La mayoría conservadora en el Supremo de Estados Unidos ha levantado este martes el bloqueo de emergencia a la ley antimigrante de Texas. Esto permite la entrada en vigencia de la norma, conocida como SB4, firmada en diciembre por el gobernador Greg Abbott. La norma crea nuevas ofensas, penadas hasta con 20 años de prisión, para quienes ingresan al Estado de manera irregular. También permite a las agencias de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona bajo sospecha de haber ingresado al país ilegalmente. El punto más polémico de la norma, considerado inconstitucional por algunos juristas, avala un sistema estatal de deportación de personas, una facultad exclusiva del Gobierno federal. La SB4 estará vigente mientras se lleva a cabo un juicio en paralelo sobre su constitucionalidad.
Esto es claramente un desarrollo positivo, ha asegurado el gobernador Abbott, quien lleva a cabo una cruzada en contra de la inmigración irregular que llega a su Estado. El mandatario republicano ha advertido que aún debe desahogarse el juicio pendiente que existe en el Quinto Circuito federal de Apelaciones. Este debe escuchar los argumentos de ambas partes, para después emitir un fallo. La Administración Biden demandó al Gobierno de Texas al considerar que la SB4 altera el estatus quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración por casi 150 años. Cualquiera de los bandos puede recurrir a la Suprema Corte después del fallo del Circuito de Apelaciones.
La mayoría conservadora del Supremo, creada durante el Gobierno de Donald Trump, permitió la entrada en vigencia de la medida en un voto 6-3. Los jueces de la minoría progresista han escrito un voto particular en el que rechazan la decisión de la mayoría. La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Alto Tribunal, ha considerado que la legislación tejana pone fin al equilibrio de poder que existe desde hace más de un siglo entre la federación y los Estados.
En otra opinión, los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, aseguran que su voto con la mayoría no significa que estén de acuerdo con la sustancia de la SB4. Los togados afirman que es tema de procedimiento y que esperan entrar en la materia una vez que el Quinto Tribunal de Apelaciones emita su fallo sobre la norma.
El Gobierno de Texas argumentó que la norma es producto de la inacción del Gobierno de Joe Biden en la frontera. La legislación pasó sin dificultades por el Congreso local, en manos del partido republicano. Las autoridades aseguran que esta será un instrumento que les ayudará a controlar una invasión en la frontera. Abbott y su Administración han logrado reunir varios apoyos de mandatarios republicanos, quienes han sido muy críticos con la gestión inmigratoria del mandatario demócrata.
El largo camino judicial de esta norma inició a finales de febrero, cuando un juez federal de distrito la bloqueó al calificarla de inconstitucional. Permitir a Texas reemplazar la legislación federal con base en una invasión significaría anular la ley y autoridad federal, una noción que es antítesis de la Constitución y ha sido rechazada de forma inequívoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil, escribió David Ezra en su argumentación, de 114 páginas.
El magistrado, al igual que otros críticos de la SB4, consideran que la ley tiene varias similitudes con la SB1070, una norma aprobada en 2010 por el Gobierno de Arizona. Esta permitía a las fuerzas de seguridad locales pedir papeles a casi cualquiera bajo sospecha de haber entrado ilegalmente al país. La SB1070 estuvo en los tribunales por dos años. En junio de 2012, el Supremo le invalidó varios aspectos y dejó otras en pie. Entre lo dictaminado estaba que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal.
El País de España
