El doctor Nicolás Humberto Varela estuvo privado ilegítimamente de su libertad por unas seis horas.
El hecho, registrado el pasado lunes 28 de marzo, fue denunciado en un comunicado público emitido por el gremio este 1 de abril, donde se exhorta a las autoridades policiales y civiles a cesar las prácticas inconstitucionales que impiden brindar el derecho a la defensa
La directiva del Colegio de Abogados del estado Portuguesa manifestó su rechazo el 1° de abril, por la detención arbitraria e inconstitucional, por seis horas, de Nicolás Humberto Varela, presidente de la delegación del Colegio de Abogados de las ciudades de Acarigua y Araure.
El hecho ocurrió el pasado lunes, 29 de marzo, cuando el profesional del derecho acudió a la sede de Dirección de Investigación y Estrategias Preventivas (Diep), ente adscrito a la Policía de la entidad, con el fin de prestar asistencia jurídica a una ciudadana que se encontraba detenida en el lugar.
Según explican en un comunicado, la privación ilegítima de la libertad de Varela la practicaron sin justificación, ni orden judicial. Una vez detenido le incautaron su equipo celular, situación que lo dejó incomunicado durante su permanencia en esa sede policial.
«Pese a la llegada de un fiscal del Ministerio Público y al haberle expuesto la situación, debió esperar dos horas más de la insólita situación hasta que se le restableció su derecho a la libertad personal», se advierte en el texto.
Ante esta situación, y manifestando que es una práctica recurrente de los organismos policiales y militares en la región y el país, el gremio solicitó a la Fiscalía Superior del estado a proveer los medios necesarios para garantizar el trabajo de los profesionales del derecho que acuden a las diversas sedes policiales con la finalidad de prestar asistencia jurídica a los ciudadanos.
Asimismo, se emplazó al gobernador Rafael Calles, como máxima autoridad jerárquica de la región a de la Policía estadal que también garantizar el ejercicio profesional de los abogados «como sujetos integrantes del sistema de justicia en las sedes policiales».
Por último, exhortó a las autoridades públicas a que cesen estas inconstitucionales prácticas y que se respete la dignidad y el trato profesional de todo abogado en el ejercicio de su derecho.
«Situaciones como la expuesta son precedentes nefastos de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que grafican los riesgos y limitaciones a los que han estado sometidos desde un buen tiempo los profesionales del derecho en la región, debido entre otras causas, a la nada o precaria supervisión que ejercen las autoridades sobre los cuerpos de seguridad», expone el gremio.
El colegio pidió a sus agremiados a acompañar y apoyar a Varela en la denuncia de tales actos como hechos punibles y objetos de investigación penal ante las autoridades competentes, para que se establezcan las responsabilidades del caso.
El Pitazo
