La protesta popular que ocurre en Cuba constituye un duro golpe para la añeja tiranía comunista y para su plan de subversión continental. Extendidas en todo el país las numerosas manifestaciones ponen en jaque a la dictadura de la isla, y obligan a las democracias occidentales a actuar decididamente ante los reclamos libertarios del pueblo en la calle.
La bárbara respuesta represiva de Díaz Canel evidencia la carencia de un relato creíble capaz de justificar la brutal represión contra millones de ciudadanos, que al grito de ¡Patria y Vida! piden libertad y democracia, y exigen el fin de sesenta y dos años de oscurantismo totalitario, de miseria y corrupción.
El sargento estalinista que gobierna en la Habana repite el gastado libreto del bloqueo, de las sanciones, y de la supuesta amenaza de invasión armada, para justificar las cobardes golpizas contra hombres mujeres y niños, ejecutadas por delincuentes que han sido entrenados en sus escuelas de represión y terrorismo.
Las escenas de esos vergonzosos apaleamientos contra seres humanos indefensos, realizados por decenas de forzudos y bien alimentados sicarios, han dado la vuelta al mundo, demostrando crudamente la verdadera naturaleza de una revolución que hace rato quemó sus mitos, y que ahora con Díaz Canel se desnuda en la plenitud de sus miserias.
Estos días de sorpresivas y espontaneas protestas han permitido que el mundo libre mire lo que queda de una escuálida dictadura, incapacitada para convocar aquellas multitudes que rendían culto obligatorio a Fidel Castro, o que asistían a la Plaza de la Revolución a condenar las agresiones externas que recurrentemente inventaba la propaganda oficialista.
Quienes asistían a aquellas fastidiosas veladas revolucionarias son los mismos que han salido a las calles a pedir la renuncia de Díaz Canel y a luchar por la conquista la democracia.
No hay pueblo cubano que salga a defender la tiranía. Sólo le queda a la desgastada y solitaria nomenclatura del partido comunista el arma de la represión ejercida a patadas y batazos, que de continuar profundizará el caos y hará crecer aún más la indignación colectiva.
El gobierno de los Estados Unidos y las democracias de Europa y América están moral y políticamente obligados a responder por el destino de Cuba. No hay excusa frente a la rebelión popular y democrática de toda una nación que exige su derecho a ejercer plenamente la soberanía y a decidir libremente su destino.
No hay gobiernos, ni parlamentos, ni líderes, ni partidos políticos democráticos, que moralmente puedan justificar o defender, de manera activa o con su indiferencia, la violación masiva de derechos humanos que está ocurriendo en la hermana república antillana.
Las organizaciones internacionales, las instituciones religiosas, los intelectuales, los medios de comunicación, y todos los ciudadanos comprometidos con la defensa de los valores de la persona humana y la libertad, deben exigir y trabajar por el final de aquel régimen totalitario.
Y ante la ofensiva de los grupos de extrema izquierda ubicados en instancias democráticas representativas, y de las campañas desarrolladas por las cadenas monopólicas de medios de comunicación “progresistas”, que atribuyen a “las sanciones del imperialismo” las causas del drama cubano, es necesario recordar la criminal e irreductible condición dictatorial del castrismo como causa fundamental de esa tragedia.
En Cuba no hay gobierno legítimo. Quienes allí detentan el poder convirtieron a ese país en la nave nodriza de la desestabilización y la violencia terrorista en América, y en la cárcel de un pueblo privado de todos sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, su rebelión democrática debe ser protegida, y ayudada a lograr sus objetivos. Dejarla languidecer sería un pecado histórico de la comunidad democrática. Y constituiría otra cruel victoria del totalitarismo en su guerra contra la civilización y la democracia en el mundo.
