Lo primero a considerar es que las negociaciones ocurren cuando cada parte tiene algo que la otra necesita o quiere evitar. En nuestro caso, el gobierno tiene los medios para castigar a los opositores (presos, inhabilitados, ventajas electorales, etc.), el control de los poderes públicos, es un movimiento político más cohesionado que el de la oposición, cuenta con una alianza con la FANB y el apoyo de países que geopolíticamente antagonizan con Estados Unidos. En cambio, la oposición sólo tiene el apoyo de gobiernos occidentales, Corea del Sur y Japón, y un enorme potencial del 85% del público desconectado del gobierno, pero que no puede aprovechar para presionar porque perdió la credibilidad para movilizarlo. Lo único que hace que el gobierno se siente a negociar son las presiones que ejercen las sanciones extranjeras. Todo esto para decir que la flexibilización previa de las sanciones no podía ser nunca condición para sentarse a negociar sino el resultado de un intercambio de concesiones del gobierno a cambio de un alivio proporcional de dichas sanciones. Por el contrario, si el gobierno no muestra signos de acercamiento a una mayor democracia y transparencia electoral, lo probable es que Estados Unidos y, posiblemente, Europa incrementen dichas sanciones. Y, si no lo hacen, perderán credibilidad y respeto.
Si las negociaciones tienen éxito, es posible que todos los partidos se beneficien de mejores condiciones electorales. Sin embargo, aún las mejores de estas condiciones pueden ser una victoria pírrica porque es probable que las oposiciones presenten varios candidatos y que el gobierno financie a otros, resultando así que el gobierno pueda ganar muchas de las elecciones sólo siendo la mayor minoría. El resultado a esperar es que el gobierno gane las gobernaciones y alcaldías en las jurisdicciones que se observe ese divisionismo, exceptuando aquellas con liderazgos opositores muy arraigados. Además, el gobierno ya tiene dos armas montadas para minimizar cualquier triunfo opositor: Las Leyes del Poder Comunal y la figura de los Protectores. Es decir, que los cambios políticos-electorales son todos reversibles y en el muy corto plazo.
La opción frente a este cuadro de decepción anticipada es que las negociaciones sean reorientadas al plano económico; la opción que más le conviene a la ciudadanía porque ésta sufre más por carencias materiales que por ahorcamiento político. Aunque ningún cambio es irreversible, habría que buscar los que menos los sean para enfocar las negociaciones en ese sentido. Visto así, las condiciones para flexibilizar las sanciones serían, primero, devolver las propiedades expropiadas a sus legítimos propietarios. Para ello el gobierno tendría que ofrecer un plan de estímulos fiscales, crediticios y de facilidades de importación y exportación para que dichos dueños originales puedan volver a financiar sus propiedades arruinadas. Segundo, masificar las privatizaciones, totales o parciales (con mayoría privada), de todas las empresas del Estado. La privatización de la industria petrolera requiere de la reforma de la Ley de Hidrocarburos para bajar los impuestos y las regalías y legalizar la propiedad accionaria privada en dichas empresas. Tercero, formalizar la dolarización de la economía. Esta reforma es imprescindible para evitar que cualquiera que sea el grupo político que gobierne pueda volver a emitir dinero sin respaldo, creando inflación, ni pueda fijar el tipo de cambio de manera que no pueda sobrevaluarlo, como se ha hecho por 100 años de economía petrolera, perjudicando la producción, el empleo y la diversificación de las exportaciones. Sin estas tres reformas, “no estaríamos hablando de nada”. Todo lo demás, aunque también necesario, es más fácil de revertir: Restitución del crédito bancario; aranceles competitivos; garantizar legalmente la libertad de precios; y descentralizar.
De adoptar el enfoque económico en las negociaciones para flexibilizar las sanciones, estaríamos incorporando al país actores privados, nacionales y extranjeros, que accionarían como cabilderos a favor de las empresas (y del gobierno para seguir flexibilizando las sanciones), y estaríamos blindando lo acordado porque la presencia de actores extranjeros, públicos y privados, haría muy difícil revertir los cambios.
Bajo este enfoque, el principal negociador con el gobierno no deben ser los partidos sino Fedecamaras; institución que, por definición, tiene la responsabilidad de articular a todo el empresariado y que, según los resultados de la más reciente Encuesta Multisectorial Empresarial de Escenarios Datanalisis, cuenta con el 81% del aprobación por parte de las empresas para que negocie con el gobierno las reformas económicas. Obviamente, si Ud. piensa que todo esto es una quimera, ¿Qué puede esperar de las negociaciones?
@joseagilyepes
