Wangui Kimari archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Desde que en junio empezaron las protestas contra la ley de finanzas, decenas de personas siguen en paradero desconocido, un hecho que nos recuerda de forma descarnada el largo historial de secuestros y asesinatos del Estado keniano. El Gobierno de Ruto secuestra cada día, literalmente. Desde que el pasado mes de junio empezaron las protestas contra la ley de finanzas, no ha pasado un solo día sin que personas no identificadas que se hacen pasar por agentes de policía de paisano introduzcan por la fuerza a alguien en coches Subaru sin matrícula. Aunque el presidente y sus acólitos niegan estos hechos, grabados a menudo por las cámaras de seguridad que hay en las ciudades o por los teléfonos de la ciudadanía, estos secuestros por parte del Estado continúan. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC, por sus siglas en inglés) documenta que desde que empezaron las protestas han investigado 60 casos de asesinatos extrajudiciales y71 casos de “secuestros y desapariciones forzadas”. Pero para la opinión pública probablemente la cifra es mucho mayor, puesto que decenas de personas que participaron en las protestas siguen desaparecidas. Una prueba siniestra de ello es que la Funeraria de la Ciudad de Nairobi admitió haber recibido más cadáveres que la media (más de un 50% más) en junio, el periodo que corresponde a momento más intenso de estas protestas callejeras dirigidas por la Generación Z. La semana del 28 de octubre fueron secuestrados Boniface Mwangi, Maverick Aoko, Lavani Mila, y otras personas, y muchas otras fueron detenidas o amenazadas con ser detenidas por organizar plataformas de educación política o incluso simplemente por expresar sus opiniones. Aunque Boniface y Lavani fueron puestos en libertad, el bloguero Aoko continúa en paradero desconocido. El activista Hussein Khalid corrió la misma suerte la semana anterior, y un británico y varios refugiados turcos fueron secuestrados por las autoridades a petición de Turquía, de forma idéntica a como han sido secuestrados muchos ciudadanos desde que comenzaron las protestas. Ninguna de estas personas desaparecidas estaba haciendo alguna actividad que no esté garantizada por la Constitución de 2010 (derecho de reunión, libertad de expresión, derecho de asociación y toda la carta de derechos que reconoce el capítulo 4 de la Constitución keniana). Es una situación tan generalizada actualmente que nueve embajadores de la Unión Europea y el Alto Comisionado de Reino Unido expresaron en pasado 31 de octubre en una declaración conjunta su “preocupación por los continuos informes de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo”. Aunque como kenianos reflexionamos acerca de cómo hemos llegado hasta aquí, también debemos ser muy honestos. Cada etapa de nuestro Estado colonial y postcolonial ha ido precedida en cierto grado de secuestros y asesinatos. Es indudable que el Estado keniano siempre estará dispuesto a secuestrar y asesinar para apuntalar su poder (a menudo ilegítimo), y para silenciar y someter a la disidencia. Pregunten a Mekatilili wa Menza, Muthoni Nyanjiru, Dedan Kimathi, Pio Gama Pinto, J. M. Kariuki, Karimi Nduthu, a todas las personas jóvenes asesinadas por el régimen Kibaki a principios de la década de 2000 y a las miles de personas asesinadas entre 2013 y 2016 en los barrios pobres de Nairobi. Tampoco podemos olvidar a las miles de personas musulmanas desaparecidas durante las dos décadas de “guerra contra el terrorismo” en Kenia, tanto dentro del país como en el extranjero. Aludir a esa parte de la historia (recordar que ya hemos vivido esto antes) no supone quitar importancia al papel asesino de Ruto y su Gobierno, que derraman la sangre de jóvenes, como David Chege, ante el Parlamento durante las protestas, o arrojan sus cuerpos esposados en presas para que se ahoguen, como le ocurrió a Denzel Omondi. Al contrario, recordar las muchas y sucesivas prácticas siniestras del Estado, y conmemorar a quienes han sido víctimas de estas acciones, es poner de relieve la institucionalización de los asesinatos, aunque hasta hace poco esto no haya formado parte de la experiencia de la clase media o del relato del Gobierno; nunca se ha hablado colectivamente de los asesinatos y eso ha permitido que durante muchos años siguiera impunemente desenfreno de nuestros gobiernos mientras muchos de nosotros podíamos apartar la mirada aparentando tener privilegios. Eso ha ocurrido hasta ahora. Binyavanga Wainaina escribe en su relato “A New Cry of Freedom,” sobre los meses anteriores a las elecciones de 2002 que acabaron con el régimen de Moi y afirma que “los kenianos no somos conocidos por nuestra audacia. Cuando nos hostigan tendemos a agachar la cabeza. Mor logró perfeccionar lo que Kenyatta se propuso: tener un país que hace todo lo que él dice, que da las gracias por cada abuso. Este modelo de keniano está desapareciendo rápidamente”. A nadie debería sorprender que el Gobierno keniano siempre haya detenido, encarcelado y asesinado, ni siquiera debería sorprender a quienes se dejaron llevar por el relato del “eficaz” Gobierno de Ruto. Pero lo que es alentador, y tiene reminiscencias de 2002, aunque también está preñado de nuevas y poderosas urgencias, es la muerte de este “keniano ejemplar”. Sin duda hemos vuelto a un lugar en el que tenemos la sensación de que hay un nuevo amanecer, y quizás uno que nunca habíamos sentido tan fuerte y que es más inclusivo que nunca. No cabe duda de que algo cambió con el más de un millón de personas que hubo en las calles de Nairobi el 25 de junio y los cientos de miles que había en todas las ciudades de Kenia. Mantengamos esta presión, cuando las calles se llenan de balas de la policía policiales y en clubes nocturnos, espacios X, iglesias, grupos de WhatsApp, conciertos, embajadas de todo el mundo, espacios comunitarios, etc. hay personas gritando #RutoMustGo (tómate un momento, este momento, para gritarlo también) y elaborando nuevos y determinados capítulos en nuestra lucha contra la violencia estatal normalizada. Y aunque resulta sorprendente que otra vez estemos aquí (después de una nueva Constitución, después de un manifiesto de un partido político que se basaba en el cambio, después de los asesinatos de jóvenes manifestantes grabados en directo la televisión, después de los intentos de Ruto de ejercer de “estadista”» mundial), debemos recordar que seguimos gobernados por instituciones que históricamente han considerado que es juego limpio que la policía asesine a un niño de trece años e incluso de seis meses. Aunque los secuestros y asesinatos de Ruto puedan parecer ahora mismo la versión más gratuita, despiadada, corrupta e inhumana que hemos conocido, caerá como las anteriores. No es algo nuevo. Aunque, como dijo Wainaina del régimen de Moi, el Gobierno de Ruto “ha dejado de pretender gobernar” y nuestras vidas están llenas de relatos de más secuestros, destituciones de vicepresidentes, eliminación de los seguros de asistencia sanitaria e incluso la venta del principal aeropuerto, tiene que aceptar la nueva realidad de que la población keniana ya no es la misma; por primera vez, kenianos de todas las clases, religiones, etnias y generaciones se están movilizando a pequeña y gran escala. Aunque Ruto utilice la violencia institucionalizada del Estado para tener un Gobierno resuelto a cometer secuestros y asesinatos, ya no puede ignorar (no se lo permitiremos) que ya no hay ningún “keniano ejemplar”. Miembro del consejo editorial de Africa Is a Country y coordinador de investigación-acción participativa del Mathare Social Justice Center.

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Wangui Kimari: La Kenia del presidente William Ruto

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