El pasado domingo 24 de septiembre, se transmitió el programa Abriendo Puertas (Margarita Oropeza, Venevisión), en el cual participaron por el Transporte Público, José Luis Trocel (Comando Intergremial del Transporte) y Nelsón Vivas (Unión conductores la India, El Paraíso, Ccs), en dicha mesa de análisis se abordó el tema de la movilidad, el transporte en Venezuela y las tarifas establecidas por la Gaceta Oficial N°42.713, de fecha 13 de septiembre de 2023. Ciertamente los usuarios en Venezuela perciben los ingresos más bajos de América latina e igualmente en correspondencia por la precariedad de la situación económica del país se tienen las tarifas del transporte público más barata del mundo, no llega a US$0,30, treinta centavos de dólar.
Trocel, vocero del gremio de los transportistas públicos y que además los representa en la mesa del órgano superior del transporte (Gobierno Nacional) “No tiene sentido establecer la tarifa en Bolívares, en tanto a partir de la publicación de la gaceta, comienza el inexorable proceso de pérdida de su valor real, la devaluación convierte la tarifa en Sal y Agua” En poco tiempo se diluye, diariamente se desvaloriza, pero todos los insumos, repuestos, costos que garantizan la operatividad y calidad del transporte público en Venezuela están referidas en dólares, de allí el gran desfase que existe.
Insistió Trocel, por eso solicitamos la indexación de la tarifa (anclarla al dólar (US$0,50) o la divisa que el estado considere, igualmente proponen que se aplique el mismo concepto a los ingresos de los empleados y trabajadores de todo el país y ratificó Trocel que, es necesario incrementar e indexar los ingresos de los sectores productivos, para que así exista la posibilidad que las tarifas permitan que no se trabaje a pérdidas que, se garantice la sustentabilidad del servicio que se presta y se facilite a los usuarios la opción de cancelar por el servicio recibido.
Ratificó Trocel, la tarifa de diez bolívares (10 Bs), equivalente hoy, en función del valor del tipo de cambio a US$0,28 que inicio siendo US$0,30 puntualizó el dirigente gremial, esta tarifa no permite la reposición, modernización del parque automotor en Venezuela, el cual es actualmente, el más antiguo de la región, está tarifa en diez bolívares, apenas permitirá el mantenimiento mínimo del servicio público, sí llegare a ocurrir un daño mayor al vehículo, lamentablemente está unidad pasará a retiro, hasta que los propietarios logren costear su reparación, tristemente en el país las opciones de financiamiento y créditos bancarios son casi imposibles de lograr, lo cual constituye una dificultad adicional a resolver.
El subsidio estudiantil fue eliminado por el propio estado, no se paga un bono de transporte a pensionados, jubilados, trabajadores, lo cual ocurre en todos los países de América Latina. Precisó Trocel, Lo establecido por la gaceta recientemente aprobada de manera unilateral, transfiere al transportista público la responsabilidad (Un Impuesto) de costear el 50% en el caso de los estudiantes y el 100% en el caso de las personas de la 3era edad, cuando esa es una obligación del estado, en tanto el gobierno nacional, es el receptor de todos los ingresos e impuestos que el país recibe y, no puede en la situación de debilidad económica que se encuentra el sector transporte público, asumir tales responsabilidades,
Destacó Trocel la importancia de regularizar el acceso a los combustibles, a la par que combatir, suprimir todas las deficiencias, irregularidades administrativas que ocurren alrededor del subsidio del combustible al sector transporte público, el propio presidente de la república ha solicitado que se combata con eficiencia las mafias que se han establecido alrededor de un bien escaso actualmente en el país (los combustibles).
El Transporte y la movilidad son un eje transversal a toda opción de desarrollo de un país, en tanto el 75% de la población venezolana no tienen vehículo propio y el 60% de ellos no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos, privilegiar un buen servicio de transporte público es una prioridad, en consecuencia, proponen los dirigentes gremiales que se evalúen en consenso las distintas opciones que permitan la resolución de está grave problemática. Hay una disminución importante de la capacidad operativa del servicio del transporte público tanto a nivel oficial como privado, lo delicado, complejo de la situación económica existente obliga a construir en consenso soluciones reales.
Concluyó Trocel. El estado tiene en función de sus competencias y disposiciones presupuestarias, el deber de implementar las políticas sociales correspondientes y en consecuencia los operadores privados del transporte público asumirán las responsabilidades que efectivamente puedan garantizar.
Ángel Cacique – caciquecatiaqgmail.com – @angelcacique
