Una de las banderas más difundidas por este Gobierno, ha sido la de promover los derechos sociales, aún por encima del Estado de Derecho al que considera una creación liberal, que debe ceder ante el Estado Social, que no es otra cosa que la protección de los más débiles, de la clase económica poderosa que, según los socialistas radicales, explota al trabajador y lo deja en condiciones mínimas para enfrentar la realidad que vive o le toca vivir. Tales derechos sociales, según el profesor Robert Alexy, se reconocen y sitúan en el marco de las prestaciones a brindar por el Estado inexcusablemente. Esto último, porque en el caso del Estado venezolano, la pisoteada Constitución, aún vigente, considera que, por la dignidad humana, esta se debe reconocer y defender, mediante una actividad ética y buena del gobierno, que está obligado a proporcionar bienestar y prosperidad a los habitantes de este país, fines del Estado, para que tengan una vida sin sobresaltos, garantizando el proceso social trabajo y sucedáneamente la seguridad social, que debe rodear la actividad productiva del hombre, incluso después de terminada su vida útil laboral, cuando entra a la ancianidad.
De esa condición propia de todo ser humano, que es la dignidad humana, el Estado Social contemplado constitucionalmente, se debe planificar para brindar calidad de vida y protección al amplio catálogo de derechos sociales existente, tales como el derecho al trabajo, el derecho a ingresos suficientes y el derecho a la seguridad social entre los más destacados y necesarios. De la dignidad humana, nace entonces esa concepción de que las políticas sociales del Estado, deben estar dirigidas a garantizar, que el bienestar y la prosperidad ciudadana, no sean simples quimeras o meros enunciados. Ahondando sobre este asunto, se destaca que, el Artículo 3° constitucional, contempla los valores de la libertad y la igualdad como ejes que reconocen la dignidad humana como receptora indiscutible de derechos sociales, por ser de la naturaleza del Estado venezolano prestarlos, como forma de promoción y remoción de obstáculos que, hacen posible el desarrollo de la personalidad de quienes no pueden por sí mismos satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, tales como, alimentación, vestido, vivienda, salud, seguridad social o educación, servicios de primer orden en un Estado Social.
Por lo dicho anteriormente, se infiere razonablemente que, hace dos (2) semanas en la conmemoración del 1° de mayo, el gobierno nacional ha restado derechos sociales a la clase trabajadora, cuando en sus decisiones sigue despreciando el trabajo como hecho social, es decir, como actividad constructiva que permite vivir con dignidad al trabajador y a su familia; cuando sigue indiferente a la figura del salario y sus derivados económicos y ahora cuando se desentiende de la protección de las personas mayores, al ceder esa responsabilidad a la clase empleadora nacional, sin que exista una norma que lo faculte a ello. Trabajo, salario y seguridad social, son derechos sociales garantizados expresamente por el texto constitucional a los habitantes de este país; sin embargo, desde hace más de un año, el trabajo y el salario han sido depreciados, trayendo como consecuencia que no se genere riqueza social, ni menos el deseo voluntario y motivante de trabajar con formalidad, dado el poco valor monetario que tiene el ingreso familiar, que se traduce en escaso poder adquisitivo, sin que el Estado socialista y revolucionario, se ocupe de fomentar un trabajo digno, productivo, seguro y creador, para volverlo atractivo.
Hoy en día, en Venezuela mucha gente se dedica a “matar tigritos” como se dice coloquialmente, lo que implica desempeñar varios empleos para poder subsistir, y poder completar así un ingreso regularmente suficiente; tampoco con el trabajo, se tiene hoy en día capacidad de ahorro, ni menos beneficios económicos derivados del trabajo, sólo bonos, que no tienen ningún significado legal. Todo lo anterior lleva a decir que, este proceso se -encuentra totalmente desmembrado-, aunque el orden constitucional lo contemple como un derecho-deber, que proporcione una vida digna y decorosa. En su origen histórico, los derechos sociales, trataban de servir a quienes no podían por sí mismos alcanzar algunos aspectos de su desarrollo humano, necesidades que no estaban a su alcance, y parece ser que hemos retrocedido años, con estas degradaciones a los mismos, a causa de la mala administración gubernativa y sobre todo de la corrupción imperante que ha distraído tanto dinero que, decir con exactitud, cuánto se ha dejado de recibir por la Hacienda Pública nacional, resulta un ejercicio de total desconocimiento, pues el gobierno ha manejado un presupuesto de derecho y otro de hecho, sin ninguna transparencia.
Va quedando claro entonces que, los derechos sociales, están dirigidos a porciones de población venezolana desfavorecidas y necesitadas de protección, que son las más afectadas en la actualidad con esta resta de derecho sociales, dado que, quedaron expuestas a condiciones laborales o de seguridad mínimas o nulas, aunque el Estado Social, que nos dimos los venezolanos en 1999, lo garantice, independientemente del esfuerzo económico que implica y que choca con el provocado déficit financiero y presupuestario del país a causa de los abusos gubernativos cometidos, pues pensaban que la bonanza petrolera iba a ser eterna. Resquebrajado así, el derecho al trabajo, hecho polvo el salario o los sueldos de los trabajadores, el pasado 1° de mayo sale otra vez el Presidente Maduro a repetir la fórmula económica del año 2023, esto es, otorgar dádivas o bonos, sin ningún asidero legal, llamándolo “ingreso mínimo vital”, reconociendo como escribíamos en opiniones anteriores que, son dádivas distintas el salario, cuando éste no sirve para sobrevivir de la pobreza, y que estos bonos calculados en dólares y pagaderos en bolívares, apenas permiten condiciones mínimas de subsistencia, sin que los años de trabajo acumulados, puedan traducirse en liquidaciones dignas y respetables.
A todo lo anterior, se une también la cuestionable decisión gubernativa de trasladar al sector empleador del país, el pago de las pensiones y jubilaciones, sin consultarles absolutamente nada, ni menos aún sacar cuentas, sobre como esta arbitraria decisión afecta la estructura de costos del sector privado, que ahora tendrá que destinar un 15% de sus ingresos brutos a contribuir con el pago y protección de las pensiones, cuando en realidad es obligación del gobierno y de todo el Estado venezolano, administrar esa política pública con base a las cotizaciones que durante la vida laboral útil, hicieron los trabajadores al IVSS. No existe en tal sentido, norma constitucional alguna que, facultara al Gobierno a desentenderse de la obligación de pagar pensiones, lo que es propio de nuestro Estado Social, aunque la retórica y demagogia oficialista, la adornen como un gran hecho, cuando en realidad se trata esa medida o mejor dicho la ley a publicarse, de una evasión o de una burla más, contra los adultos mayores, que se convirtieron para este gobierno en un dolor de cabeza presupuestario y financiero, pues en los últimos años, no ha habido la más mínima intención de aumentar dignamente la pensión de vejez que sigue anclada en 130 bolívares, más el monto en bolívares de 32.5 dólares, como bono de guerra.
