualquier margen de maniobra y configuró, a nuestro juicio, la mayor crisis económica de origen exógeno desde 1958 hasta 2025.
Frente a este escenario, Caldera respondió mediante una innovación política poco reconocida: la Agenda Venezuela, concebida no solo como programa de ajuste, sino como un espacio institucional de concertación tripartita, liderado por el ministro Teodoro Petkoff (Miembro fundador del Movimiento al Socialismo), que articuló al Estado, empresarios y sindicatos para hacer viable la reducción del gasto y la estabilización económica. Las reformas políticas quedaron postergadas.
Paralelamente, el Congreso creó la Oficina de Asesoría Económica y Financiera, integrada por académicos y dirigida por Gustavo García, una innovación institucional inédita en América Latina destinada a orientar técnicamente las decisiones del Legislativo y las propuestas del Ejecutivo. La Oficina contribuyó a la estabilización de la crisis y continuó funcionando, durante el primer año del gobierno de Chávez, elaborando una propuesta constitucional en materia económica cuyos contenidos fueron incorporados en la Constitución de 1999.
Chávez y su cúpula militar se apropiaron de reformas ajenas y las vendieron como gesta, reduciendo a los partidos a pasado muerto. Su único añadido fue un hiperpresidencialismo reaccionario, barnizado de nacionalismo bolivariano.pintado con clichés de izquierda y una mochila de ignorancia enciclopédica. Esa rendición de la memoria de nuestros partidos —ese Alzheimer político— marca una de las zonas más oscuras de nuestra historia reciente.
“La Constitución de 1999 avanzó en derechos humanos… Consagró el rango constitucional de los tratados ratificados por Venezuela y el criterio in dubio pro homine… Incorporó principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos y deberes de respeto y garantía… Limitó poderes en estados de excepción, amplió controles y mantuvo un catálogo amplio de derechos, incluido el constitucionalismo social y los inherentes a la persona no enunciados expresamente” (Ayala Corao & Casal Jesús, 2008).
La crítica de juristas, como Allan R. Brewer-Carías, que ven la Constitución de 1999 como ruptura con la de 1961, ignora que fue fruto de años de trabajo institucional —COPRE, Comisión Bicameral— y de una salida política a la crisis, como la planteó el Consejo Consultivo de 1992. Interpretarla como una fractura de la evolución del derecho es un error hermenéutico de la historia política.
No confundir los abusos de poder de Chávez y Maduro con la Constitución de 1999: como la Inquisición no invalida el evangelio, el autoritarismo no borra las innovaciones democráticas construidas durante décadas. Carlos Blanco, Gustavo García y Asdrúbal Aguiar —asesores de María Corina Machado y partícipes de esas innovaciones— tienen hoy una posición privilegiada: pensar la transición construyendo un espacio colectivo, al estilo de la COPRE, para superar conservando, en sentido hegeliano: lo mejor de la Constitución de 1999, reformar lo regresivo e innovar; evitando la tentación refundacional y la lógica personalista, nuestra maldición histórica.
Las innovaciones con imaginación política no fueron realizadas por los héroes de la independencia, sino por hombres y mujeres con profundos errores y virtudes, humanos, demasiados humanos. Fue el esfuerzo de Acción Democrática, del partido socialcristiano COPEI, del Movimiento al Socialismo, del Partido Comunista de Venezuela, de la Causa R, del Movimiento Electoral del Pueblo, de la Unión Republicana Democrática, de nuestros sindicatos y de nuestro empresariado, comandados por brillantes académicos. ¡Coño! ¡Tengamos el valor de creer en nosotros mismos! Allí reside la voluntad de poder para transformarnos en una sociedad que valga la pena vivirla dignamente.
