Marisa Rufino archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Recientemente se ha desarrollado la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, -COP28-. Como resultado de la misma se han llegado a acuerdos, desde mi punto de vista, insuficientes para la reducción del incremento de temperatura que está sufriendo el planeta. Desgraciadamente no se ha conseguido la prohibición del uso de combustibles fósiles. La reducción de 1,5°C acordada en París está en riesgo. A nivel global, este año 2023 ha sido el más cálido desde que se realizan mediciones de temperatura en nuestro país. Hemos sufrido las consecuencias medioambientales de las elevadas temperaturas: olas de calor, sequias, desertificación, y también graves problemas de salud, ha aumentado la mortalidad en 4663 personas, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Algo similar sucede a nivel mundial, los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, o IPCC) vienen demostrando científicamente que la actividad humana es la principal causante del cambio climático y que el aumento de la temperatura por encima de los 2ºC, tendrá graves consecuencias para la salud, la economía, el medio ambiente y el bienestar social, transformando la vida de las generaciones futuras. Solo la reducción al máximo de las emisiones de carbono podría contribuir a prevenir un desastre medioambiental, con efectos muy perjudiciales. La Declaración acordada en la COP28 plantea “hacer la transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, a fin de lograr cero emisiones netas para 2050, de acuerdo con la ciencia”, se reconoce a los combustibles fósiles como culpables del calentamiento global, pero no se ha convenido su eliminación ni un calendario para que sea efectiva. Actualmente, las emisiones siguen aumentando, el ámbito de la ciencia está planteando que los impactos del cambio climático se están incrementando rápidamente. Entre los pactos alcanzados en Dubái, lugar donde se ha celebrado la Conferencia, destacar como positivo el acuerdo para la creación del fondo de “Pérdidas y daños” para financiar a los países en desarrollo más frágiles ante el cambio climático, a pesar de que la cantidad económica aprobada es escasa y no se refleja el funcionamiento del mismo. Importante es el compromiso de triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la tasa global de eficiencia energética para 2030 junto con la firma de la Carta de descarbonización del petróleo y el gas, por más de 50 compañías petroleras nacionales e internacionales (representan alrededor del 40% de la producción mundial), con objetivos como lograr emisiones netas cero en las operaciones directas de cada empresa para 2050 o antes, lograr fugas de metano casi nulas en la producción de petróleo y gas para 2030, y conseguir quemar el exceso de gas para el mismo año. Es necesario recordar que el metano es un gas de efecto invernadero y que una cuarta parte de todas las emisiones de metano provocadas por el hombre provienen de la producción de petróleo y gas. El inconveniente es que hay un 60% de estas empresas productoras que no la han suscrito. Estas tres medidas: triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética y emprender la “transición para dejar atrás los combustibles fósiles” son las bonanzas de la COP28. Un aspecto que es conveniente resaltar es la participación en las COP de la sociedad civil, que ha sido mínima; así como el hecho de que la transición justa, concepto acuñado por el movimiento sindical, prácticamente no se ha reflejado en la Declaración. Tan sólo se reafirma que las soluciones han de ser sostenibles y justas frente a la crisis climática; deben basarse en un diálogo social significativo y efectivo y en la participación de todas las partes interesadas. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha acogido positivamente la inclusión de referencias a los derechos laborales y la protección social en el Programa de Trabajo para una Transición Justa adoptado en las conversaciones sobre el clima de la COP28, donde se reconoce la labor realizada por los sindicatos de todo el mundo para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, no se ha hecho ninguna mención a las personas trabajadoras y sus sindicatos en el “Balance Mundial”, documento clave de la COP28, que hace un seguimiento de los avances en países de todo el mundo, lo que refleja el necesario trabajo que queda por realizar para garantizar su inclusión en los próximos años. La falta de compromiso con las organizaciones sindicales en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles y en otros espacios importantes de la acción climática dificulta el avance, con el consiguiente riesgo de dejar atrás a las personas trabajadoras. De hecho, algunos países continúan bloqueando cualquier referencia a los sindicatos en el “Balance Mundial”. Esto es claramente perjudicial para la acción climática, ya que el reconocimiento a los derechos laborales, al trabajo decente, a los empleos de calidad y a la protección social es requisito imprescindible; así como a los trabajadores y a las trabajadoras y las organizaciones que los representan, ya que somos pieza clave en el cambio de modelo productivo y de modelo energético, ambos necesarios para mitigar los impactos del cambio climático. En la transición ecológica los aspectos sociales y las estructuras económicas son una prioridad ya que afectará a múltiples sectores algunos más expuestos o que necesiten una transformación más profunda de sus procesos productivos, pero también supondrá la creación y expansión de nuevas actividades productivas, por eso el movimiento sindical viene reivindicado una transición que sea justa. Es evidente que los efectos del cambio climático además de constituir una grave amenaza para la salud de la población y para la situación de nuestro planeta van a producir un impacto en el mercado laboral, bien mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo, a través de la reconversión o transformación de puestos de trabajo ya existentes, o directamente la desaparición de otros, y que tendrá consecuencias diferentes sobre diversos territorios y sectores sociales. Por ello, es ineludible una “Transición justa” dentro del marco del diálogo social como oportunidad para crear empleos verdes y decentes, transformar y mejorar los tradicionales e incorporar la justicia social en la toma de decisiones. El informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo” de la OIT, plantea que la adopción de prácticas sostenibles, principalmente los cambios en fuentes de energía, de políticas agrarias sostenibles, el crecimiento previsto del uso de vehículos eléctricos, el avance hacia una economía circular y el aumento de la eficiencia energética de los edificios existentes y futuros, redundarán en un incremento neto, de aquí a 2030, de aproximadamente 18 millones de puestos de trabajo en el mundo (se crearán 24 millones de empleos y, a su vez, se perderán 6 millones de puestos de trabajo). Es claro el papel de las organizaciones sindicales como representantes de las personas trabajadoras. Sin participación y sin diálogo social será difícil abordar soluciones ante la emergencia climática. La sensibilidad de la Unión Europea está clara, gracias a sus negociadores en la COP28 se han alcanzado los acuerdos positivos a los que ya me he referido con anterioridad, siendo clara su posición. Recordar que el principal objetivo del Pacto Verde Europeo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro, con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, a través de una transición justa, pero que es una oportunidad para el planeta de hacer las cosas mejor. Si queremos cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y más en concreto el objetivo 8 referente a garantizar un trabajo decente en un ambiente seguro, se deben realizar esfuerzos para mejorar la adaptación de la población trabajadora a la nueva realidad climática. Los científicos y la sociedad civil entendemos que el avance ha de ser mucho más rápido si queremos reducir los efectos del cambio climático, pero las empresas y algunos gobiernos no llevan el mismo ritmo. Transición ecológica justa, diálogo social y participación tienen que estar en el centro de la hoja de ruta internacional de la lucha contra el cambio climático.

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