A propósito del debate sobre la situación de las mujeres en Afganistán, considero el momento propicio para reflexionar sobre los derechos de las féminas en general. Si bien, lo que ocurren el país asiático no tiene comparación por lo aberrante de la política talibán, en algunos países incluyendo americanos, aún se vulnera la integridad de millones de mujeres, a quienes se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y su propia vida sexual.
Por ejemplo, en El Salvador se han registrado alarmantes condenas por abortos involuntarios, como el de Sara Rogel, quien en 2013 fue sentenciada a 30 años de prisión bajo acusación de homicidio agravado. La joven fue liberada en junio de este año, pero decenas permanecen en prisión debido a la vigencia de una de las leyes más crueles sobre este particular, la cual contempla una prohibición total del aborto, incluyendo casos en los que la vida de la afectada corre riego o el embarazo es el resultado de una violación. A esto le sumamos que el actual presidente de ese país, Nayib Bukele cataloga el derecho al aborto como “genocidio”.
En otros países se ha normalizado el matrimonio prematuro, la violación conyugal y se criminalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, así como la homosexualidad, cuya visibilización en el espacio público se paga con la propia vida. También, en el norte de África las niñas violadas son obligadas a casarse con su agresor, mutilando de una forma vil la dignidad de las víctimas. Todas estas situaciones han sido denunciadas por movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, pero los gobiernos se hacen la vista gorda y deciden mirar hacia otro lado. Pareciera que es más importante la cosificación del ser humano.
De este lado del mundo se cuentan otras aberrantes decisiones en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como los ocurridos en Perú entre 1990 y 2000. Se habla de unas 300 mil esterilizaciones forzadas practicadas en especial a mujeres indígenas y analfabetas. La mayoría fueron engañadas, atadas y amenazadas hasta practicarles el corte de trompas. De unos años para acá, las denuncias siguen su curso, pero la Fiscalía no ha puesto el interés necesario a este penoso episodio.
Cifras de Amnistía Internacional revelan que una de cada diez niñas menores de 18 años en el mundo, fueron obligadas a sostener relaciones sexuales. Además, el 40% de las mujeres en edad de procrear, reside en países donde el aborto está prohibido y 215 millones de mujeres no tiene acceso a métodos anticonceptivos, aunque su deseo sea postergar, dejar o no tener hijos. A esto sumamos la negativa en algunas naciones a una educación sexual plena, que permita ilustrar a las niñas y niños sobre este particular, muchas veces bajo el auspicio insistente de la iglesia católica, institución que sigue viralizando como pecado, la idea de decidir sobre nuestro propio cuerpo.
El tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en países latinoamericanos debe establecerse en la agenda pública. La sociedad patriarcal en la que vivimos ha silenciado muchas iniciativas en esta dirección, razón por la cual, quienes están en el poder prefieren dejar el asunto bien escondido. No se trata de políticas progresistas como lo quieren hacer ver los conservadurismos de doble moral. Estamos frente a una cruzada para luchar contra intereses económicos, religiosos y políticos que olvidan que se trata de la vida de seres humanos. Es el momento de reactivar estas discusiones y dejar de interpretar al mundo desde esos fundamentalismos que tanto daño siguen haciendo a la humanidad.
