Vladimir Kara-Murza archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Los cambios políticos en Rusia siempre llegan inesperadamente. El ministro zarista Vyacheslav von Plehve, que antes de 1904 llamó a una “pequeña guerra victoriosa”, nunca imaginó que conduciría a una explosión revolucionaria y obligaría a la monarquía a aceptar una constitución, un parlamento y la libertad de prensa. Vladimir Lenin, al quejarse ante los socialdemócratas suizos en enero de 1917 de que “nosotros, los de la generación anterior, tal vez no vivamos para ver las batallas decisivas de esta revolución venidera”, no sospechaba que solo faltaban unas pocas semanas. Y absolutamente nadie en el verano de 1991 esperaba que a finales de año el Partido Comunista de la Unión Soviética fuera prohibido y la Unión Soviética disuelta. La próxima vez, el cambio se producirá exactamente de la misma manera: abrupta e inesperadamente. Ninguno de nosotros conoce el momento concreto ni las circunstancias concretas, pero sucederá en un futuro previsible. La cadena de acontecimientos que llevaron a estos cambios la inició el propio régimen en febrero de 2022. Es sólo cuestión de tiempo. Y esto significa, como acertadamente señaló Alexei Navalny en un artículo reciente y ampliamente discutido, que pronto volverá a aparecer en Rusia una ventana de oportunidad para el restablecimiento del Estado sobre principios democráticos. No es una “ventana de garantías”, no una “ventana de un resultado final”, no una “ventana de un futuro brillante y feliz”, sino precisamente una ventana de oportunidad que debemos aprovechar sabiamente y no desperdiciar una vez más, como ocurrió de hecho en la década de 1990. Y es por eso que es tan importante una conversación seria, significativa y pública sobre esas oportunidades perdidas, no para una reflexión histórica, sino para evitar volver a pisar el mismo rastrillo. Casi nadie puede negar que los líderes de la Rusia democrática de los años 90 desaprovecharon una oportunidad histórica única. Lo único es que, en mi opinión, se pasó por alto mucho antes de los acontecimientos sobre los que escribe Alexei: mucho antes de la constitución de 1993, las subastas de préstamos por acciones de 1995 y las elecciones presidenciales de 1996. Los obstáculos abiertos por el cambio revolucionario son generalmente muy pequeños y se cierran muy rápidamente. El nuevo gobierno tendrá sólo unos meses, en el mejor de los casos un año, para romper decisivamente con el pasado totalitario e impedir su regreso. Fue esta oportunidad la que el equipo de Boris Yeltsin desperdició en aquellos meses cruciales de 1991 y 1992, cuando cada día valía su peso en oro. Una sociedad que ha pasado por el trauma de una dictadura brutal, represiones internas masivas y guerras externas agresivas, que ha vivido durante décadas en condiciones de mentiras totales y distorsión deliberada de los valores humanos normales, necesita, sobre todo, una purificación moral. Este es el camino que -en diversas formas, pero con una esencia inalterada- han recorrido una variedad de países en la historia reciente: desde Alemania después del nacionalsocialismo hasta los estados de América Latina después de las dictaduras militares, desde los antiguos países socialistas de Europa del Este hasta Sudáfrica post-apartheid. Para evitar el regreso del mal, primero debemos comprenderlo, condenarlo y castigarlo, públicamente y al más alto nivel estatal. De esta manera, ni la ideología subyacente al régimen anterior ni las estructuras y personas que implementan su política represiva podrán dañar a la joven democracia, especialmente en los primeros y más importantes años de su formación. Este camino de verdadera renovación estuvo abierto para Rusia en 1991 y 1992. La sociedad estaba preparada para ello. La fuerza creciente del movimiento social de finales de los 80 y principios de los 90 y la Revolución de agosto de 1991 fueron impulsadas por la pasión antitotalitaria, por el rechazo y la negación de la violencia por parte del Partido Comunista y su “brazo armado”. No es coincidencia que inmediatamente después de la victoria sobre los golpistas , una multitud de moscovitas partiera para retirar el monumento a Félix Dzerzhinsky en la plaza Lubyanka. Al mismo tiempo, desmantelaron la placa conmemorativa de Yuri Andropov en la fachada del edificio principal de la KGB. Es muy posible que la cuestión no se limitara a la placa y al monumento: la gente reunida en la plaza estaba dispuesta a ir más allá, al edificio mismo. El líder de la revolución victoriosa, Yeltsin, vino personalmente a Lubyanka para disuadirlos de esto. Su autoridad en aquellos días era indiscutible, por lo que la gente se dispersó. Esta fue la primera señal de alerta. Apenas unos días después, en otra manifestación en el Monumento a Mayakovsky, Vladimir Bukovsky, escritor, preso político de larga condena y uno de los fundadores del movimiento democrático en la U.R.S.S., pronunció palabras que resultaron proféticas. “No os dejéis engañar: el dragón aún no está muerto. Está mortalmente herido, tiene la columna rota, pero todavía tiene entre sus garras almas humanas y de muchos países”. A lo largo del año siguiente, Bukovsky y algunos otros líderes democráticos con visión de futuro, incluida Galina Starovoitova, legisladora rusa y asesora de Yeltsin, intentaron persuadir a los dirigentes rusos para que “mataran al dragón”: abrir los archivos del Comité Central del Partido Comunista. Partido de la Unión Soviética (PCUS) y la KGB, a publicar documentos sobre los crímenes del régimen soviético y sus órganos punitivos, y a condenar estos crímenes a nivel estatal para que las personas que los cometieron no pudieran decidir el destino de nueva Rusia. Esto no iba a ser una “caza de brujas”, como gritaban asustados funcionarios del partido. “Después de todo, la tarea no era separar a los menos culpables de los más culpables y castigar a estos últimos, sino provocar un proceso de purificación moral de la sociedad”, escribió Bukovsky en su libro “El juicio en Moscú”. “Para ello era necesario juzgar al sistema con todos sus crímenes”. En 1992, el Tribunal Constitucional ruso celebró sus audiencias sobre la suerte del Partido Comunista, en las que se presentaron algunos documentos sobre los crímenes del régimen soviético procedentes de los archivos del Comité Central; Bukovsky, que había sido invitado por la oficina del presidente para actuar como testigo experto, quería que estas audiencias se convirtieran en el tipo de “juicio ruso de Nuremberg” que él imaginaba. Ese mismo año, Starovoitova presentó en el Sóviet Supremo de la Federación Rusa un proyecto de ley sobre depuración que proponía una prohibición temporal (5-10 años) del servicio gubernamental para todos los ex funcionarios del partido y todos los ex empleados de la KGB. Como sabemos, no se hizo nada parecido. Yeltsin no estaba preparado para una ruptura definitiva con el pasado soviético. Los líderes occidentales, temerosos de verse confrontados con información interesante sobre ellos mismos en los archivos de Moscú, presionaron a Yeltsin para que los mantuviera cerrados. El Soviet Supremo ni siquiera consideró el proyecto de ley de Starovoitova. Y el Tribunal Constitucional tomó una decisión poco entusiasta que evitó la cuestión principal: la ilegalidad de las actividades del propio PCUS. (El tribunal desestimó la necesidad de una evaluación de esto con el ridículo pretexto de que el partido ya no existía). Anatoly Kononov, el juez del Tribunal Constitucional que expresó una opinión disidente, calificó la decisión del tribunal como una "denegación de justicia", señalando que el Los materiales presentados ante el tribunal “permiten caracterizar a esta organización (el PCUS) como criminal”, incluso con referencia a normas internacionales “sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la paz y la humanidad”. El juez destacó por separado el papel de los "órganos punitivos subordinados del PCUS" en estos crímenes. Pero no se llegó a ninguna conclusión oficial sobre esos "cuerpos". Los archivos, en su mayor parte, permanecieron cerrados. La KGB eludió incluso las reformas más suaves. Recibió un pequeño cambio de imagen; eso fue todo. Y las personas que participaron directamente en la represión terminaron ocupando puestos de liderazgo desde los primeros días de la Rusia democrática. En diciembre de 1991, Vyacheslav Lebedev, que recientemente había participado en la imposición de sentencias por motivos políticos, fue confirmado como presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. En enero de 1992, el puesto de jefe del departamento anticorrupción del Ministerio de Seguridad de la Federación Rusa fue asignado a Anatoly Trofimov, quien como investigador de la KGB manejó los casos de muchos disidentes de Moscú, incluidos los de Anatoly Shcharansky, Yuri Orlov. , Sergei Kovalev y el padre Gleb Yakunin. Pronto, Trofimov ascendió al puesto de jefe del departamento del FSB de Moscú y jefe adjunto de toda la organización. Hay muchos ejemplos similares, pero nombraré sólo uno más: ese mismo año, 1992, el oficial de la KGB Vladimir Putin, que en los años 70 había participado personalmente en registros e interrogatorios de disidentes de Leningrado, se convirtió en la mano derecha de San Petersburgo. El alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak. Al no haber logrado realizar los cambios que creía necesarios, Bukovsky abandonó Rusia con una advertencia al equipo de Yeltsin: “Mira, es como un animal herido: si no lo acabas, te atacará”. Al final, los monstruosos crímenes del sistema soviético y sus órganos punitivos nunca recibieron una evaluación moral o jurídica por parte del Estado ruso. Repito: si no comprendemos, condenamos o castigamos el mal, definitivamente regresará. El 20 de diciembre de 1999, 11 días antes de mudarse al Kremlin, Putin, entonces primer ministro, develó una placa conmemorativa de Andropov restaurada en Lubyanka, la misma que había sido retirada en agosto de 1991. No tenemos derecho a repetir este error cuando se abra nuevamente la ventana de oportunidad. Todos los archivos deben abrirse y publicarse. Todos los crímenes tanto del régimen soviético como del de Putin deben recibir una evaluación adecuada a nivel estatal. Todas las estructuras involucradas en estos crímenes –sobre todo el FSB– deben ser liquidadas, y las personas que los cometieron deben rendir cuentas ante la ley. Aquellos que sirvieron como conductores de políticas represivas deberían ser privados del derecho a ocupar cargos gubernamentales, y esto no será una “caza de brujas” (como gritarán una vez más algunos funcionarios actuales), sino la protección necesaria contra una nueva venganza autoritaria. Y me gustaría subrayar (aunque no hace falta decirlo): para investigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Putin en el curso de su agresión contra Ucrania, tendremos que crear un tribunal internacional (modelado sobre otros similares para ex Yugoslavia y Ruanda), a los que deben ser trasladados todos los sospechosos, independientemente de su rango y posición. Sólo de esta manera, habiendo enfrentado y condenado plenamente estos crímenes, Rusia podrá liberarse verdaderamente de la carga del pasado y avanzar hacia la creación de un Estado libre y moderno basado en el derecho y los valores universales. Esto garantizará que el país finalmente pueda evitar entrar en el mismo viejo círculo vicioso, de modo que la próxima generación de políticos rusos ya no necesite llevar a cabo las mismas viejas discusiones entre el campo de trabajos forzados de Vladimir y la prisión de Moscú. Creo que podemos hacerlo. Es un político de la oposición rusa y colaborador del Post que está encarcelado en Moscú desde abril por hablar en contra de la guerra en Ucrania. Amnistía Internacional lo ha designado preso de conciencia.

Vladimir Kara-Murza

Vladimir Kara-Murza: El cambio vendrá en Rusia, abrupta e inesperadamente

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