Cuando el oficialismo decidió promover un acuerdo en la Asamblea Nacional para hacer un referéndum consultivo acerca de la defensa del Esequibo, dijimos claramente que ello no era necesario, habida cuenta de que el tema de su defensa y el ejercicio de la soberanía no era necesario ser consultado.
No obstante, aprobado el acuerdo en el seno de la AN, dijimos también que debíamos ponernos todos al servicio de esa causa, pero sugerimos suspender la convocatoria para hacer una amplia discusión acerca de la redacción de las preguntas, y luego de ello, salir todos como un bloque unitario y sólido para defendernos del intento grotesco de Guyana de apoderarse de un territorio que no les pertenece.
Sugerimos también evitar la equivocada tesis de no acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a pesar de que esa fue una imposición irresponsable del Secretario General de las Naciones Unidas, sin que estuvieran agotadas las discusiones contenidas en la Convención de Ginebra de 1966.
Es necesario decir también que no es aceptable que algunos sectores de la oposición jugaran contra los intereses de la Nación, por no aparecer al lado del Presidente de la República en defensa del Esequibo. Eso fue un error lamentable.
El Esequibo es materia que debe unir a todos los venezolanos sin distinción, porque comporta una disputa cuyo territorio es esencial y estratégico para los intereses presentes y futuros del país. No comparecer a esta importante cita, lejos de hacerle daño a Maduro, daña a la Nación, y el Esequibo es un asunto de Estado que todos debemos atender.
La negligencia en cuanto al ejercicio de la soberanía en ese territorio, no significa que hayamos renunciado a nuestros derechos.
Debería alegrarnos que el gobierno –demagógicamente o no- esté corrigiendo y contrariando la postura irresponsable del extinto Presidente Chávez, cuando en sus alardes de ¨caporal de hacienda¨ actuó de manera inadecuada con lo que se interpretó como cesión de nuestro territorio a Guyana en 2004, intentando construirse un liderazgo internacional y dejando que el vecino actuara a sus anchas.
No olvidemos el artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe expresamente cualquier cesión del territorio bajo ninguna circunstancia, aunque el gobierno de Guyana claramente se aprovechó de aquella conducta lamentable de Chávez para otorgar –cual dueño del patio- concesiones para exploración y explotación, expresamente prohibidas en la Convención de Ginebra de 1966.
De manera que lo que está en juego son los intereses económicos, y geopolíticos de los países, cuyas empresas ya están operando en el territorio en disputa, y los hace inclinar la balanza a favor de Guyana.
Por eso y por el derecho que nos asiste, Venezuela no puede abandonar ninguna instancia, aunque no reconozca la jurisdicción de la CIJ, so pena de quedar confesos, lo cual, nos haría mucho daño.
El país cuenta con grandes especialistas en la materia, y nos asisten razones históricas; políticas y especialmente jurídicas, para defender con urgencia y total interés ese delicado tema.
Venezuela debe no sólo defenderse, sino actuar con el mismo pragmatismo que ha usado Guyana y abrirse a las grandes empresas transnacionales para garantizar la recuperación del territorio primero, y luego la explotación racional de esos recursos minerales; hidroeléctricos, y de toda índole, que buena falta hacen a nuestro país.
Necesitamos en primer lugar una alianza hemisférica para garantizar el desarrollo económico y tecnológico de esa importante zona estratégica y vital para nuestros intereses, y también –como no- una extraordinaria relación con todos los países del mundo, con independencia plena, y respeto mutuo.
Actuar con inteligencia en ese tema, puede ayudar no solo a la recuperación de lo nuestro, sino a contribuir geopolíticamente con la paz mundial. Tenemos mucho más que Guyana para contribuir en la consecución de ese objetivo. Hagámoslo.
