Phil Gunson archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

La tensión creciente entre Venezuela y Guyana por la región de Esequibo ha reavivado los temores de un conflicto fronterizo entre los dos países. ¿Qué hay detrás de la disputa? ¿Por qué ha estallado? ¿Es probable que desemboque en un conflicto interestatal? Una serie de tensos encuentros en tierra y mar a lo largo de la disputada frontera entre Venezuela y Guyana ha reavivado los temores de que estalle un conflicto entre los dos Estados latinoamericanos. El anuncio del gobierno venezolano del 7 de enero de que planea celebrar elecciones en el estado de Guayana Esequiba, que incluye gran parte del territorio de la vecina Guyana, fue el preludio de la última ronda de fricciones. El 1 de marzo, una cañonera de la armada venezolana se acercó a los buques de producción petrolera de ExxonMobil, que operaban en el bloque marítimo de Stabroek, al noreste de la capital guyanesa, Georgetown, para informarles de que estaban invadiendo lo que Venezuela considera su zona económica exclusiva. En respuesta, el gobierno de Guyana movilizó a su fuerza aérea y a su guardia costera en la zona, notificó a las organizaciones multilaterales y a sus aliados, y emitió una protesta formal calificándolo de amenaza a su integridad territorial. El apoyo extranjero a la posición de Guyana no se hizo esperar. Los líderes de la Organización de Estados Americanos, la Mancomunidad de Naciones y la Comunidad del Caribe (Caricom), así como varios gobiernos, incluidos los de Francia, Canadá y Reino Unido, también protestaron. En una visita a Guyana a finales de marzo, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, dijo que sería un “día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil”. Caracas, sin embargo, rechazó la demanda guyanesa, alegando que el incidente había tenido lugar en aguas del disputado territorio del Esequibo, que Caracas reclama como perteneciente a Venezuela. Georgetown también ha tratado de obligar al gobierno venezolano a abandonar su plan de celebrar elecciones en el Esequibo, un territorio del tamaño aproximado del estado de Florida que representa aproximadamente dos tercios de la actual Guyana. El 6 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana solicitó formalmente “medidas provisionales” a la Corte Internacional de Justicia, que está examinando la disputa bilateral, con el fin de disuadir a Venezuela de incluir al Esequibo en las elecciones parlamentarias y regionales previstas para el 25 de mayo. El ministerio advirtió que, de no tomar medidas, podrían producirse “perjuicios graves e irremediables a los derechos de Guyana”. Este último episodio se produce tras años de creciente animosidad entre los dos países por su disputada zona fronteriza, una región escasamente poblada a la que solo se puede acceder en barco o en avión. Partes de la región, especialmente las más cercanas a Venezuela, donde la población está formada en su mayoría por comunidades indígenas, junto con contrabandistas y trabajadores de minas de oro ilegales, se ven especialmente afectadas por la delincuencia y la violencia. Los grupos criminales armados venezolanos y colombianos compiten por los recursos mineros mediante extorsiones a los lugareños y las rutas de tráfico de drogas. La delincuencia en la región ha servido como desencadenante de disputas interestatales. En un incidente ocurrido el 17 de febrero, seis soldados guyaneses fueron tiroteados y heridos en la frontera entre Venezuela y Guyana en un ataque que parece haberse debido a un malentendido entre las fuerzas de seguridad guyanesas y miembros de un grupo del crimen organizado venezolano por las tasas de extorsión de un buque naval. El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, culpó al gobierno venezolano por no poner freno a la actividad delictiva, afirmando que “la inacción es complicidad”, mientras que su homólogo venezolano, Yvan Gil, calificó el incidente como una “operación encubierta diseñada para manipular la opinión pública y desviar la atención de las violaciones del derecho internacional que Guyana está cometiendo en Guayana Esequiba”. ¿Qué hay detrás de la disputa? Las disputas sobre la demarcación de la frontera entre los dos países tienen sus raíces en la época colonial y llegaron a un punto crítico en 1899. Ese año, Venezuela y Reino Unido acordaron crear un tribunal internacional para resolver la disputa sobre la frontera de la Guayana Británica. Venezuela, que había roto relaciones con Londres, estuvo representada por Estados Unidos, mientras que la Guayana Británica estuvo representada por el Reino Unido. Un juez ruso desempeñó el papel de tercero supuestamente neutral. Caracas afirma que el fallo del panel fue el resultado de un acuerdo secreto entre los gobiernos ruso y británico, que los jueces estadounidenses aceptaron como el menor de dos males. De haberlo rechazado, según el argumento, las otras partes podrían haber producido un fallo mayoritario aún más perjudicial para Venezuela (y para los esfuerzos de Washington por minimizar la presencia de potencias europeas en América). El caso venezolano para el control del Esequibo se basa en la publicación póstuma de un memorándum escrito por un miembro de la delegación estadounidense en el que se esboza el supuesto acuerdo secreto. Esto se convirtió en la base del rechazo de Venezuela a la sentencia de 1899, que presentó formalmente ante la ONU en 1962. En 1966, cuando la Guayana Británica estaba a punto de lograr la independencia como Guyana, el Reino Unido, Venezuela y las autoridades de Georgetown firmaron lo que se conoció como el Acuerdo de Ginebra, comprometiéndose a buscar una solución pacífica y mutuamente aceptable a la disputa fronteriza en un plazo de cuatro años o a acordar una forma de adjudicación. Sin embargo, una comisión mixta creada por los dos países no logró llegar a un acuerdo dentro del plazo estipulado, y en 1970 firmaron el Protocolo de Puerto España, que esencialmente archivó el asunto durante doce años, hasta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, remitieron el asunto al Secretario General de las Naciones Unidas en 1987. Una serie de representantes personales de los líderes de la ONU demostraron ser incapaces de salir del punto muerto, y el asunto seguía sin resolverse cuando el presidente Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, proclamando la revolución bolivariana. La reivindicación del Esequibo fue (y sigue siendo en gran medida) uno de los pocos temas que une a los venezolanos de todas las tendencias políticas. Pero esta postura pronto entró en conflicto con sus esfuerzos por llevar a los vecinos caribeños del país a su esfera de influencia. Caricom, con sede en Georgetown, siempre ha apoyado firmemente la posición de Guyana, al igual que Cuba, por lo que Chávez suavizó las pretensiones de Venezuela para cortejar a sus vecinos caribeños y posibles aliados en otras partes del mundo. En febrero de 2004, Chávez visitó Georgetown y, en un discurso que sus oponentes suelen citar como una capitulación, declaró públicamente que no se opondría a “ningún proyecto en la región que sirva para beneficiar a sus habitantes”. En 2008, fue más allá y describió la disputa entre Venezuela y Guyana como producto de una estrategia estadounidense destinada a derrocar al gobierno izquierdista del presidente guyanés Forbes Burnham (1980-1985) mediante la creación de un conflicto entre ambos. Los esfuerzos por llevar adelante la reclamación fueron minimizados durante el gobierno de Chávez (1999-2013) y solo fueron reavivados por su sucesor, Nicolás Maduro, una década después de la muerte de Chávez. ¿Cuál es el estado legal actual de la reclamación de Venezuela? En enero de 2018, el secretario general de la ONU, António Guterres, determinó que los “buenos oficios” de la organización internacional no habían logrado producir una solución a la disputa del Esequibo. Decidió que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) serviría como mecanismo de arbitraje, según lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra. En marzo de ese año, Guyana solicitó formalmente a la CIJ que se pronunciara sobre el asunto. Sin embargo, Venezuela impugnó la jurisdicción del tribunal. En diciembre de 2020, la CIJ dictaminó que sí tenía jurisdicción en virtud de los términos del Acuerdo de Ginebra y, en enero de 2023, ordenó a Venezuela que “se abstuviera de tomar cualquier medida que modificara la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa”. El gobierno de Maduro sigue negándose a reconocer la autoridad de la Corte en la materia y ha pedido que se reanuden las conversaciones bilaterales. Pero Guyana se ha negado a entablar un diálogo directo, argumentando que el caso ha seguido todos los pasos previstos en el Acuerdo de Ginebra: las partes intentaron llegar a un acuerdo entre ellas y, al no conseguirlo, remitieron la decisión al secretario general de la ONU. El secretario general, siguiendo los términos del acuerdo, eligió la CIJ como mecanismo de resolución de disputas. Los expertos señalan que el Acuerdo de Ginebra, en efecto, ha seguido su curso. ¿Por qué ha vuelto a estallar esta disputa latente? Las relaciones entre Caracas y Georgetown comenzaron a cambiar drásticamente con el descubrimiento por parte de ExxonMobil, a partir de 2008, de vastas reservas de petróleo en alta mar que convertirían a la otrora pobre Guyana en un potencial gigante energético. Irónicamente, ExxonMobil había abandonado Venezuela el año anterior, después de que el gobierno expropiara sus activos sin compensación e impusiera cambios radicales en las condiciones en las que las compañías petroleras extranjeras podían operar en el país. A pesar de la disputa por el Esequibo, Guyana siguió beneficiándose entre 2005 y 2015 del programa Petrocaribe, en virtud del cual Caracas proporcionaba petróleo barato a los países vecinos. Sin embargo, esa asociación terminó cuando la economía venezolana entró en un período de declive catastrófico, debido a la mala gestión, la corrupción y, más recientemente, las sanciones de Estados Unidos. Mientras tanto, la economía de Guyana se convirtió en la de más rápido crecimiento del mundo. Gran parte de su petróleo offshore se encuentra bajo aguas sobre las que Venezuela reclama soberanía. Para el gobierno de Maduro, que intentaba salvar una economía que se había reducido hasta en un 80 % en su primera década en el poder y se enfrentaba a sanciones paralizantes, la reclamación del Esequibo de repente comenzó a cobrar mucha más importancia en su pensamiento económico. Venezuela ha instrumentalizado la cuestión del Esequibo como un medio para conseguir apoyo en torno a una causa patriótica, una consideración vital para un gobierno que ha perdido progresivamente gran parte de su popularidad y que utilizó su férreo control sobre los sistemas electoral y judicial, así como su aparato de seguridad, para frustrar la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024. A finales de 2023, el presidente Maduro anunció que Venezuela celebraría un referéndum consultivo en diciembre de ese año con el fin de obtener el respaldo público necesario. Se pidió a los votantes que rechazaran el fallo de 1899 y la jurisdicción de la CIJ, y que aprobaran la creación del estado de Guayana Esequiba y la concesión de la ciudadanía venezolana a sus habitantes. En total, había cinco preguntas, que fueron aprobadas por amplios márgenes, aunque los vacíos centros de votación contrastaban con las afirmaciones oficiales de que habían votado más de diez millones de personas. Poco después, la Asamblea Nacional controlada por el gobierno aprobó la creación del nuevo estado, que comprende la propia Guayana Esequiba y el municipio fronterizo venezolano de Sifontes. Maduro nombró gobernador a un general retirado (y más tarde almirante), con sede en Tumeremo, la capital municipal de Sifontes. Los planes manifiestos de Venezuela sobre el territorio en disputa avivaron la preocupación en toda América Latina y el Caribe. Tras la decisión de Venezuela de crear Guayana Esequiba, la presión regional, especialmente del gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, llevó a los presidentes Maduro e Irfaan Ali a mantener una reunión cara a cara el 14 de diciembre de 2023, bajo los auspicios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Caricom. En la reunión, a la que también asistieron varios jefes de gobierno del Caribe y altos representantes de Brasil, Colombia, Honduras y la ONU, los dos presidentes firmaron la Declaración de Argyle (que recibe su nombre del aeropuerto de San Vicente y las Granadinas, donde se celebró la reunión), en virtud de la cual acordaron no agravar la disputa y crear una comisión conjunta para abordarla. Sin embargo, este avance diplomático no sirvió para calmar los malos sentimientos entre las dos partes, impulsados en gran parte por el enfoque más práctico de Venezuela hacia la región en disputa. Las fuerzas armadas venezolanas desplegaron personal y equipo militar en la frontera y comenzaron a producir vídeos en los que, según afirmaban, se les veía atendiendo las necesidades de la población de Esequibo. En una medida que causó especial preocupación en Georgetown, en julio de 2024 completaron un puente que conecta el territorio continental venezolano con una base militar en la disputada isla fluvial de Ankoko, que se extiende a ambos lados de la frontera. El gobierno guyanés, que afirma que la base está ubicada en su territorio, convocó al embajador venezolano y declaró que la medida constituye una violación del Acuerdo de Argyle. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca un conflicto armado? Es concebible que Caracas se sienta tentada a emplear la fuerza de las armas para hacer valer su reivindicación, dada la inmensa disparidad entre el tamaño y la capacidad de sus fuerzas armadas y las de la minúscula Fuerza de Defensa de Guyana. Pero cualquier movimiento de este tipo desencadenaría una respuesta regional e internacional instantánea a nivel diplomático e incluso, potencialmente, a nivel militar. Algunos de los aliados de Guyana han enviado señales de que actuarían en defensa del país si fuera necesario. En enero de 2024, Londres envió un buque patrullero de alta mar, el HMS Trent, en una visita a Georgetown para reafirmar su compromiso con la seguridad de Guyana. Washington ha enviado a funcionarios civiles y militares de alto rango, desplegado activos militares en la región, realizado ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Guyana y recientemente firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad con Georgetown. En una reunión celebrada el 14 de marzo, los miembros del G7 calificaron de “inaceptables y una violación de los derechos soberanos de Guyana reconocidos internacionalmente” las acciones de Venezuela. De hecho, Caracas está en desacuerdo sobre la cuestión del Esequibo no solo con sus adversarios tradicionales, sino también con algunos de sus aliados más cercanos, como La Habana y, potencialmente, Pekín, cuya China National Offshore Oil Corporation posee una participación del 25 % en el bloque de Stabroek. En estas circunstancias, cualquier maniobra militar venezolana en el Esequibo probablemente resultaría contraproducente. El mayor riesgo de conflicto interestatal, no visto en Sudamérica desde 1995, bien podría derivarse no de una invasión total, sino de un error de cálculo de una de las partes que conduzca a una escalada involuntaria, aunque probablemente de duración limitada. No hay carretera desde Venezuela hasta Guyana y gran parte del Esequibo es montañoso y/o densamente boscoso, lo que complica cualquier incursión potencial de infantería y significa que una columna blindada venezolana tendría que entrar en el norte de Brasil para penetrar en la zona, una perspectiva que a finales de 2023 llevó al gobierno brasileño a enviar refuerzos militares a su frontera norte. Sin embargo, las instalaciones petrolíferas marítimas de Guyana son vulnerables al acoso de la armada y la fuerza aérea venezolanas, que cuentan con cazabombarderos Su-34 de fabricación rusa, entre otros activos. ¿Qué nos depara el futuro inmediato? El gobierno de Maduro parece decidido a seguir adelante con su plan de elegir un gobernador y ocho diputados de la Asamblea Nacional para representar al recién creado estado de Guayana Esequiba, a pesar de que casi todo su territorio y población están controlados por Guyana. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha aclarado quién votará ni cómo. No existe un censo electoral para el nuevo estado y algunos expertos han sugerido que se podría invitar a los votantes venezolanos en su conjunto a emitir su voto en nombre del nuevo estado. Mientras tanto, los esfuerzos para evitar una futura confrontación están cobrando fuerza, pero hasta ahora han sido en vano. En respuesta al incidente del 1 de marzo, el primer ministro Ralph Gonsalves de San Vicente, que fue anfitrión de la reunión de Argyle y es uno de sus tres garantes clave (junto con Caricom y Brasil), celebró inmediatamente una ronda de reuniones para discutir la última escalada. El presidente Maduro, sin embargo, exige una reunión con Ali de Guyana, acusándolo de diseñar “planes bélicos”. El 15 de marzo, Ali reiteró que el asunto estaba en manos de la CIJ y que no habría reunión bilateral mientras Venezuela continuara “despreciando descaradamente la Declaración de Argyle”. Caricom ya había declarado en abril de 2024 que, al consagrar la defensa del nuevo estado en la ley, Venezuela estaba violando el Acuerdo de Argyle, subvirtiendo el derecho internacional y señalando una posible agresión contra su vecino. Subrayando la sensibilidad en torno a los planes electorales de Venezuela, el gobierno de Georgetown ha declarado que cualquier ciudadano guyanés que vote el 25 de mayo estará cometiendo traición. Tal como están las cosas, la trayectoria del conflicto depende en gran medida de las intenciones estratégicas del gobierno de Maduro hacia el Esequibo, que siguen siendo difíciles de determinar. Caracas puede creer que la presión concertada y la retórica belicista obligarán al gobierno de Georgetown a ceder una parte de su bonanza petrolera para aplacar a Venezuela y garantizar un entorno empresarial menos turbulento, aunque parece poco probable que la CIJ obligue a Guyana a hacer concesiones territoriales reales. Aunque es posible que Maduro esté considerando si una escalada militar podría redundar en beneficio de su gobierno, todavía no hay indicios de que las fuerzas armadas venezolanas se estén preparando para una intervención a gran escala. Sin embargo, el momento en que se produjo el incidente de ExxonMobil y la retórica que lo acompañó sugieren que Maduro podría estar poniendo a prueba la determinación de la administración Trump con respecto a la defensa de su aliado Guyana. Caracas ha empezado a llamar a Ali el “Zelenski del Caribe” tras la reunión del líder ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca con Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance, en la que fue menospreciado por sus homólogos estadounidenses, un apodo que puede tener la intención de ridiculizar las quejas de Guyana sobre la “agresión” venezolana. Sin embargo, el gobierno de Maduro está obligado a actuar con cautela, ya que observa de lejos el debate sobre más sanciones destinadas hacia un cambio de régimen en Caracas y los que prefieren un acuerdo sobre la política energética y migratoria. Hasta ahora, EEUU no ha amenazado a Venezuela con más sanciones como respuesta a la cuestión del Esequibo. Por ahora, no se aprecian fisuras en la política estadounidense de apoyo a Guyana. El 13 de marzo, la embajadora de Estados Unidos en Georgetown, Nicole Theriot, declaró que Washington “siempre estará hombro con hombro” con Guyana y apoyó la posición guyanesa “al 100 % contra esta agresión”. Mientras Rubio visitaba Guyana y advertía a Venezuela de las consecuencias de cualquier ataque, un crucero de la armada estadounidense realizó ejercicios con buques guyaneses en alta mar. Si se iniciara un conflicto interestatal, es de suponer que Rusia se pondría del lado de Caracas, pero China, que pronto obtendrá importantes ganancias de su participación en el bloque de Stabroek, probablemente utilizaría la presión diplomática para evitar hostilidades abiertas. En este entorno inestable, la búsqueda de una solución diplomática es cada vez más urgente. No se espera que la CIJ se pronuncie sobre la disputa hasta mediados de 2026 como mínimo, y dada la intención anunciada por Venezuela de ignorar el resultado de sus deliberaciones, es poco probable que el veredicto ponga fin al asunto. De hecho, algunos observadores advierten de que el período entre las elecciones de Guyana a finales de 2025 y el fallo de la CIJ podría ser especialmente tenso. Si las elecciones conducen a una coalición gubernamental más débil en Georgetown, Caracas podría ver una oportunidad para cambiar las condiciones sobre el terreno antes del veredicto del tribunal. Como se ha señalado anteriormente, el primer ministro de San Vicente, Gonsalves, ha estado intentando superar el punto muerto con una diplomacia itinerante; Brasil también había esperado mediar en la crisis, aunque las tensiones entre Caracas y Brasilia tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han obstaculizado esos esfuerzos. Con pocas vías hacia un acuerdo a la vista, el gobierno de Maduro puede creer que hay beneficios políticos y económicos que se pueden obtener aumentando la tensión, y pocos costes. Pero con Guyana al límite y con grupos armados no estatales operando libremente a través de las fronteras de Esequibo, un incidente violento en el territorio en disputa podría convertir la desconfianza que prevalece entre los Estados en una confrontación armada. Aunque la colocación de activos navales estadounidenses o británicos en las aguas en disputa podría ser un elemento disuasorio, también aumenta el riesgo de cualquier estallido entre los vecinos suramericanos. Es indispensable que la región, liderada por Brasil y el Caricom, advierta a Caracas de las consecuencias de cualquier agresión armada. En principio, el eventual fallo de la CIJ debería representar la última palabra sobre la disputa. Presionar a Venezuela para que reconozca la jurisdicción de la Corte, pero también prepararse para manejar las consecuencias de la continua negativa de Caracas a hacerlo a través del compromiso diplomático y las advertencias sobre los riesgos de la intransigencia, será esencial para evitar el conflicto. Analista sénior de Crisis Group.

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