Hay que separar del contrato firmado por Goudreau y Guaidó, la deliberada temeridad de su ejecutoria. No nos equivoquemos, ese contrato representa, en sí mismo, la esencia del capitalismo imperial. En USA toda actividad contractual que facilite el desenvolvimiento de sus naturales en otro lugar del mundo, respalda su legalidad al apoyarse en las leyes y decretos emanados de su poder imperial. Y no importa quién sea su presidente, siempre avasallaran las leyes nacionales e internacionales. Es a eso que hay que apuntar, y también al escandaloso silencio del bloque de gobiernos cortesanos. Es el desafuero que ha instituido la estructura jurídica y procesal norteamericana. En el caso en cuestión, su respaldo fue la resolución ad hoc del Fiscal General de USA, poniéndole precio a las cabezas de nuestro líderes gubernamentales. Eso y la firma de un sujeto con suficiente “representatividad” en el lugar de ejecución, que ellos reconocen como alternativa al gobierno hostil, lo hizo suficiente para llevar adelante una operación de ablandamiento que creara las condiciones para una acción de fuerza mayor. Es esto el asunto central a tener presente y denunciar, aunque, hacerlo sin tocar a Guaidó consagra su representatividad.
