Leiza Brumat archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

La emigración de 5,6 millones de venezolanos desde 2015 hace que Sudamérica esté sufriendo el mayor desplazamiento forzado de la historia de la región. El 1 de marzo de 2021, el gobierno colombiano, principal país receptor de migrantes venezolanos, emitió un decreto ejecutivo que fue noticia en todo el mundo. El Decreto 216 de 2021 podría regularizar a más de un millón de desplazados forzados venezolanos que residen irregularmente en Colombia. De tener éxito, sería uno de los mayores procesos de regularización de inmigrantes del mundo. ¿Por qué el gobierno colombiano tomó una decisión tan «arriesgada»? Lo hizo, sostengo, porque el gobierno colombiano siguió un enfoque típicamente sudamericano de «control estatal + derechos humanos» para la gobernanza de la migración, que se basa en la comprensión de la migración como un fenómeno «inevitable». La mayoría de los especialistas en gobernanza migratoria sudamericana han destacado la ausencia de cooperación y coordinación regional para abordar la emigración venezolana. Esta posición ignora que las políticas más efectivas para la regularización de los migrantes venezolanos que han adoptado algunos de los principales países sudamericanos receptores siguen en realidad una lógica regional y un enfoque de gobernanza migratoria que es distintivamente sudamericano. Llamo a este enfoque «control estatal + derechos humanos» porque su lógica subyacente es la inevitabilidad de la migración, dado que los Estados no pueden impedir el desplazamiento de las personas y que no es posible controlar eficazmente todas las fronteras. Siguiendo esta lógica, la regularización de los migrantes es la solución a la irregularidad. La regularización de los migrantes puede beneficiar tanto a los Estados, al aumentar el control estatal sobre su población, como a los migrantes, al ampliar su acceso a los derechos. Esta lógica contrasta con la que prevalece en muchas otras partes del mundo, donde la prevención de los migrantes «no deseados» significa utilizar la detención y la expulsión como «soluciones» a la irregularidad. El decreto de regularización de Colombia se basa en un enfoque distintivamente sudamericano de la gobernanza de la migración. Los países sudamericanos acogen actualmente a cerca del 80% de los venezolanos que han abandonado su país desde 2015, huyendo de la hiperinflación, la falta de trabajo, la escasez de alimentos y medicinas, la delincuencia rampante y la persecución política. Inicialmente, la mayoría de los países sudamericanos abrieron sus puertas a los venezolanos y crearon mecanismos ad hoc de regularización temporal. Pero a medida que se agravaba la crisis en Venezuela y aumentaba el número de emigrantes, sumado a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de covid-19, muchos gobiernos adoptaron medidas restrictivas, destinadas a impedir nuevas olas de inmigrantes. Los gobiernos sudamericanos no se pusieron de acuerdo sobre el estatus legal que debía darse a los emigrantes venezolanos: ¿refugiados o migrantes? Tampoco se pusieron de acuerdo en un enfoque común para la regularización de los venezolanos desplazados. Esto llevó a analistas a afirmar que los enfoques nacionales prevalecían sobre los regionales. No obstante, a pesar de la falta de coordinación regional formal, las respuestas políticas de algunos de los principales países receptores se basan en un enfoque común sudamericano de la gobernanza migratoria. Los países a los que me refiero son Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. En artículo reciente, los denominé el grupo «Atlántico + Colombia». Los gobiernos de estos países han buscado activamente mecanismos alternativos de regularización y protección a medio y largo plazo, que se basan en un enfoque regional de la gobernanza de la migración. Argentina y Uruguay extendieron unilateralmente el Acuerdo de Residencia del Mercosur (ARM) a los venezolanos, a pesar de que Venezuela no lo ha ratificado. Esto proporciona un permiso de residencia de dos años, que puede convertirse en un permiso permanente. Según la plataforma R4V, Argentina y Uruguay son los países que más permisos de residencia han concedido en relación con el total de la población venezolana que reside en sus territorios. Brasil adoptó un decreto que extiende las disposiciones del ARM a todos los países vecinos y ha reconocido a miles de venezolanos como refugiados, basándose en la definición regional de refugiado de Cartagena. eiza.brumat@eui.eu - @Latinoamerica21

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Leiza Brumat: ¿Existe una gobernanza migratoria en Sur América?

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