Naudy Suárez Figueroa archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

El trienio democrático de 1945 a 1948: el ensayo, el error y la enseñanza. “Por eso echamos por aquel atajo, seguros de que al tenerlo bajo nuestras plantas, responsablemente asentadas en él, le quitaríamos angosturas y torceduras y a la ocasión eventualmente propicia para nosotros, lo convertiríamos en punto de partida de perdurables felicidad y dignidad de Venezuela. De tal modo que bien puedo y debo agregar ahora, sin que se me atribuya gana de jugar con las palabras, que de esa colaboración nuestra al levantamiento de armas el lema fue éste: desviarnos para enderezar”. Rómulo Gallegos, exilado en México, en ocasión de la clausura de la asamblea de conmemoración del XIV aniversario del partido Acción Democrática, el 13 de septiembre de 1955. Una revolución casi universalmente bienvenida El 18 de octubre de 1945, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, coaligados con un partido cuyo nombre era en sí mismo un programa político, Acción Democrática (A.D.), inició una rebelión armada que, en cuestión de horas, produjo la caída del régimen político venezolano encabezado desde 1941 por el general Isaías Medina Angarita. Se abrió así paso a la formación de una Junta Revolucionaria de Gobierno compuesta por cinco civiles (Rómulo Betancourt, quien la presidiría, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, militantes de A.D., y un independiente, el médico Edmundo Fernández) y dos militares (el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Ricardo Vargas). Mientras la parte castrense alegó como motivo principal de la violenta iniciativa el descontento originado en su seno por la utilización hecha del ejército como “guardia pretoriana” o “policía” “al servicio del Presidente de la República”, el argumento fundamental encontrado por A.D. para plegarse a la misma tuvo que ver con el designio de reemplazar a un gobierno resistido a establecer el voto democrático. El gobierno de Medina Angarita demostró en la coyuntura que, aunque detentaba el control del aparato del Estado, carecía, en cambio, del apoyo efectivo de otras fuerzas importantes de carácter político, económico o social. Las propias gestiones gubernamentales medinistas para constituir, con la ayuda del poder, un partido propio -llamárase en su momento Partidarios de la Política del Gobierno (P.P.G.) o Partido Democrático Venezolano (P.D.V.)-, se habían desarrollado más bien morosamente y su estreno electoral, en 1944, manchado por el ventajismo e incluso el fraude. Dos hechos, acontecidos ambos en las postrimerías del gobierno medinista, constituirían, a nuestro entender, buena muestra de la subida miopía de que hizo gala el régimen en lo que se refiere a calibrar la importancia de ganar para sí la buena voluntad de ciertas importantes fuerzas sociales entonces en notorio proceso de articulación. El primero tuvo como escenario el mundo sindical y el segundo, el ámbito de la economía privada. El 23 de marzo de 1944 se instaló en Caracas una Convención de Trabajadores, cuyo principal cometido era la estructuración de una central obrera nacional. En ella, sin embargo, una disputa por su control político entre un grupo de sindicalistas comunistas, simpatizantes del gobierno de Medina, y otro de afectos a Acción Democrática, se zanjó el 24 de marzo con una orden gubernamental de disolución de la Convención y de ilegalización de los 91 sindicatos y federaciones de sindicatos de influencia marxista, medida que seguramente causó más daño al propio gobierno que al partido que entonces encarnaba con mayor éxito popular la oposición al mismo: Acción Democrática. Por otra parte, el siguiente 17 de julio abrió sesiones en Caracas una reunión empresarial destinada a constituir la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. Mientras que un avisado político opositor al gobierno, Rómulo Betancourt, entrevió de modo clarividente en dicho evento una señal inequívoca de la maduración del sector económico privado, el Presidente Medina brilló por su ausencia en su acto de instalación, sin que paliara tal omisión siquiera un mensaje congratulatorio. “Liberal” y “democrático” como se autotitulaba y le titulaban sus partidarios y aliados políticos -particularmente los comunistas-, Medina Angarita no osó, sin embargo, llevar tales predicamentos hasta su lógico corolario: la instauración del voto universal. Y ello, a pesar del estímulo que para la expansión de la democracia en nuestro país representaban por entonces tanto el ambiente externo -signado por la Carta del Atlántico de 1942 y la derrota de los gobiernos totalitarios de Europa y Asia, en 1945- como el interno, en donde ciertos sectores políticos, particularmente el partido Acción Democrática, presionaban con mayor o menor vigor en dicho sentido. Desde este punto de vista, habría tenido su buena razón Rómulo Betancourt -ducho desde tiempo atrás en acuñar epítetos punzantes- para motejar al gobierno de Medina Angarita de «autocracia con atuendo liberal». Y es que en este último gobernante, como en su predecesor en el poder, el general Eleazar López Contreras -reformistas bien intencionados los dos, vaya la verdad por delante-, parecen, visto a distancia, haberse impuesto las ideas de aquellos a quienes el propio Betancourt denominaría por ese entonces «sociólogos del pesimismo», por participar del pensamiento de que el pueblo venezolano no estaba suficientemente preparado para ejercer la democracia. Atiéndase, si no, a lo que, al concluir su quinquenio presidencial, en 1941, había estampado el sucesor de Gómez en el poder: “Soy el primero en reconocer que aún no hemos llevado a la práctica todas las conquistas de la democracia, pero ello no se debe a una acción negativa del régimen sino a circunstancias de carácter racial, ambiental e histórico que es menester ir encauzando con la evolución ininterrumpida del elemento humano, cuya inteligencia, sentimiento y voluntad es necesario educar progresivamente para el ejercicio de los derechos políticos. Y aquí estriba precisamente la diferencia de métodos entre quienes propugnan que debe llegarse a esa finalidad por el camino de la revolución y la violencia y aquellos que sostienen poder lograr idéntica finalidad usando de la forma evolutiva, que educa e incorpora al hombre a una categoría pensante superior. Hemos logrado, pues, una conciencia social preparada para la culminación de las prácticas democráticas y estoy seguro de que continuando esa proyección del régimen que dejo establecido, lograremos llegar en un día no muy lejano a conquistas más amplias, en primer término a la instauración del voto directo para la elección del Primer Magistrado Nacional”. Un programa político de atracción contagiosa El programa lanzado al aire por la Junta Revolucionaria de Gobierno, triunfante la Revolución de Octubre, hizo, por el contrario, de «… convocar el país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir sus representantes, darse la Constitución que anhelan y escoger el futuro Presidente de la República” la “misión inmediata” de dicha Junta. El país virtualmente entero acogió con beneplácito el nuevo orden político que se estrenaba con tal propuesta y que, ya al nacer, contaba con el apoyo del estamento militar y también el de la más popular de las organizaciones políticas entonces existentes, el partido Acción Democrática. En plan de elaborar, con auxilio de la prensa contemporánea, un listado parcial, pero socialmente indicativo, de pronunciamientos favorables al “movimiento revolucionario”, resultaría que los ejecutaron, en los días inmediatamente posteriores al 18 de octubre, gremios como la Asociación Venezolana de Periodistas, los Colegios de Médicos y de Abogados; los profesores universitarios; agrupaciones estudiantiles a la manera de la Confederación de Jóvenes, la Unión Nacional Estudiantil, el Comité Estudiantil Revolucionario y la República Liceísta del Liceo “Fermín Toro” de Caracas ; uniones de mujeres (verbigracia Acción Femenina de Venezuela) y hasta fraternidades a la manera de la masonería de las ciudades de Barcelona y Valencia o el Club de Leones de Caracas. El 30 de octubre de 1945, Rómulo Betancourt, en su condición de Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pudo decir, pues, a nuestro modo de ver fundadamente, en alocución al país: “El respaldo fervoroso dado por el pueblo a la revolución, la legitima. El desmoronamiento del régimen en el curso de escasas horas, revela cómo estaban minadas sus bases y cómo carecía de asideros en la opinión”. Buenas nuevas para patronos y obreros de parte de la revolución El 21 de octubre, la Cámara de Industriales de Caracas, emitió un comunicado en donde hizo pública su resolución de colaborar con el nuevo régimen y un día después Rómulo Betancourt, en su condición de Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno recibió en Miraflores, primero, a un grupo de destacados hombres de negocios, y más tarde, a representantes de 52 sindicatos obreros. A los empresarios, aparte de explicarles que el gobierno recientemente instalado trataría «de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo», les dio la noticia de que, por fin, se haría realidad una disposición insertada en la Constitución Nacional de 1936, hasta entonces letra muerta, en cuya virtud se disponía la creación de un Consejo de Economía Nacional, compuesto por representantes del gobierno, de la universidad, del capital y del trabajo, al cual la misma Constitución confería la condición de cuerpo consultivo gubernamental en la materia de su nombre. Y para los sindicalistas tuvo, a su turno, Betancourt estas palabras: “… la política de la vivienda popular, de la alimentación racional y abundante para el pueblo, y el mejoramiento de las condiciones generales de las clases media, obrera y campesina, serán objetivos centrales de nuestra preocupación”. Y también estas otras: “En relación al movimiento obrero, estamos plenamente definidos en el sentido de que se le rodee de toda garantía; de que el derecho de sindicalización sea respetado, que se estimule la organización de los trabajadores en sus sindicatos de resistencia económica, porque consideramos que el obrerismo y el campesinado organizados son una garantía de estabilidad para un gobierno democrático. A los patronos hemos dicho, en la reunión de esta mañana, estas mismas cuestiones; además, que nosotros no venimos, como gobierno, a fomentar artificialmente una especie de guerra civil entre los factores de la producción; que creemos que los problemas obrero-patronales bien pueden ser resueltos con espíritu de equidad, cuando hay un Ejecutivo interesado en la vigencia de esa equidad”. La respuesta a las expresiones de Betancourt, a las que se unieron otras en parecido sentido del doctor Raúl Leoni, titular encargado del recientemente creado Ministerio del Trabajo, corrió a cargo de Augusto Malavé Villalba, Presidente de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y Estado Miranda, y militante de A.D., y no carece de interés. He aquí parte de ella: “Respecto de lo que acaba de manifestar el compañero Rómulo Betancourt, nosotros vemos los puntos siguientes: Primero, que se mantengan las condiciones que actualmente están rigiendo en los contratos de trabajo de los patronos con los obreros. Hasta podríamos llegar a fijar un plazo, o no fijar ninguno, sino que, hasta que se estabilice el gobierno, sigan rigiendo esas condiciones de trabajo, no permitiendo nosotros, como dirigentes responsables, que la demagogia venga a restarle apoyo a este movimiento, que se vengan a presentar pliegos de reivindicaciones que los patronos no están actualmente en condiciones de concederlas, para que entonces se presenten conflictos y se eche la culpa al gobierno provisional porque éste no las resuelve en forma favorable a los trabajadores. En esto nosotros le prometemos a la Junta que seremos responsables; pero quiero advertirles las condiciones en que se han venido desenvolviendo los trabajadores durante el régimen del general Medina. (…) En esta situación quiero hacer una promesa a la Junta de que tendrá el respaldo de todos los trabajadores, aun de aquellos organismos sindicales cuyos líderes se habían manifestado contrarios; no sus contingentes de hombres, ya que esos sindicatos no se habían reunido…» A continuación de lo dicho, los diarios caraqueños del 24 de octubre recogieron también en sus páginas un comunicado de FEDECÁMARAS, fechado la antevíspera, en el cual, hecho recuento de la reunión de Miraflores, se asentaba, de manera principal: “También, entre otras cosas, informó el señor Betancourt, que el Gobierno Revolucionario no tomaría medidas de orden económico sin consultar con los organismos interesados y que se crearía a la brevedad posible el Consejo Nacional de Economía en cuyo seno estarán representados los diversos sectores económicos del país con personas designadas por sus respectivas organizaciones. En vista de lo expuesto, la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, / ACUERDA: / Unico: Recomendar de la manera más amplia a todos los productores y comerciantes de Venezuela que presten su mayor colaboración a la normalización de la vida ciudadana en el deseo de lograr un progresivo desarrollo económico del país que redunde en beneficio de todas las clases sociales de Venezuela”. El clero se declara “ajeno a toda manifestación hostil a la revolución” El diario de la curia eclesiástica caraqueña, La Religión, publicó, por su parte, también el 24 de octubre, un telegrama, fechado cuatro días atrás, mediante el cual el arzobispo de Caracas, monseñor Lucas Guillermo Castillo, se había dirigido a la Junta para hacerle saber que el clero en su conjunto era “ajeno a toda manifestación hostil a la revolución”. En su número del siguiente noviembre, un extenso editorial de SIC, revista de opinión editada por los jesuitas, fue mucho más adelante. Tras afirmar: “En el ánimo de todos se ha impuesto una impresión consoladora: el más sincero espíritu patriótico anima a los conductores de la revolución”, añadió este taxativo párrafo: “Numerosos lectores de SIC, Revista de orientación católica, reclaman de ella una palabra de consigna y un consejo claro y definido sobre la actitud de los católicos en el momento presente. Lo vamos a formular breve y categóricamente: Hacer. Colaborar. Construir.” Lo que se esperaba en la “aurora rosada de una nueva era política” era, siempre según el mismo editorial, nada menos que “una revolución integral”. Octubre une a Betancourt, Villalba, Caldera y a los comunistas El futuro inmediato reservaba a los doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera la condición de líderes históricos de dos partidos políticos, a escasos días entonces de ser fundados: la Unión Republicana Democrática (U.R.D.) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (C.O.P.E.I.) y destinados ambos a realizar férrea oposición al gobierno de octubre. Pero, a la espera de tal contingencia, éstas fueron las palabras de Villalba a propósito del vuelco político operado el 18 de octubre: “Yo tengo que ver con gran interés y con respetuosa simpatía un movimiento que ha sido cumplido por lo mejor de nuestro ejército y por el propio pueblo venezolano”, y éstas otras, las de Rafael Caldera, -nombrado poco antes por la propia Junta Revolucionaria de Gobierno Procurador General de la Nación-, al ser preguntado sobre el por qué de su colaboración con la autoridad provisional: “-Esa colaboración la he prestado por varias razones. Primera, porque creo en la sinceridad de las promesas formuladas por el Movimiento Revolucionario y considero un deber ciudadano contribuir a que ellas se cumplan de una manera eficaz e inmediata. En segundo lugar, porque estimo que la primera obligación de todo venezolano es hoy la de sumar su esfuerzo hacia la normalización y estabilización de la República dentro del orden de cosas creado por la Revolución. En tercer lugar, porque como elemento de las nuevas generaciones, consideraba intolerable aquel estado de farsa en que se burlaba, nombrándola a cada instante, la voluntad nacional”. Las propias fracciones políticas comunistas, superado un primer momento de confusión acerca de la autoría del golpe de Estado, que, como se ha dicho antes, les llevó a enfrentarlo y a sufrir por ello, incluso, cárcel algunos de sus líderes, ejecutado un redondo viraje, emitirán sendos comunicados de apoyo explícito al cambio político operado. Como dirá algo más adelante el Secretario General del P.C.V., Juan Bautista Fuenmayor, los marxistas venezolanos, habían reconocido “.. en los acontecimientos de octubre una continuación, por otros medios, de la política iniciada por el ex Presidente Medina”. “Una mejor inteligencia” entre gobierno y empresarios En lo que atañe al empresariado privado, bien temprano, como se ha mencionado, había acudido éste a Miraflores para recibir de Betancourt atractivas ofertas. Y ello porque, en el sueño desde atrás acariciado por Betancourt de una Venezuela industrializada, con tractores mecánicos en los campos y fábricas humeantes en las ciudades, le correspondería a los hombres de negocios, en alianza con su contraparte trabajadora, jugar un decisivo papel. Al año siguiente, el 9 de marzo de 1946, reunida la II Asamblea Nacional de FEDECÁMARAS en Maracaibo, el propio Betancourt, en la reveladora condición de constituir el primer jefe de gobierno venezolano que se hacía presente en tal categoría de eventos, aprovechó la ocasión para animar con estas palabras a los empresarios criollos: “… quiero concluir diciéndoles que con la mayor confianza, con la mayor fe, realicen ustedes, hombres de empresa, la obra de invertir capitales en industrias reproductivas; que disminuyan los depósitos en los bancos; que no haya capital ocioso en Venezuela; que tiente menos a determinados inversionistas la adquisición con su dinero de fincas urbanas, de casas para alquilarlas, y que se interesen más en la inversión en las industrias dinámicas y creadoras; que a este impulso que está dispuesto a darle el Gobierno a la producción nacional, correspondan todos los sectores de la economía, impulsando ellos también la producción nacional”. De regreso a Caracas, el nuevo Presidente del patronato venezolano, Sr. Domingo Navarro Méndez, estuvo en capacidad de expresar en una alocución radiada el siguiente día 25 cómo “Con el advenimiento de la revolución de octubre, una mejor inteligencia ha facilitado nuestras relaciones con las autoridades Ejecutivas…” Ha también de agregar: “Nosotros, como organismo que refunde las actividades de la producción y del comercio, no somos organismo creador, pero sí, en todo caso y con la mayor decisión estaremos dispuestos a prestar a nuestro gobierno la colaboración necesaria en el estudio de los grandes problemas nacionales y conservando nuestra independencia apolítica (sic) defenderemos e impulsaremos cuantas actividades dentro del país reclame nuestra intervención”. Obreros y sindicatos “los más eficaces sostenedores del régimen democrático y los primeros en asumir su defensa” Desde 1936 y, de modo particular, a lo largo del período presidencial de Medina Angarita, los comunistas, por una parte, y los futuros adecos, por la otra, se habían disputado encarnizadamente la dirección del movimiento obrero. Pero, con la buena pro del nuevo gobierno presidido por Rómulo Betancourt, el sindicalismo ligado a A.D. creció vertiginosamente entre 1945 y 1948. En ese ambiente, pudieron ser organizadas, en noviembre de 1947, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.) y la Federación Campesina de Venezuela (F.C.V.), ambas bajo control absoluto de A.D. De la C.T.V. llegará a precisar Betancourt, con motivo de su fundación, que contaba con “más de ochocientos sindicatos de la ciudad y del campo, que agrupan y disciplinan a trescientos mil trabajadores manuales e intelectuales de la República”. Aunque en alguna oportunidad hubo por la época alusiones procedentes tanto de la parte sindical como de la gubernamental a la autonomía de que debía gozar el movimiento obrero organizado , en el hecho, la especie de vasos comunicantes establecidos entre agrupaciones políticas y organizaciones obreras desde los días iniciales del sindicalismo nacional, en 1936, no sufrió cambio de importancia durante el trienio, y ello se puso en clara evidencia con la calurosa defensa del gobierno octubrista asumida por el sindicalismo bajo influencia de A.D. Un buen ejemplo de lo dicho lo constituyó un acuerdo firmado el 5 de abril de 1946 por el II Congreso de Trabajadores Petroleros de Venezuela, en el cual se dispuso “Darle el más caluroso respaldo a la Junta Revolucionaria de Gobierno, por la labor realizada, excitándola a continuar por el sendero de la liberación económica y por el progreso social de Venezuela, mientras en comicios libres el pueblo elija la Constituyente y el futuro Presidente de la República, asegurándole la resolución unánime de los Trabajadores Petroleros de impedir el triunfo de cualquier movimiento contrarrevolucionario que pretenda retrotraer a Venezuela a situaciones ya superadas”. Y otro, lo expresado en un artículo aparecido el 18 de octubre de 1948 y suscrito por el Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Pedro Bernardo Pérez Salinas: “Sería larga la enumeración de los efectivos y cuadros sindicales, masas que no solamente atienden a la lucha por la defensa de sus intereses económicos y profesionales, sino que sabedores de lo que ello significa para la marcha y el ascenso del movimiento sindical, son los más eficaces sostenedores del régimen democrático y han sido los primeros en asumir su defensa”. La contraparte ofrecida por A.D. a su militancia obrera no fue menospreciable. El ya nombrado Pérez Salinas hizo, en un discurso tenido en la propia última fecha apuntada, el siguiente “recuento de las reivindicaciones sociales obtenidas por el movimiento sindical en tres años”: “Mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, horario de trabajo a tono con la salubridad de la industria, política de contratación colectiva y, sobre todo, que por primera vez el Estado venezolano, por obra de sus personeros, ha venido firmando contratos colectivos de trabajo con los trabajadores a su servicio”. Estuvo, además, una puesta en valor del mundo sindical que abrió camino a una significativa presencia de trabajadores (obreros, campesinos y empleados) en el parlamento nacional: conforme a palabras dichas por Pérez Salinas en igual ocasión, se contaban en el seno del Congreso Nacional de 1948 nada menos que “tres Senadores genuinamente obreros” y “dieciséis Diputados procedentes de los cuadros organizados de obreros, empleados y campesinos, los cuales han sido consecuentes con sus principios sindicales y democráticos”. Atisbos iniciales de un “pacto de concordia obrero – patronal” El 30 de mayo de 1946, Betancourt planteó por primera vez ante un auditorio de empresarios congregado en Caracas una idea cuya implementación constituiría para él motivo de especial, aunque frustrado, empeño a lo largo del trienio: la formalización de un «pacto de concordia obrero-patronal», destinado a buscar por partida doble el “desarrollo vigoroso de la producción nacional y defensa y vitalización del capital humano del país…» . Y explicaba de seguidas: “Ese pacto consistiría en la creación de un tribunal de conciliación o avenimiento, formado por representantes de los patronos, de los trabajadores y por personeros del Gobierno que intervendrían en todo diferendo obrero-patronal, para procurar solucionarlo por la vía del avenimiento conciliatorio, para impedir que se llegue a la crítica situación conflictiva de la huelga. Estoy seguro de que la mayoría de los trabajadores y de los patronos conscientes de Venezuela están de acuerdo con esta idea patriótica, capaz de darle vitalización e impulso a la economía del país…” Ese mismo año, el 7 de octubre fue Raúl Leoni, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Ministro del Trabajo, quien expresó: “… considero necesario insistir sobre la conveniencia de que obreros y patronos reunidos en mesa redonda, animados de la mejor voluntad de servir a Venezuela y aligerados los espíritus de prevenciones perjudiciales, acojan las repetidas sugestiones del gobierno de discutir y celebrar un pacto obrero – patronal que permita consolidar la paz industrial de que tan urgido está el progreso económico de la República”. Todavía en el discurso del mitin público de conmemoración revolucionaria realizado en Caracas el 18 de octubre de 1948 insistirá Betancourt en que era necesario acelerar la producción “… y para obtenerlo se llegue a un acuerdo patriótico entre las llamadas fuerzas económicas y las fuerzas de los trabajadores”. La desagregación progresiva del consenso octubrista Las primeras fisuras en el consenso nacional articulado en torno a la Revolución de Octubre hicieron su asomo cuando, en 1946, los partidos U.R.D. y C.O.P.E.I. pasaron a una resuelta oposición al gobierno, alegada la violencia política que contra dichas organizaciones habría empezado a emplear A.D. Tal cosa ocurrió entre marzo y abril de dicho año y la primeras víctimas parecen haber sido ciertas asambleas públicas urredistas. En un primer momento, la reacción personal de Betancourt fue la de llamar a la concordia. Dentro de ese espíritu se inscribió este párrafo de un discurso suyo, pronunciado en la ciudad de San Felipe, el 28 de marzo de 1946: “…como hombres de Gobierno, queremos pedir a los venezolanos de todas las banderías políticas, a quienes impugnan al gobierno y a quienes apoyan al Gobierno, que esta lucha cívica no se realice en forma de encarnizada guerra civil. Que discuta la ciudadanía en la plaza pública con espíritu de tolerancia y de respeto para las ideas del adversario, que no ofrezcamos el espectáculo de un pueblo de caníbales, que discute con garrote y con machete, -(Ovación).- sino de un pueblo capaz de oponer ideas a las ideas”. La ruptura política de C.O.P.E.I. con la Junta Revolucionaria de Gobierno –que constituía, en el hecho, más bien úna con los representantes de A.D. en la misma- tuvo lugar el 13 de abril de 1946. El medio empleado para hacerla conocer fue un telegrama público remitido desde la ciudad de San Cristóbal por Rafael Caldera a Betancourt, en donde anunciaba la renuncia a su cargo de Procurador General de la República, como protesta contra las agresiones que militantes de A. D. habrían perpetrado en el Táchira contra los social-cristianos, ocupados cual estaban entonces estos últimos en los primeros trabajos de implantación de su corriente en dicho Estado andino. De allí en adelante, el tono que caracterizó la confrontación política entre partidos a lo largo del trienio escalonado de 1945 a 1948 fue rápidamente agudizándose. Un mitin de masas celebrado por C.O.P.E.I. en el Nuevo Circo de Caracas, el 18 de junio de 1946, terminó con muertos y heridos. El lenguaje político intemperante se apoderó progresivamente tanto de los periódicos de partido como de la oratoria política de plaza y, llegado el momento, de escenarios a la manera de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 – 1947 y el Congreso Nacional de 1948. A.D., acompañada en su empeño por las dos facciones marxista-leninistas -el P.C.V. y la U.P.V.-, propalaba que C.O.P.E.I. era la encarnación de la derecha retrógrada, el fascismo y el falangismo, y U.R.D., el medinismo redivivo. C.O.P.E.I., a su turno, que A.D. representaba la demagogia política y social y el filo-comunismo. El Decreto 321 y la polémica en torno a la libertad de enseñanza El segundo desprendimiento importante producido en el consenso de octubre de 1945 concernió a la Iglesia Católica y encontró su punto de arranque en la promulgación, el 30 de mayo de 1946, del decreto ejecutivo 321, relativo al régimen de exámenes escolares de educación primaria y secundaria. El sector privado de la educación, mayoritariamente a cargo de la Iglesia Católica, entrevió en el mismo ciertas disposiciones discriminatorias para con la educación no oficial y lo enfrentó a través de manifestaciones públicas de escolares de sus colegios, lo que, a su vez, provocó contra-manifestaciones movidas por los gremios de educadores afectos al gobierno y por los comunistas. Como resultado, lo que había empezado por ser una aparente discrepancia sobre un punto de normativa escolar desembocó en una confrontación político-religiosa. Aunque por iniciativa personal de Betancourt se expidió otro decreto que introdujo cambios en el anterior, nuevas polémicas, escenificadas esta vez dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947 (en torno a la inclusión del nombre de Dios en la Constitución, a la libertad de la Iglesia Católica y al estatuto de la educación privada…), contribuyeron a crear una atmósfera de tensión entre el clero venezolano y el gobierno de octubre, no disipada del todo ni por la solución transaccional encontrada por ambas partes para la redacción del texto del artículo que, en la Constitución Nacional aprobada ese año, regiría en adelante lo relativo al derecho gubernamental de patronato eclesiástico, ni por las palabras conciliadoras ocasionalmente vertidas en 1947 y 1948 tanto por Rómulo Gallegos como por Betancourt, a propósito de las relaciones entre Iglesia y Estado en Venezuela.

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