La Corte de Apelaciones ratificó la condena a 30 años de cárcel contra Emirlendris Benítez. La decisión fue rechazada por familiares y ONG. Benítez es una comerciante y madre venezolana, permanece detenida desde agosto del año 2018 por el caso del ataque con drones a Nicolás Maduro.
Familiares y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) rechazaron que la Corte de Apelaciones de Caracas, a cargo de la jueza Katherine Harrington, ratificara el 2 de abril una condena a 30 años de cárcel contra Emirlendris Benítez por su presunta participación en un ataque con drones contra Nicolás Maduro, ocurrido en 2018.
Su hermana, Melania Real, confirmó la decisión de la jueza y reiteró que la comerciante es inocente de los cargos de los que está siendo señalada por el gobierno de Maduro. También organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Frente Amplio Mujeres de Venezuela Libre repudiaron la medida.
En febrero 2023 fue condenada a una pena de 30 años de prisión con cargos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración contra el presidente y el alto mando militar, lanzamiento de artefactos explosivos, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
¿Quién es Emirlendris Benítez?
Emirlendris Benítez es una madre y comerciante venezolana. Desde su detención en agosto de 2018 ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen su detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas.
Aunque no había realizado ninguna forma de activismo, fue incriminada en una causa política sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa en un juicio justo. De acuerdo con el relato al que tuvo acceso Amnistía Internacional, el 5 de agosto de 2018 fue detenida de manera arbitraria. Emirlendris Benítez acompañaba a su pareja mientras este prestaba un servicio de transporte en un auto propiedad de ella desde Barquisimeto, estado Lara, hasta Barinas.
Benítez consideró que sería una oportunidad para comprar en la frontera alimentos y otros bienes básicos que, en la época, escaseaban en otras zonas del país. En declaraciones recientes, este 2024, activistas cuentan que ya casi no puede caminar y no ha recibido la atención médica que requiere.
El Pitazo
