Miguel Enrique Stédile – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

¿Será Brasil el anfitrión de una conferencia que salve el clima mundial? Treinta años han pasado desde que se celebró en Berlín (Alemania) la primera Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde entonces, los sucesivos acuerdos, objetivos y definiciones han sido ineficaces para abordar las dos cuestiones principales que han persistido en la COP desde 1995: en primer lugar, la responsabilidad de los países ricos en la catástrofe climática y, en segundo lugar, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la COP-30 de Belém do Pará (Brasil), el mundo tendrá que ver una vez más si estas cuestiones se abordan o se ignoran. Los treinta años de fracaso en el abordaje de la cuestión de la responsabilidad y de las emisiones están interrelacionados. Las emisiones de gases fueron un 1,3% más altas en 2023 que en 2022, con una tasa de crecimiento superior a la registrada durante la década de 2010 a 2019, cuando las emisiones anuales aumentaron una media del 0,8%. Pero es importante reconocer que solo cincuenta y siete productores de petróleo, gas, carbón y cemento están directamente vinculados al 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono fósil. De estas pocas empresas, la mayor emisora fue ExxonMobil (Estados Unidos), vinculada a 3,6 gigatoneladas de dióxido de carbono en siete años, lo que representa el 1,4% del total mundial. La lista dice mucho sobre la geografía de las emisiones, ya que a ExxonMobil le siguen cuatro empresas: Shell (Reino Unido), BP (Reino Unido), Chevron (Estados Unidos) y Total Energies (Francia). Cada una de estas empresas está asociada al menos al 1% de las emisiones mundiales. Además, el sector más rico de la población estadounidense (el 10% más rico de la pirámide de ingresos) fue responsable del 40% de las emisiones totales de los Estados Unidos. Los acuerdos multilaterales son muy frágiles. Tienen objetivos fijados por los Estados y estos objetivos son a menudo voluntarios. No existe ningún mecanismo de aplicación ni de sanción. La COP-16 de Cancún (México) en 2010 y la COP-21 de París en 2015 dieron lugar a un acuerdo para que los países ricos crearan un fondo de financiación climática de 100.000 millones de dólares. No existe nada parecido a esa cantidad en ningún fondo. En 2024, en la COP-29 de Bakú (Azerbaiyán), la cifra se aumentó a 300.000 millones de dólares. No hay garantía de que se vaya a cumplir. El nuevo objetivo es ambicioso, pero también es modesto, ya que ni siquiera se acerca a lo que necesitarían los países del Sur Global. Según un cálculo – el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) –, el fondo debería desembolsar 1,3 billones de dólares; por su parte, el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática (IHLEG, por sus siglas en inglés) estima que la cifra debería ser de 2,7 billones de dólares anuales para 2030. El camino a Brasil La COP-30 en Belém do Pará se enfrentará a tres retos importantes. En primer lugar, el fracaso de la COP-29 en Bakú a la hora de avanzar en la agenda deja solo dos caminos abiertos para el proceso de la COP: perder toda relevancia y hundirse definitivamente en el olvido, o convertirse en un punto de inflexión con un acuerdo más riguroso y realista que cuente con mecanismos de aplicación y plazos. En segundo lugar, la COP-30 se celebra en el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Las medidas del Gobierno estadounidense, una vez más, retirándose del Acuerdo de París marcan las condiciones del compromiso de Trump con la COP-30. Simplemente no le interesa la cuestión del cambio climático. La persecución de los científicos climáticos en los Estados Unidos es ilustrativa de esta actitud de negación del cambio climático. Trump querrá que el acuerdo sea inocuo para no perjudicar las prácticas emisoras de carbono de sus amigos de las empresas petroleras y gasísticas. Si las Naciones Unidas fracasan en las negociaciones de la COP-30, demostrarán una vez más su absoluta incapacidad para impulsar una agenda humanitaria, siendo el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania y el ataque a Irán solo los ataques más contundentes y recientes contra el sistema de las Naciones Unidas. En tercer lugar, el actual Gobierno de Brasil, encabezado por Luis Inácio Lula da Silva, tiene un gran interés en reposicionarse tras cuatro años de negación climática por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro. Pero el Gobierno de Lula se enfrenta a sus propios retos en la lucha contra el cambio climático. La industria agroindustrial brasileña es la principal responsable del aumento de la deforestación en la región amazónica, allanando el camino para la producción de soja y la ganadería para la exportación, impulsadas por enormes subvenciones estatales. Este sector, más que la industria de los combustibles fósiles, es el mayor generador de emisiones de gases de efecto invernadero del país. A pesar de los esfuerzos del Gobierno del presidente Lula por reducir la deforestación en la Amazonía, la agroindustria ha trasladado su deforestación y la expansión de la producción de materias primas a otros biomas, como el Cerrado, lo que genera impactos en los recursos hídricos, así como conflictos sociales con la expulsión de campesinos y pueblos indígenas. Brasil ha sido un laboratorio para las prácticas del mercado del carbono, que han demostrado no solo su ineficacia, sino también que este mecanismo puramente financiero no hace más que encubrir otras injusticias. Las gigantescas plantaciones comerciales de monocultivos forestales se han utilizado tanto para expulsar a los campesinos y los pueblos indígenas como para limpiar el desastre de los contaminadores globales en los mercados financieros, ofreciendo únicamente nuevos valores especulativos. Petrobras es la empresa estatal más importante de Brasil y la mayor empresa brasileña. En los mandatos anteriores de Lula, desempeñó un papel importante en la reactivación de la industria nacional, y se esperaba que la explotación de los yacimientos petrolíferos de la región conocida como Pre-Sal impulsara el desarrollo del país. Este proceso se vio interrumpido por el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y, posteriormente, por el Gobierno de Jair Bolsonaro. Desde su creación, los recursos del Fondo Social del Pre-Sal han sido utilizados únicamente para pagar la deuda pública, y solo ahora se han creado normas para su uso en educación y salud. El Gobierno de Lula espera que la exploración de una nueva región, precisamente en la costa norte del país, financie la transición energética. La propuesta ha sido rechazada por los ecologistas e incluso dentro del propio Gobierno. Por todas estas razones, la COP-30 podría ser la última conferencia si no se avanza en medidas sólidas y urgentes para la transición energética y la lucha contra el calentamiento global. Su fracaso no solo agravará la crisis climática y la crisis de gobernanza mundial, sino que sin duda seguirá penalizando a las principales víctimas del cambio climático, los pueblos del Sur Global.

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Miguel Enrique Stédile: La última COP

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