El brazo ejecutor de las decisiones judiciales más polémicas contra activistas y opositores ha surcado un accidentado trayecto para imponer la validez del relato revolucionario en la crisis venezolana.
Revolucionario desde su juventud, comprometido militante chavista, poeta, budista, fundador del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernador, Defensor del Pueblo, promotor de conciertos de rock, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, es una de las figuras más controvertidas de la plana dirigente chavista que ha ejercido la hegemonía política en la Venezuela de los últimos 25 años.
Abogado, con especializaciones en derecho penal y derechos humanos, Saab fue designado fiscal general en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, foro que se apropió de las funciones del parlamento electo en 2015, dominado por la oposición venezolana, inoperante a partir de aquel año en medio de masivas protesta antichavistas en todo el país.
Desde entonces, a Saab le ha tocado hacer frente a la batería de acusaciones hechas contra el Estado venezolano por los excesos cometidos contra activistas opositores y los presuntos crímenes de lesa humanidad acaecidos durante el Gobierno de Nicolás Maduro, formulados en varios foros internacionales, muy especialmente en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional.
Saab comenzó a darse a conocer, sobre todo, por su destacada participación como activista en defensa de las víctimas del Caracazo, del 27 de febrero de 1989, tiempo en el cual se produjeron motines populares generalizados por algunos rezagos económicos, que el Gobierno democrático de entonces enfrentó con torpeza y un número muy alto de muertos.
Desde entonces, Saab se convirtió en un visitante frecuente de las salas de redacción de Caracas, afable y educado, una fuente habitual para muchos periodistas, trabajando en la intermediación de historias no resueltas y fallas en el trabajo de la policía.
Nacido en El Tigre, Estado Anzoátegui, al oriente del país, de 62 años, Saab es hijo de una pareja de inmigrantes libaneses. Es divorciado y con hijos. En los años ochenta fue seguidor de Douglas Bravo, célebre exguerrillero, entonces retirado, y militó en Ruptura, una organización de izquierda radical que descreía del relato electoral de la democracia.
El tránsito al poder y la permanente sobreexposición pública con la llegada del chavismo, a partir de 1999, produjeron algunos cambios en este dirigente político, otrora delgado y con el pelo lacio, cordial y campechano, comprensivo del ejercicio del periodismo.
Devoto militante chavista desde la génesis del movimiento, en los años noventa, los continuos desencuentros con la prensa y las constantes pugnas con la oposición lo convirtieron en un personaje desconfiado, irritable, sensible con la crítica. Particularmente, a partir de sus años como gobernador del estado Anzoátegui (2004-2012)
El aspecto de Saab comenzó a cambiar: frecuente visitante de gimnasios, ya divorciado usaba atuendos informales como gobernador y era un decidido promotor de conciertos de rock en la ciudad de Puerto la Cruz, tradicional destino turístico del oriente del país. Con varios tatuajes nuevos, le gustaba ofrecer una imagen juvenil, cercana, orientada al relato revolucionario.
Tarek William Saab se fue convirtiendo en un personaje delicado, explosivo, difícil de entrevistar. En ocasiones, altanero. El trabajo controlador de la prensa le sacaba de quicio. Jamás pudo volver a confiar en las intenciones de la oposición. Se tomaba como personales los cuestionamientos a su Gobierno. Reaccionaba indignado ante cualquier planteamiento que cuestionara su desempeño como activista de derecho humanos.
Le ofendía especialmente que sus adversarios dijeran de él aquello que también dicen de otros chavistas célebres, como José Vicente Rangel o Jorge Rodríguez: que una vez trepados al poder, al inhibir por la vía los hechos el derecho a la alternabilidad política, han terminado cometiendo excesos similares, o peores, a los denunciados en el marco democrático del pasado.
Frecuentemente cuestionado por alineamiento con el Gobierno de Nicolás Maduro, defendido a capa y espada en los escenarios internacionales, Saab no es, precisamente, el fiscal de un gobierno democrático convencional, sino el de un estado revolucionario. Un estado que nadie ha decretado y no está en la Constitución, pero la única realidad a la cual el oficialismo, como cuerpo político en el estado nacional, responde.
En plena crisis política de 2017, uno de sus hijos, Yibram, se solidarizó con las protestas opositoras de aquel entonces y los estudiantes asesinados en enfrentamientos con la policía bolivariana, cuestionando públicamente las posturas de padre. Este pronunciamiento dijo haberlo hecho inspirado “en los principios y valores” que este le habría inculcado. Saab, el fiscal, pidió respeto para las opiniones de su hijo, que fueron usadas sin piedad en las redes sociales por sus adversarios.
“Recibí una especie de cartel trasnacional del delito, del crimen organizado, totalmente estructurado para delinquir”, afirmó él mismo del Ministerio Público, su despacho, al comentar sus frecuentes operativos anti corrupción y criticar con su dureza a su antecesora, Luisa Ortega Díaz, en uno de sus informes al parlamento.
Sancionado en varios países por conspirar para socavar la democracia y su falta de independencia para investigar los excesos del ejecutivo en materia de derechos humanos, Tarek William Saab es autor de 13 libros de poesía, estrella de los fondos editoriales del Estado, y presencia frecuente en los encuentros culturales oficialistas.
Bajo su gestión se ha adelantado una política particularmente agresiva e inédita para la protección animal, con instrumentos legales en los cuales se contemplan severas penas para los infractores; y ha pescado con asertividad demandas populares o evidentes injusticias que se viralizan en las redes sociales para establecer alguna idea de justicia oportuna.
“Viene la Corte Penal Internacional -atendiendo en origen y esencia a presiones políticas de los centros de poder mundial, a tutelar, sin razón jurídica alguna, el trabajo independiente de la justicia venezolana en reivindicación de la dignidad humana”, dijo en uno de sus pronunciamientos recientes.
El País de España – Alonso Moleiro