María Luisa Rufino archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

El cambio climático es un reto para el bienestar y la existencia de la humanidad. Los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático (IPCC) han demostrado científicamente que la actividad humana es la causante de este cambio climático y que el aumento de la temperatura por encima de los 2 grados tendrá y está teniendo graves consecuencias para la salud, la economía y el medio ambiente. Todos y todas somos parte del medio ambiente, nuestro bienestar está relacionado con una correcta gestión de la naturaleza, ya que el aire, el agua, la tierra y los ecosistemas son la base de la vida. En nuestro país es un derecho reconocido en el artículo 45 de la Constitución, “derecho a un medio ambiente adecuado”, mediante el que se encomienda a los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Sin embargo, la acción humana ha sido y continúa siendo la principal causante de la emergencia climática que estamos viviendo, más evidente que nunca. Es urgente la continuidad y el impulso político iniciado por el Gobierno de coalición actual gobierno en funciones para abordar esta crisis. Las políticas públicas son necesarias para abordar la transformación de modelo y evitar el aumento del daño que le estamos haciendo al único planeta que tenemos. De lo contrario, continuarán intensificándose las olas de calor, tendremos más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas como las que hemos vivido esta primavera y este verano, sequías, inundaciones, disminución de lluvias y aumento de las lluvias torrenciales en primavera y verano, danas, incendios forestales, subida del nivel del mar, aumento de la contaminación atmosférica. La emergencia climática nos obliga a todos y a todas, como consumidores hemos de replantear los hábitos de vida. Lo mismo ha de ocurrir con las empresas e instituciones, cambiar el actual modelo económico hacia otro tipo de economía no lineal, inclusiva, que tenga en cuenta lo social y lo ambiental. Estamos ante un cambio social, económico y medioambiental. En España se ha avanzado en este nuevo modelo económico de la mano de la Unión Europa, desarrollando por parte del Gobierno políticas públicas decididas, liderando y participando de manera conjunta y coordinada las oportunidades que puede suponer esta transición para contribuir a la reducción de desigualdades, promoviendo una transición ecológica “sin que nadie se quede atrás”, pese a escuchar continuamente discursos negacionistas y retardistas de la derecha y la extrema derecha. El pasado mes de abril, el secretario general de Naciones Unidas, en la Asamblea General publicó un Informe sobre los “Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): hacia un plan de rescate para las personas y el Planeta”. En él se plantea que los ODS tienen graves problemas para su cumplimiento, ya que tan sólo el 12% de las metas planteadas están encaminadas, más de la mitad progresan, pero sin estar centradas, y un 30% no han avanzado nada o han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia de 2015. Muchos de estos ODS se relacionan con la emergencia climática, por tanto, el peligro es evidente, existe una clara dificultad en limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. El grave problema es que, si no se corrige la actual trayectoria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas, así como los pequeños avances que se han realizado podrían anularse, con lo que empeorarían el hambre, la pobreza, los conflictos, los desastres naturales y las emergencias de salud pública. Y me voy a centrar, como urbanita que soy, en uno de los cambios apremiantes, el relacionado con las ciudades, objetivo número 17 de los ODS. El mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes en las últimas décadas. Los datos de Naciones Unidas sitúan a más del 55% de la población mundial en núcleos urbanos. De cara a 2050 la tendencia se incrementará superando el 68 %. Según Intermón Oxfam, “una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura la justicia social”. Se trata de mejorar la planificación y la gestión urbanas para que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, ya que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Ciudades que integren el verde urbano, reduzcan las emisiones de CO2 para mejorar la calidad del aire, impulsen las energías renovables para conservar y proteger los recursos naturales, construyan edificios bioclimáticos, implementen la movilidad sostenible y el uso del transporte sostenible, y apuesten por la economía circular, en definitiva ciudades que mejoren la calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos. Hablamos de equilibrar el componente social, ambiental y el económico. Relacionar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad —sanidad, trabajo y educación—, con la mejora medioambiental, por ejemplo, reduciendo el nivel de contaminación, promoviendo el reciclaje, la ampliación de zonas verdes, y paralelamente mejorar la capacidad económica y de protección social de la ciudadanía. Transformar la ciudad de manera que represente un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo y por poner un ejemplo claro de las políticas públicas que no hay que desarrollar, tenemos a mi querido Madrid, donde todos los requisitos para hacer una ciudad más habitable brillan por su ausencia. Todo lo contrario de lo que ocurre en ciudades europeas como Tallin (Estonia) que ofrece transporte público gratis a sus ciudadanos, Copenhague, Londres o París ciudades europeas cuyo objetivo es crear una ciudad ecológica, sostenible. Ciudades que además de mitigar la emergencia climática y mejorar la salud de su ciudadanía avanzan hacia un crecimiento económico sostenible, transformándose y aprovechando los nuevos yacimientos de empleo verde que se pueden crear para trasformar el modelo productivo. La Organización Internacional del Trabajo define el empleo verde como el trabajo decente que contribuye directamente a reducir los efectos en el medio ambiente de las empresas, de los sectores económicos o de la economía en general mediante la reducción del consumo de energía y de recursos, la reducción de emisiones, de residuos y de contaminación, y la conservación o restauración de los ecosistemas. Empleo verde y de trasformación de las ciudades que se está dando en el sector de la construcción. Construcciones respetuosas con el medio ambiente y eficientes en materia de recursos a lo largo de su ciclo de vida, desde su localización hasta su diseño, construcción, funcionamiento, mantenimiento, renovación y demolición. Mejora medioambiental al introducir elementos que permitan un menor consumo de energía, una reducción de emisiones y mayor aprovechamiento de los residuos que se generan. Eficiencia energética aplicada a nuevos diseños en los edificios y el incremento en el acondicionamiento de los edificios antiguos para obtener un mayor aprovechamiento de los recursos naturales (especialmente luz solar, espacios acristalados, lucernarios…) está conllevando un aumento de puestos de trabajo en las obras de reforma y rehabilitación de edificios para mejorar su aislamiento, un modelo más ecológico generador de empleos. Un ejemplo a seguir el de este sector que, a través de la transición justa en los nuevos sistemas de producción y prácticas de trabajo sostenible y decente, a través de políticas activas de empleo, protección del salario, formación, respeto a las normas del trabajo, iniciativas empresariales y creación de oportunidades en nuevos sectores, se está renovando a la vez que aportando soluciones a la mitigación del cambio climático. Por ello es fundamental impulsar sectores estratégicos que generen empleo de calidad y que hagan frente a los nuevos retos existentes, el sector agroalimentario, el de la salud, el comercial, junto con la trasformación de otros como el de automoción y el vehículo eléctrico, el aeronáutico, y los vinculados a las energías renovables son fundamentales para abordar la transición ecológica de la economía. El cambio hacia un nuevo modelo basado en el Estado de Bienestar justo y eficiente en el uso de los recursos y respetuoso con el medio ambiente, necesita políticas estructurales, progresistas y de continuidad, de manera que se genere empleo de calidad, con derechos sociales y laborales, y respetando el medio ambiente. Aprovechar las oportunidades que pueden incidir en la trasformación del sistema productivo, hacia otro más respetuoso con el medio ambiente siempre a través de una transición justa, ha de ser un objetivo de consenso. Los gobiernos han de poner en marcha proyectos que potencien empleos decentes, verdes y ecológicos; y las empresas deben apostar por el cambio de modelo de manera que se avance hacia un sistema económico sostenible que proteja los derechos de todas las personas trabajadoras especialmente las más vulnerables.

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María Luisa Rufino: La apuesta por un nuevo modelo económico verde no puede esperar

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