pancarta sol scaled

Jonatan Alzuru: La migración venezolana y los problemas éticos normativos en Chile

Compartir

 

Dedicado a los jóvenes, mujeres y hombres que han sido asesinados, a los presos políticos, a los migrantes más humildes y a quienes resistimos y nos oponemos al régimen de Maduro, dentro o fuera de nuestra patria.

I. No es una opinión, es una línea política

Cuando en una discusión parlamentaria dos diputados de un mismo partido presentan una proposición normativa y la fundamentan de la misma forma, no puede evaluarse como opiniones individuales, sino como una línea partidista. Además, cuando ese argumento se transforma en una campaña mediática, ya no puede interpretarse como parte de una emoción producto de la coyuntura de una discusión. Más bien, el argumento deja de ser pertinente a la temática y se convierte en una campaña para generar una política pública. Este es el caso de los diputados Daniel Manouchehri y Tomás de Rementería.

En este artículo, analizaré la campaña mediática dirigida por Tomás de Rementería desde la perspectiva de un campo académico: la ética normativa. El objetivo es interpelar, de forma pública, no solo al Partido Socialista, sino también al Presidente de la República, cuya vocera, la ministra Camila Vallejo, ha sostenido que el Ejecutivo avala la propuesta realizada por los parlamentarios, porque en Chile “tenemos una realidad anómala”. También a la candidata de la coalición, Janett Jara, quien representa el acuerdo teórico-práctico de la izquierda chilena.

Excurso en clave de aclaratoria

En este mundo polarizado, al leer una crítica a una práctica de izquierda, el lector casi de inmediato suele ubicar al escritor en la derecha. No es mi caso. Quien suscribe no tiene ninguna afinidad con quienes se presentan a la candidatura presidencial en Chile.

En el mundo quien ha violado todos los derechos, discursiva y con prácticas no solo xenófobas, sino que vulneran las mínimas condiciones jurídicas —como el derecho a la defensa—, ha sido Trump con los venezolanos que deportó a San Salvador, y Bukele al aceptar personas sin ningún tipo de juicio y encarcelarlas. Esa práctica es condenable. Es una práctica fascista.

II. ¿De qué trata el reel?

Sentado en su oficina de parlamentario, con traje formal, el diputado aparece en un escritorio de madera que contrasta con una pared color crema. Se dirige al espectador con tono ensayado, girando apenas el rostro hacia un lado, con toma fija. Dice: “Si consideran que esto es una parrilla para arepa…” (aparece la imagen de un tostador vacío), “y no un tostador para pan” (la imagen muestra el tostador con pan). Luego, en una tipografía distinta que resalta, se pregunta: “¿Por qué tienen que elegir al presidente?”

Acto seguido, aparece otra toma con fondo blanco. El diputado, de medio cuerpo, vestido con traje azul, mira su celular con expresión sutil, algo sorprendida, y se pregunta: “Pero si gritan los goles de Soteldo y no los de Alexis…”, acompañado por la imagen de Soteldo con gesto serio, casi prepotente, y Alexis Sánchez levantando el puño en señal de triunfo.

La pregunta se repite: “¿Por qué van a votar por el Presidente?” Y luego, otra escena: él, de nuevo sentado al escritorio, con un libro abierto, fondo blanco, puertas color marfil combinando con las tomas anteriores. Levanta la vista y afirma: “Tampoco digamos que en su país eligieron muy bien”, mientras aparece la imagen de Nicolás Maduro. El cierre es una caminata, con las manos extendidas, como un Jesús de Nazaret, buscando dar un tono mesiánico a su mensaje al pueblo chileno.

III. Una puesta en escena orquestada

Hay que reconocer, en primer lugar, la producción cinematográfica del video. No es un reel cualquiera: está cuidadosamente planificado en lo visual. El discurso recorre espacios simbólicos: la cocina —núcleo afectivo de toda familia—, el fútbol —pasión cultural común—, y luego el estudio, como espacio de saber, vinculado a la política.

El argumento implícito es claro: quienes vivimos en Chile no sabemos discernir ni en lo cotidiano —ni siquiera reconocer para qué sirve un utensilio—, estamos culturalmente desligados del deporte nacional y somos tan ignorantes que hemos elegido a un presidente como Nicolás Maduro. La comunidad chilena, se sugiere, es lo opuesto: racional, patriota, lúcida.

IV. La viralidad como afecto político

La viralización en redes sociales responde a una forma de relación que, en sociología, se llama socialidad: interacciones fugaces, movidas por pasiones. Como bien afirmó Spinoza, los grupos se configuran por “algún afecto común, como el miedo, la esperanza o el deseo de vengar algún daño recibido” (Spinoza, 2010, p. 149). En este caso, el efecto viral no es solo por su masividad, sino por lo enfermizo del discurso que afecta a quienes lo comparten. Tiene un efecto más poderoso que la razón argumentativa.

La argumentación y la campaña mediática dicen más sobre el Partido Socialista, su concepción del mundo, su mirada política y su eticidad, que sobre aquello que pretenden caracterizar del pueblo venezolano.

V. El problema es la fundamentación

Desde los juicios de Núremberg, el derecho no se limita al derecho escrito, como sostenía Kelsen. También forman parte del derecho los procedimientos y argumentaciones que conducen a la construcción normativa. Un texto fundamental para comprender esto es el de Jürgen Habermas, Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (Trotta, 1998).

El problema no radica en lo que se quiere normar, sino en cómo se fundamenta. En este caso, hay una violación a los derechos humanos consagrados desde 1948, incluidos todos los pactos internacionales civiles, políticos, sobre migración segura y ordenada, las convenciones internacionales sobre migrantes, y en América Latina: el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana contra el Racismo y otras formas conexas de intolerancia.

VI. La anomalía como coartada

¿Qué harán los poderes públicos ante esto? La omisión es complicidad.

Si incorporamos la declaración de la ministra Vallejo, sobre una supuesta “situación anómala”, cabe preguntar: ¿A qué se refiere la anomalía? ¿A la norma? Su argumento parte del derecho comparado. Entonces, ¿está sugiriendo que el Parlamento chileno, hasta hoy, desconocía el derecho internacional?

En términos amplios, una anomalía jurídica se refiere a una situación, un acto, una norma o un proceso que se desvía significativamente de lo que se considera normal, esperado o coherente dentro de un sistema legal establecido. No es simplemente un error o una infracción menor, sino una desviación que puede cuestionar la lógica, la consistencia o la validez de los principios o prácticas jurídicas.

De ser así, ¿está afirmando que desde 1980 hasta el 2025 los grandes juristas y diputados excepcionales de Chile —como puede comprobarse en los 120 programas de Citas con la historia, conducidos por la doctora Patricia Arancibia Clavel, que reúne intelectuales desde la izquierda más radical hasta la ultraderecha— fueron tan torpes como para no haber considerado las leyes y normativas electorales de otros países?

Si la anomalía no es interna, sino producto de un cambio en la realidad, ¿desde cuándo comenzó dicha anomalía? Según el Partido Socialista, desde la migración venezolana. Fundar la modificación normativa en una población específica es una forma de discriminación encubierta, o indirecta.

VII. Un artículo previo y una pregunta urgente

Valga recordar que sobre el caso del diputado Manouchehri, compañero de partido, publiqué el artículo titulado: Arepa y vino: el veneno puro en la política chilena (15 de julio).

Frente a todo esto: ¿qué dice el excelentísimo presidente de la República, Gabriel Boric?

Además, el reel del diputado es una burla a todos los asesinados por el régimen de Maduro, a los presos políticos, a los migrantes y a todos los venezolanos que luchamos, desde dentro o fuera, por una salida democrática.

VIII. Responsabilidades y preguntas finales

¿Qué dice al respecto el Partido Socialista?

Y si alguien piensa que fue el Tren de Aragua quien descompuso la sociedad chilena, los invito —a mis colegas académicos, periodistas, instituciones del Estado y dirigencia política— a considerar lo siguiente: el crimen organizado funciona como una empresa internacional.

El consumo de cannabis en Chile ha sido estructuralmente alto desde el año 2000, duplicando o triplicando el promedio sudamericano. El valor más alto se registró en 2018 (12,7 %) y se mantiene estable en torno al 11 %. Ya en 2014 alcanzaba el 11,3 %, mientras que el promedio regional era del 4,2 %. (Fuente: UNODC, World Drug Reports: 2006, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2024; – SENDA, Chile, Encuesta Nacional de Drogas en Población General 2000–2018).

La pregunta es: ¿quién distribuía? ¿Acaso eran cultivos personales?

La violencia asociada al narcotráfico ocurre cuando los carteles compiten por el control. Pero para que un cartel se instale, debe tener socios locales. Si Chile no fuera un buen mercado, y no existieran esos socios, al Estado le habría sido muy fácil erradicarlos.

Pero aun si aceptamos —en el caso negado— que el Tren de Aragua descompuso a Chile, ese hecho no forma parte de la argumentación normativa sobre leyes electorales.

Frente a todo esto: ¿qué opina la candidata electa por la izquierda? ¿Cuál es su mensaje firme y claro al respecto?

La argumentación sostenida en Chile trasciende el presente. Afecta también el porvenir. Confío profundamente en las mentes lúcidas de la política y de las autoridades, para que frenen de raíz esta vulneración extrema contra la sociedad venezolana.

 

Traducción »