La camarilla roja huye de los organismos internacionales. Ya no soporta sus actuaciones. La sistemática violación del derecho internacional y la inocultable barbarie instalada en el poder han producido, en todos los organismos internacionales encargados de monitorear la situación de los derechos humanos, informes muy bien documentados, frente a los cuales los agentes de la dictadura carecen de argumentos y pruebas para desestimarlos.
La única retórica que les queda es la vulgaridad: el agravio a los funcionarios de dichos órganos, y la repetitiva invocación de la “no injerencia”, la “soberanía” y la acusación a esos organismos de ignorar las violaciones cometidas por otros Estados, como si ello sirviera para negar las atrocidades perpetradas en nuestra Venezuela.
Lo cierto es que el informe presentado, el pasado viernes 27 de julio de 2025, por el represéntate en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expone con precisión la gravedad de la situación de violación contumaz y recurrente de los más elementales derechos de las personas en nuestra Venezuela. Ante el Consejo de Derechos Humanos y por ende ante la opinión pública, Türk presentó los resultados de la investigación de su oficina, documentando múltiples violaciones, entre ellas: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, particularmente en el contexto de las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales. El informe cubre los abusos cometidos por el régimen madurista entre el 1 de mayo y el mes de julio del presente año.
Türk fue categórico al declarar: “La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose de manera alarmante”. La cúpula roja no tiene forma de refutar esa verdad. Carece de elementos convincentes para desvirtuar los informes, porque ellos están tan bien documentados que adquieren la categoría de incontrovertibles. Su única respuesta ha sido declarar persona no grata al señor Türk y cerrar la oficina del Alto Comisionado en Caracas.
Ambas decisiones vinieron acompañadas de una serie de declaraciones periodísticas y de discursos cargados de violencia verbal, pero fundadamente de descalificaciones vulgares. A ello ha quedado reducido el discurso del socialismo del siglo XXI: a la vulgaridad. Cuando no hay argumentos, cuando no hay razones para refutar una tesis o una verdad, y falta hidalga y moral, se recurre al insulto y a la descalificación personal.
Es ese el comportamiento recurrente de los personajes integrantes de la cúpula usurpadora. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez encabezan y representan, precisamente, en estos tiempos, la negación de la convivencia civilizada, de la política como catedra de educación moral y cívica, del uso del lenguaje como forma promover la paz y el respeto a los derechos de los ciudadanos. No cito en este artículo las palabras por estos personajes expresadas en estos días, con ocasión de estos acontecimientos, precisamente para no contribuir a la difusión de esa procaz forma de comunicarse.
La vulgaridad no va a hacer desaparecer el efecto político y jurídico de este informe. Lo grave, para la camarilla roja, es que este no es el primero de dicha dependencia. La ACNUDH ha presentado cuatro informes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, además de múltiples actualizaciones o reportes complementarios elaborados por esa misión internacional independiente. El primero fue publicado el 9 de octubre de 2019, durante la gestión de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Le siguieron en 2021, 2023 y 2024.
Maduro y sus cómplices no han aceptado la verdad expuesta en esos informes. Pero esta vez han optado por huir hacia adelante: anunciaron el retiro del sistema de derechos humanos de la ONU, expulsaron al Alto Comisionado y recrudecieron la represión interna. Una actitud similar adoptó, la revolución, frente al sistema interamericano de derechos humanos.
Para la cúpula roja, la Carta de Derechos Humanos de San José de Costa Rica es letra muerta, y las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son desacatadas de manera abierta y descarada.Además, han anunciado que estudian el retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional, denunciando el Estatuto de Roma que regula su existencia.
Maduro cree que, huyendo de los organismos y de las normas del derecho internacional, podrá evadir su responsabilidad directa y personal por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato. Sin embargo, las pruebas existentes revelan su participación en la planificación y ejecución de los hechos más atroces de este proceso de envilecimiento nacional. A ello se suma el hecho de que nuestra propia Constitución establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos.
La huida hacia adelante de las cúpulas usurpadoras sólo refuerza el clamor de diversos gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, para que se establezca pronto la responsabilidad penal internacional de los principales jerarcas de la dictadura, y se ordene su privación de libertad. Aunque se refugien dentro del territorio nacional, amparados por las armas de la República, estarán cada vez más rechazados por nuestro pueblo, y continuarán más aislados y repudiados por el mundo. Esas circunstancias abonarán al quiebre de la base de sustentación del régimen y acelerará su caída.
