La reclamación por la recuperación del Esequibo es un asunto que une a todos los venezolanos sin distingo de ideología; sexo, o religión. Es un asunto que comporta la dignidad de nuestra gente por el despojo canalla que sufrimos de manera abominable por el laudo arbitral de 1899, con el cual, nos arrebataron 159.500 Km2.
El 17 de febrero de 1966, mediante la firma de un acuerdo bilateral en Ginebra, se constató la reclamación venezolana relativa a su integridad territorial, y la nulidad e ineficacia del laudo de 1899. En este acuerdo se resolvió la necesidad de que la solución viniera por la vía pacífica de las negociaciones mediante un arreglo práctico y mutuamente beneficioso.
Hay que admitir que en el largo camino de las negociaciones, desde la perspectiva venezolana, a diferencia de la actitud de Guyana, hemos sido negligentes en el ejercicio de nuestra soberanía en el territorio en disputa, y sin embargo, ello no autoriza al vecino a actuar de manera irresponsable, violentando el texto del acuerdo entre las partes, en el sentido de promover la exploración y explotación de la zona en reclamación.
No obstante, intereses transnacionales han empujado a Guyana a acudir a la Corte Internacional de Justicia, instancia a la cual Venezuela se niega por no tener jurisdicción, y aferrarse a los acuerdos de 1966.
Lo cierto es que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para la celebración de un referéndum a celebrarse el día 3 de diciembre de 2023, con el cual, se busca fortalecer la defensa de nuestro territorio, y siendo un hecho cumplido, todos debemos acompañar y respaldar los intereses de la nación en el mismo.
No obstante, hay que advertir que no hay unanimidad en torno a la forma en que han sido redactadas las cinco preguntas por las cuales debemos votar. Al respecto, valdría hacer algunas recomendaciones para garantizar una mejor comprensión del asunto, y concitar el acompañamiento unánime de todos los venezolanos.
En primer lugar, la fecha del referéndum está muy cercana, y valdría la pena retrasarla, a objeto de hacer las consultas pertinentes; nada lo impide.
En segundo lugar, el gobierno del Presidente Maduro debería convocar de inmediato a sus expertos de la Cancillería, y del Ministerio de la Defensa, así como a los Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestras Universidades más prestigiosas para que estos a su vez convoquen a los expertos en el tema, y con ello conformar una sola opinión sensata; profesional; patriótica, y robusta en defensa de nuestros intereses.
A pesar de que el gobierno niega jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, lo aconsejable es que los expertos determinen la necesidad de acudir, y así evitar males mayores contenidos en una eventual sentencia contraria a nuestros intereses, por lo cual, esa decisión debe tomarse de inmediato.
Defender los derechos de Venezuela en todas las instancias, y recordar que en esta materia estamos prácticamente solos, porque hay una confabulación de intereses paradójicamente contrapuestos en lo político, pero aliados en lo económico del lado de Guyana, evidentemente por la potencialidad de la zona en todo sentido: petróleo; fuentes hidroeléctricas, y minerales de diversa índole.
Recordar atentamente el artículo 13 de la CRBV vigente, y olvidar la afrenta antipatriota de Chávez.
Artículo 13 de la CRBV: El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.
.- Omissis.
.- Omissis.
Es deber de todos acompañar la defensa de nuestro territorio, más allá de las diferencias políticas. Es un asunto de Estado.
@romanibarra
