Salvador Benasayag archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

¿Están preparadas las empresas venezolanas? A un mes de la reapertura del paso fronterizo entre Táchira y Norte de Santander, el presidente colombiano Gustavo Petro visitó la ciudad de Cúcuta para reunirse con productores y comerciantes de la zona: “Solo pasaron 2,5 millones de dólares, para acá y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? Abrimos el puente, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. Porque uniformados, funcionarios de allá y de acá, están cobrando una comisión”. El 26 de septiembre de 2022, un mes antes, Venezuela y Colombia reabrieron el paso fronterizo para el transporte de carga, tras siete años de cierre, y reactivaron la conexión aérea entre Caracas y Bogotá, suspendida por la pandemia. Desde que cesó el comercio, la economía venezolana ha cambiado. Venezuela es casi un quinto de lo que era nueve años atrás, antes del cierre fronterizo. Según organismos internacionales, también perdió la cuarta parte de sus habitantes por la migración. En los últimos años, el gobierno ha tomado una serie de medidas. El Ejecutivo implementó una estrategia antiinflacionaria basada en contener el tipo de cambio vendiendo divisas y limitando el crédito. También elevó las tarifas de trámites burocráticos y los impuestos. Mientras, los servicios públicos operan con deficiencias y persisten los cobros irregulares para movilizar mercancía. La fragilidad de la economía venezolana en la coyuntura de esta nueva etapa en la relación comercial con Colombia plantea dudas sobre qué sectores se pueden beneficiar y qué medidas se pueden tomar para mejorar las condiciones del aparato productivo venezolano. Para conocer la perspectiva del sector privado, Prodavinci consultó a los dirigentes gremiales Tiziana Polesel y Luis Alberto Russián, presidentes del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol), respectivamente, y a los economistas Alejandro Gutiérrez, Giorgio Cunto y Diego Santana para conocer qué variables influyen en las capacidades del aparato productivo venezolano. La pregunta pendiente será si existen incentivos suficientes para salir de la informalidad y el contrabando. 1. ¿Cómo era el comercio antes del cierre fronterizo? El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela siempre fue importante. Llegó a ser la relación de mayor cuantía dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la que Venezuela entró en los años noventa y abandonó en la década siguiente. Entre 1991 y 2021, ambos países intercambiaron bienes y servicios por 116 mil millones de dólares: 60% importaciones que hizo Venezuela desde Colombia. En un trabajo previo, Prodavinci explicó cómo evolucionó este flujo comercial en las últimas tres décadas. En 2008, el intercambio comercial entre los dos países alcanzó su pico con más de 8 mil millones de dólares en términos nominales: casi 12 mil millones al valor actual del dólar. A principios de siglo, el potencial productivo y la competitividad internacional de Colombia y Venezuela era similar en términos de interconectividad, o en su grado de contribución e importancia a la red global de comercio, según el índice elaborado por los profesores Giorgio Cunto y Diego Santana en una investigación para la Universidad Católica Andrés Bello. Pero mientras Colombia se mantuvo estable Venezuela perdió rápidamente terreno desde 2014 tanto en el tamaño como calidad de conexiones de su sector externo. En lo que se refiere a relevancia para el comercio mundial, ahora los dos países están a años luz de distancia. La industria metalmecánica y la industria de los fertilizantes aportó buena parte de las exportaciones no petroleras de Venezuela a Colombia en tiempos de la CAN, recuerda Alejandro Gutiérrez, economista y profesor de la Universidad de Los Andes. Durante la primera semana de la reapertura también se exportaron cargamentos de estas industrias. Venezuela abandonó la CAN y mantuvo una relación intermitente con Colombia en lo diplomático y lo comercial. En 2015 se cerró la frontera. “El comercio binacional se redujo. No llegó a 400 millones de dólares en 2021”, recuerda Gutiérrez. 2. ¿Cuáles son los desafíos y quiénes pueden verse afectados? Venezuela enfrenta limitaciones estructurales que comprometen la competitividad de los locales respecto a los productos colombianos. La Confederación Nacional de Productores y Comercializadores de Papa de Venezuela (Confepapa) emitió un comunicado en octubre explicando el impacto que tiene en el sector la importación de papa procedente de Colombia. La papa de variedad pastusa, traída de Colombia, se comercializa en Venezuela y compite con la variedad granola, la más representativa de la producción nacional. Mientras la colombiana se vende a 14,70 dólares por saco de 50 kilos en el Mercado Mayorista del Sur en Maracaibo, los productores venezolanos necesitan vender un saco entre 25 y 34 dólares para cubrir sus costos y ganancias, explica el director general de Confepapa Edison Arciniega. Estos datos proceden de una medición que hizo este gremio en septiembre. Dado el volumen que ingresa, la papa colombiana podría cubrir hasta 40% del mercado venezolano a menor precio. En agosto de 2022, llegó a cubrir hasta 53% del expendio, según Confepapa. En 2021, cubría solo 20%. Arciniega señala que los productores colombianos tienen excedentes disponibles para exportar a Venezuela luego de tres años seguidos de aumento sostenido de su producción. Esta situación desventajosa para hacer frente a la competencia se agrega a otras condiciones desfavorables de la economía venezolana y que afectan a todos los sectores. Confepapa reporta una pérdida del 28,58% de los empleos directos que genera el sector, entre 2020 y 2022, además de una caída en la superficie cosechada de 27,83% y casi 10% de disminución en el rendimiento por hectárea. Los productores de papa no son los únicos expuestos. “En los supermercados de Mérida se consiguen varias marcas de harina precocida colombiana, más baratas que las venezolanas. Lo mismo pasa con la leche en polvo y las cervezas colombianas”, ha encontrado Alejandro Gutiérrez en sus mediciones. En 2021, Nestlé emitió un comunicado donde alertó sobre la importación de productos falsificados o dirigidos a otros países que entran a Venezuela de forma irregular y que compiten con versiones de los mismos productos elaboradas por la filial autorizada en Venezuela. La misma situación se presenta con refrescos importados de Colombia que se consiguen en mercados itinerantes o bodegones y que compiten a un mejor precio con los que se producen localmente. Los diferenciales de precio que notan los consumidores son una expresión de los problemas de fondo: la producción y la productividad. Giorgio Cunto explica que los precios son un mecanismo de transmisión de información en la economía: “Los precios recogen los costos de producción, transporte y logística”. También reflejan el grado de incertidumbre bajo el que operan los agentes económicos. La productividad y la demanda La productividad, en parte, es la capacidad de generar un determinado volumen de unidades de un producto o servicio, en relación a la cantidad de recursos empleados para ello. En otras palabras, una mayor productividad se traduce en requerir una menor cantidad de recursos para obtener iguales o mayores unidades terminadas. Colombia tiene hoy una ventaja sustancial sobre Venezuela en este aspecto, dice Cunto: “Hay fácil acceso a mano de obra, financiamiento, insumos, servicios públicos y cadenas de distribución”. Una de las estrategias para reducir los costos es el aumento en la cantidad de unidades producidas para diluir los gastos fijos entre una mayor cantidad de consumidores. La capacidad que tiene una empresa para implementar esto se conoce como “economía de escala”. El empobrecimiento de la población y la migración, ocurridas a la par de la contracción de la economía, redujeron la capacidad de consumo de las personas y el tamaño del mercado, lo que se traduce en menores cantidades demandadas. En consecuencia, se redujeron las unidades producidas para adecuarse a una menor demanda. En términos operativos, algunas empresas cerraron líneas de producción mientras otras empresas desaparecieron por completo. En Venezuela “no se puede disfrutar de economías de escala en las que los costos bajen a medida que se produce más”, explica Cunto. No tener acceso a economías de escala impide a su vez que las empresas reduzcan sus precios para incentivar una mayor demanda en primer lugar. Es un problema que se retroalimenta. El crédito Un factor para romper este ciclo podría ser el financiamiento y la inversión. Organizaciones gremiales han afirmado que las empresas operan solo a 30% de su capacidad. A su juicio, el margen para aumentar la producción a corto y mediano plazo podría ser grande. Después de años inoperativas, las líneas de producción necesitan talento y mano de obra, repuestos, reparaciones o ser sustituidas por obsolescencia. Giorgio Cunto cree que la capacidad ociosa del aparato productivo venezolano puede estar bastante sobreestimada: “Probablemente se está operando por debajo del techo de producción, pero ese techo es hoy mucho más bajo de lo que fue en el pasado”, explica. La empresa privada podría utilizar el crédito para reactivar y modernizar líneas de producción cerradas, crear nuevas empresas e importar insumos, lo que permitiría ampliar la oferta de bienes y servicios y reducir los costos unitarios para estimular la demanda con precios más competitivos. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene una política que obliga a la banca a congelar gran proporción de los depósitos de sus ahorristas, lo que les impide destinar esos fondos al crédito. Esto se conoce como encaje legal. En la práctica, el BCV utiliza el encaje legal para intentar contener la inflación, lo cual limita el crédito que pudiera destinarse a demandar divisas. “La reactivación del crédito no es posible mientras se mantenga el encaje legal como está”, afirma Polesel. El tipo de cambio y la inflación Las divisas se abaratan en Venezuela en la medida en que su precio sube a un ritmo mucho menor que el de otros bienes y servicios. En otras palabras, el dólar pierde poder de compra: cada vez se requieren más dólares para pagar por los mismos bienes o servicios en el mercado interno. El BCV es responsable de esta situación. Además de limitar el crédito para que no se genere una demanda adicional de divisas, vende dólares y euros para satisfacer la demanda e intentar contener el precio. Al mismo tiempo, el Ejecutivo también estimula el consumo a través del gasto público, mientras la oferta de bienes y servicios no crece al mismo ritmo para satisfacer esta demanda adicional. Por efecto de la inflación, los productos colombianos aumentarán en torno a 10% en 2022 y los productos venezolanos hasta 150%. “Si el tipo de cambio permanece anclado o rezagado respecto a la inflación, se sobrevalúa o se aprecia en términos reales, esto resta competitividad a la producción nacional no petrolera”, concluye Gutiérrez. La inflación no solo afecta a las familias, también impacta en los costos de producción de las empresas. Si las empresas colombianas y venezolanas partieran de capacidades similares en el uso eficiente de los recursos, y en consecuencia pudieran fijar precios más bajos, de todas formas los costos de producción subyacentes en Colombia crecerían a menor velocidad de lo que crecen en Venezuela. Mientras más tiempo pasa, los productos colombianos (y los importados en general) se abaratan respecto a sus pares venezolanos y la desventaja del productor venezolano se amplía. “Venezuela tiene una economía que se ha encarecido y por lo tanto se ha vuelto muy rentable importar”, explica el economista Diego Santana. Los bodegones son un resultado de este fenómeno. Aunque algunos de estos negocios han cerrado, o dejaron de inaugurar tantos como en el pasado, los incentivos que estimularon su apertura siguen presentes: “Como todo fenómeno en el que hay una oportunidad de mercado, se caracteriza por etapas en las que muchos agentes intentan entrar en el negocio. En un punto se satura el mercado y deja de ser rentable. Sin embargo, las condiciones que hacen más rentable importar se mantienen”, dice Santana. La dinámica de contención del tipo de cambio no favorece la fijación de precios competitivos por parte de los productores venezolanos respecto a sus similares colombianos, ya sea para insertarse en el mercado colombiano o para competir en el mercado local. La incertidumbre Además de transmitir información sobre los costos de producción, los precios reflejan las expectativas: “Si el futuro es incierto, hay un incentivo para tratar de recuperar la inversión lo antes posible. La poca certeza genera una presión para que los agentes sean más agresivos en la proyección de precios a corto plazo”, explica Cunto. En otras palabras, las empresas tienen incentivos para protegerse frente al riesgo de operar a pérdida, dado el historial de alta inflación y los aumentos súbitos en el tipo de cambio. También influye la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad institucional que causa la postura cambiante de las autoridades respecto a las actividades económicas, permitidas por acción u omisión para luego prohibirlas. Como ocurrió en septiembre de 2022, por ejemplo, las empresas se arriesgan a ser sancionadas por no utilizar la tasa de cambio oficial para calcular sus precios, aunque no tengan garantía de que podrán comprar divisas a esa misma tasa. A menos que remarquen la mercancía agregando un margen adicional, o utilicen la tasa paralela como referencia, la situación los obliga a vender a pérdida sobre todo cuando ocurren aumentos súbitos del dólar y la brecha entre la tasa oficial y la paralela es grande. Los costos de producción La mano de obra es uno de los insumos necesarios para la producción. En los últimos meses, el nivel de los salarios se ha recuperado tras años de pérdida de valor. Sin embargo, a pesar de esto, siguen bajos en comparación con otros países. Venezuela paga salarios significativamente más bajos que Colombia, explica Diego Santana. Esto podría representar una ventaja comparativa para ofrecer precios más competitivos por costos más bajos. Sin embargo, la mano de obra no lo es todo. Además de los factores estructurales explicados, los gremialistas y especialistas consultados coinciden en que hay gastos y costos que impiden a los privados ofrecer precios más competitivos. Uno de los principales elementos que mencionan es la alta carga impositiva, los aportes parafiscales y los aranceles de los trámites en registros y notarías: “Tenemos una carga impositiva muy fuerte en los municipios”, explica Polesel a modo de ejemplo. No solo los impuestos que se pagan en Venezuela son altos, sino que lo son en comparación a nuestros socios comerciales y otros países del mundo, lo que pone en desventaja a las empresas (y familias) venezolanas. La carga impositiva no solo supera a la de otros países y pudiera ser hasta varias veces superior a la que pagan las empresas en Colombia, según cálculos realizados por algunas empresas privadas. Como toda regulación y trámite burocrático, el costo no solo reside en la tasa que se paga. “Los trámites burocráticos para operar en Venezuela son bastante caros, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de tiempo”, explica el economista Giorgio Cunto. La carga impositiva es compleja de cumplir por la cantidad de aportes que deben hacerse y los cambios constantes en el marco jurídico que los regulan. En 2022, el Legislativo discutió una Ley de Armonización Tributaria Municipal, también se modificó la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras para gravar los pagos en dólares. En consecuencia, aumentaron los aranceles para los trámites en registros y notarías. Los especialistas evalúan estas medidas como una estrategia de “voracidad fiscal” para financiar el gasto del Ejecutivo, dada la reducción sustancial del ingreso petrolero y los efectos hiperinflacionarios que tuvo en el pasado el financiamiento monetario descontrolado. Las empresas deben dedicar personal y tiempo para estar al día con estos aportes que requieren la asistencia constante de especialistas calificados en administración y tributos. Todo esto eleva los costos para las empresas, al tiempo que crea incentivos para la informalidad. “La voracidad fiscal pesa mucho al hablar de competitividad. En algunos municipios representa un problema muy serio. Esto pone al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad. Hay que quitar todas las trabas que hacen que alguien pase de la informalidad a la formalidad y, lo más importante, evitar que pasen de la formalidad a la informalidad que es lo que está ocurriendo”, relata la presidenta de Consecomercio Tiziana Polesel. Los costos también se elevan por los cobros irregulares que hacen funcionarios y grupos de la delincuencia organizada en aduanas y alcabalas para lograr que las mercancías lleguen a su destino. A esto hay que agregarle los problemas del mal estado de la vialidad y los costos de mantener las redes de distribución. Otro problema que mencionan los entrevistados es la deficiencia de los servicios públicos. Esto eleva los costos unitarios por dos vías. Primero cuando fallan los servicios y las operaciones deben ser suspendidas, lo que reduce el volumen de producción, y luego por los gastos para autoabastecerse a través de pozos de agua, generadores eléctricos o servicios especiales de conectividad a un precio elevado. “Todo esto hace que incluso con salarios más bajos, el costo unitario de los productos sea muy elevado”, sentencia Giorgio Cunto. 3. ¿Cuáles son las oportunidades y quién puede beneficiarse? La economía venezolana atravesó uno de los episodios hiperinflacionarios más largos de la historia y el de mayor magnitud en la región. Luego se produjo una dolarización transaccional. El 2022 será el primer año de crecimiento de la economía venezolana tras siete años seguidos de caída, incluidos los últimos dos años y medio de pandemia. El Fondo Monetario Internacional proyecta un aumento del producto interno bruto venezolano de 6,0% para 2022 y 6,3% para 2023. El asunto pendiente en el comercio es el contrabando. Como reclamó Gustavo Petro, los incentivos para trasladar mercancías por caminos irregulares podrían seguir siendo atractivos, dadas las distorsiones de la economía venezolana. De esta manera, la reapertura por sí sola podría no ser suficiente. Los consumidores Tras años de escasez y controles de precios, el gobierno relajó estas medidas y apareció una mayor cantidad de productos. La reapertura comercial colombo-venezolana supondrá una mayor disponibilidad de productos para los consumidores, lo cual beneficia la economía y el comercio. “Lo que apunta la teoría económica es que más comercio tiende a ser mejor”, dice el economista Diego Santana, profesor de Comercio Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y economista miembro del equipo de Ecoanalítica. Por su parte, Giorgio Cunto, economista senior en Ecoanalítica y profesor de Estadística en la UCAB, lo explica: “El hecho de que aparezca comercio donde antes no existía, produce una mejora de bienestar, aunque la escala de esta mejora está por verse”. Asumir que el efecto solo puede ser negativo es una visión limitada. “Cuando ves la imagen completa, considerando lo afectada que está la industria venezolana por los últimos ocho años de recesión económica, el efecto neto sería positivo”, agrega Santana. Una mayor oferta de productos podría generar mayor competencia y permitirle al consumidor optar por productos de mayor calidad o menor precio, en comparación con la oferta actual de productos nacionales o importados desde otros países. Aquellos comercios venezolanos que pongan estos bienes a disposición de los consumidores también saldrían beneficiados, lo que podría favorecer la creación de empleo y los salarios en esos sectores. La empresa privada La industria local podría beneficiarse de los productos provenientes de Colombia. “No solamente se pueden importar bienes finales, también se pueden traer bienes intermedios que sirven para producir otro conjunto de bienes localmente”, explica Santana. Los bienes finales son los que satisfacen a las personas (alimentos, medicinas) y los bienes intermedios son insumos para la producción (materia prima, repuestos). Desde hace algún tiempo, el flujo de insumos por canales irregulares ha contribuido a la producción del lado venezolano: “Hay agroquímicos y semillas que se traen desde Colombia, por eso fue posible la producción agrícola en el sur del Lago de Maracaibo y Los Andes”, explica el profesor Gutiérrez. También indica que se han establecido casas comerciales que envían repuestos y maquinaria desde Bucaramanga o Cúcuta hacia el occidente de Venezuela, en menos de 24 horas. Con la regularización del comercio, estos intercambios complementarios podrían operar por canales regulares, dando mayores garantías y seguridad a las partes para la logística y las transacciones necesarias. De darse, esta regularización comercial también incrementa la certidumbre en los agentes económicos y reduce los incentivos para el contrabando, lo que habitualmente genera un aumento en los costos de los productos por los pagos que se le hace a funcionarios o grupos de la delincuencia organizada. “La relación entre países es mejor en la medida que sea lo más institucional y legal posible”, señala Luis Alberto Russián, presidente de Cavecol. El comercio legal también permite que las mercancías sean supervisadas para que cumplan con normas técnicas y especificaciones sanitarias. Tiziana Polesel recuerda que la falta de supervisión en la mercancía que entra de forma ilegal conlleva riesgos: “Las consecuencias de los productos que no ingresan de manera formal como alimentos, medicamentos, autopartes, licores y tabaco pueden ser muy graves para la salud y la vida de las personas”. Consecomercio calcula que 42% de las mercancías en el mercado podrían proceder del contrabando. En algunos sectores este promedio se eleva hasta un 70%. Muchos productos que llegan desde el territorio colombiano lo hacen por gestión de terceros que arreglan el traslado irregular hacia Venezuela: no los contrabandea quien los produce ni quien los comercializa. Las empresas grandes y medianas no pueden operar bajo esta dinámica por razones legales: “Ahora esas empresas van a poder hacer importaciones de manera formal. Eso va a reanimar el comercio”, señala Gutiérrez. Los sectores con oportunidades Russián señala que durante los primeros días de la reapertura se recibieron reportes de comerciantes del lado colombiano, quienes sufrieron una reducción de hasta 30% en sus ventas. El gremio presume que este porcentaje podría corresponder a ventas que anteriormente se desviaban a Venezuela de forma irregular, por lo que interpretan la reducción como una intención de los privados de abandonar los canales informales y una mejora en la vigilancia fronteriza que ejercen las autoridades. La población fronteriza saldrá beneficiada en la medida en que estudiantes, trabajadores y familias puedan movilizarse a través de la frontera. Algunos servicios públicos colombianos, como electricidad, telecomunicaciones y transporte podrían atender a la población y a empresas del lado venezolano. Alejandro Gutiérrez evalúa que la industria agrícola, la producción de fertilizantes y metalmecánica pudieran ser los más beneficiados porque pueden proveer a Colombia bienes que no produce localmente: “Algunos sectores tienen ventajas competitivas claras como en el caso de los fertilizantes. El complejo metalmecánico todavía exporta. También están el ron venezolano, el cacao y sus derivados”. Russián añade que pudieran beneficiarse también los sectores agroalimentario, farmacéutico, textil, confección y calzado. Venezuela tiene oportunidad de exportar algunos de estos productos con costes logísticos menores por la cercanía geográfica, en comparación a otros socios. Tiziana Polesel resalta que sus contrapartes colombianas han mostrado interés por los servicios turísticos y educativos venezolanos: “La presión que se hacía por los vuelos comerciales se dio por el turismo. Los colombianos nos han hecho énfasis en que para ellos los tres destinos clave son Margarita, Mérida y Canaima”. En el caso de la educación, “antes que se cerraran los vuelos, acogíamos a estudiantes de Colombia y Ecuador para estudios de posgrado y doctorado”. Polesel recuerda que los servicios de logística y transporte, también agremiados en Consecomercio, podrán aprovechar esta reactivación. También menciona las oportunidades que tendrá el sector de servicios tecnológicos. Tanto Russián como Polesel resaltan la importancia de revisar en detalle el Acuerdo de Alcance Parcial N°28 que regula la relación comercial entre los dos países desde la salida de Venezuela de la CAN: “Hay quienes han planteado suspender el acuerdo con Colombia, pero si se suspende no tendríamos marco legal. Lo mejor es tener una regulación que se adecúe a las necesidades de las partes”, indica Russián. Polesel señala que la revisión del instrumento debe buscar la igualdad y la complementariedad, pues algunos productos colombianos tienen preferencia arancelaria para entrar a Venezuela, mientras Colombia no le otorga ese beneficio a productos similares que proceden de Venezuela. La importación de papa es un ejemplo, “entra a Venezuela con cero arancel”, recuerda Gutiérrez. El proceso de adaptación y la coordinación con las autoridades Las autoridades en ambos lados de la frontera así como as instituciones gremiales están adiestrando a los comerciantes en los trámites aduaneros que deben realizar para trasladar su mercancía de un lado a otro: “Han pasado siete años en los que se utilizaron canales informales, se creó una infraestructura que soporta eso. Estamos en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad. Eso lleva un tiempo”, explica Russián. Consecomercio aboga por el restablecimiento de la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, una instancia de coordinación que existió en los años 2000 en la que “el sector privado indicaba dónde se presumía el ingreso ilícito de mercancía, y los representantes del gobierno hacían la investigación”, explica Polesel. Consecomercio insiste en la necesidad de sancionar la comercialización de aquellos productos procedentes del contrabando, en lugar de solo evitar su entrada al país. Un paso importante para esto es crear incentivos y facilidades para que las empresas abandonen la informalidad y se sometan a la fiscalización y supervisión que tiene el sector formal. “Si se hace la tarea y el gobierno dicta las medidas adecuadas, parte de la industria venezolana podría estar a tono”, asegura Russián. Los gremios señalan que algunas cosas han mejorado en cuanto al diálogo y disposición de las autoridades venezolanas. Consecomercio reconoce una mejoría en cuanto a las fiscalizaciones: “Nosotros entendemos que las fiscalizaciones son necesarias e importantes y las autoridades han entendido que la filosofía de la fiscalización tiene que ser constructiva”. Reportan que la dinámica mejoró con el Ministerio de Comercio en particular; sin embargo, esperan que el diálogo con el Poder Legislativo y otros ministerios se traduzca en acciones concretas. 4. ¿Qué podemos esperar? Durante la segunda mitad del siglo XX se pusieron en práctica dos modelos de desarrollo industrial que siguen siendo referencia. Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) promovió la sustitución de importaciones en la región, los países asiáticos implementaron una política industrial activa. En términos sencillos, el primer modelo se basó en proteger la industria local con respecto a las importaciones para estimular el autoabastecimiento y reducir la dependencia de las importaciones. Se impusieron restricciones, aranceles y encarecimiento del tipo de cambio. Por otro lado, el modelo asiático incentivó el crédito y la inversión en empresas de sectores seleccionados para estimular sus exportaciones, haciendo que sus productos fueran competitivos internacionalmente. Durante décadas, en Venezuela, las divisas subsidiadas abarataron las importaciones de bienes finales e intermedios para empresas y personas. “Muchos negocios establecieron estructuras de costos alrededor de los subsidios cambiarios y se acostumbraron a las distorsiones. Ahora que se acabó el subsidio tienen que adaptarse a depender de sus propios recursos financieros y competir”, afirma Cunto. Entre 2012 y 2019, el sistema cambiario venezolano abandonó paulatinamente el modelo de otorgamiento de divisas a precios preferenciales y subsidiados, a medida que el ingreso petrolero caía y el financiamiento monetario del gasto público aumentaba, diluyendo el valor de los bolívares por efecto de la inflación. Tras la contracción de la economía y el consumo, el empobrecimiento de la población y la escasez, el Ejecutivo implementó exoneraciones arancelarias para abaratar las importaciones, ya beneficiadas por efecto de la contención del tipo de cambio. Estas exoneraciones arancelarias se mantienen, con ligeras modificaciones en cuanto a los rubros seleccionados. El efecto de esta política fue aumentar el abastecimiento con bienes finales importados y abaratar el consumo para influir en la percepción de bienestar de la población. A pesar del beneficio que esta política puede traer para abaratar la importación de bienes intermedios, para estimular y abaratar la producción local, los incentivos están dados en mayor medida para que sean los consumidores quienes se beneficien de un mayor acceso a bienes y servicios. Al mismo tiempo, las empresas logísticas y comercializadoras podrían beneficiarse en la medida en que distribuyan y vendan productos colombianos en Venezuela. Con las inversiones y las políticas adecuadas, Venezuela tiene oportunidad de proveer algunos productos que Colombia no genera localmente y que le resultarían más costosos importar desde otros orígenes. Colombia es un país con 50 millones de habitantes y una economía de 350 mil millones de dólares, apetecible para los productores venezolanos. La úrea para la fabricación de fertilizantes es un ejemplo: este rubro estuvo entre los primeros cargamentos que Venezuela despachó a Colombia como consecuencia de la apertura comercial. Vendió a descuento un producto que actualmente está escaso y con precios en aumento por efecto de la guerra en Ucrania, dado que Rusia es el principal exportador. Los pronósticos sobre la economía venezolana tienden a parecer apocalípticos; sin embargo, los posibles efectos negativos por la reapertura comercial con Colombia pudieran no ser tan drásticos. El impacto será gradual y moderado. La cercanía geográfica reduce los tiempos y los costos logísticos, pero no convertirá a Colombia en el principal socio comercial de Venezuela ni viceversa, lo que también reduce la posibilidad de que los productores venezolanos sean desplazados masivamente. “Colombia exporta petróleo y café, bienes agrícolas y textiles”, recuerda Santana. Eso explica por qué Venezuela y Colombia, a pesar de ser importantes socios comerciales, nunca han sido los principales socios comerciales el único del otro. Tanto Venezuela como Colombia tienen otros más productivos, competitivos y con mejores precios en Estados Unidos, Europa o Asia, a pesar de los costos logísticos y la distancia. Venezuela puede ganar acceso a bienes finales e intermedios que llegan a Colombia como resultado de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Corea del Sur e Israel, explica Luis Alberto Russián. Estos acuerdos también pueden aprovecharse para insertar productos venezolanos en esos mercados que ya benefician a los productores colombianos. Sin embargo, como todos los asuntos que dependen de la certidumbre institucional en Venezuela, las soluciones más factibles parecen aquellas que dependen directamente de la acción de los ciudadanos y las empresas. Gremialistas y expertos consultados coinciden en que la reapertura comercial, con sus ganadores y perdedores, contribuirá a un proceso de reacomodo productivo. Las empresas deben estar dispuestas a redirigir sus esfuerzos hacia las actividades o rubros con mayores oportunidades. “Nuestro enfoque como país exportador tiene que ser hacia nuestras ventajas competitivas y no hacia nuestras capacidades. Quizás una empresa con una capacidad instalada muy alta produce algo que no es competitivo en el mundo, por lo que probablemente tenga que hacer un trabajo de reingeniería para ver cuáles son sus fortalezas”, explica Tiziana Polesel. Lo mismo aplica para abastecer al mercado interno, sobre todo si se pretende competir con importaciones. En cuanto a la sustitución de importaciones o la política industrial activa, Alejandro Gutiérrez es claro: “El Estado, en este caso, no está muy interesado ni tiene recursos para financiar un proceso de reestructuración productiva. Lo que se viene es un darwinismo social: van a sobrevivir los más aptos, los más competitivos”. Tendrán mayor oportunidad de sobrevivir quienes identifiquen y redirijan sus esfuerzos productivos hacia áreas con mayores ventajas, porque las condiciones óptimas podrían no llegar nunca: “Estamos obligados a trabajar y ser más competitivos. Si no lo podemos hacer con Colombia va a ser más complicado con otros países”, explica Russián. Superar la crisis puede no ser suficiente. “Aquellos que lograron resistir aprendieron a trabajar en un entorno de colapso macroeconómico, con autoridades activamente hostiles a sus intereses. Sin embargo, eso no necesariamente los hará competitivos para lidiar con productos extranjeros procedentes de economías mucho más funcionales”, concluye Giorgio Cunto. Cabe preguntarnos, como consumidores, si el acceso a productos importados baratos en realidad nos beneficia. El fracaso de las empresas venezolanas en ese pulso de competitividad, por distorsiones que están fuera de su control, es también el fracaso de nuestra economía en su intento por generar riqueza y valor agregado. Al fin y al cabo, sin generación de riqueza nuestros niveles de consumo son insostenibles. Prodavinci

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