El régimen de Nicolás Maduro carece totalmente de autoridad y legitimidad para convocar a elecciones y mucho menos para reformar nuestra Constitución.
En lo jurídico, serán actos nulos de toda nulidad.
El gigantesco fraude electoral cometido el pasado 28 de julio , burlándose de la inmensa mayoría de venezolanos que lo repudió , pisoteando igualmente la voluntad popular consagrada en nuestra Carta Magna , lo descalifica totalmente.
Manipuló al CNE y utilizó al TSJ para mantenerse en el poder. La falta de transparencia y ausencia de observadores internacionales independientes, corroboran lo ilegítimo de su gobierno.
La crisis política sin precedentes, generada por el fraude, mantiene al país en una zozobra insostenible, incrementándose cada vez más el rechazo generalizado por parte de los venezolanos contra un régimen usurpador.
La inestabilidad política, sumado a la crisis social y económica, con una inflación que pulverizó los salarios, escasez de alimentos y pobreza extrema que aumenta cada día, reclaman en forma urgente el respeto a la voluntad popular, a nuestra Constitución Nacional y que se abra paso hacia la transición democrática, para acometer en términos inmediatos los principales problemas que agobian a todos los venezolanos.
