Jayati Ghosh archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Los esfuerzos en curso por descarrilar la cooperación fiscal multilateral se sitúan en el corazón de un programa global destinado a sustituir la gobernanza democrática por un régimen coercitivo ejercido por los extremadamente ricos, o lo que denominamos cesarismo del siglo XXI. Cualquier estrategia para contrarrestar este programa debe, por tanto, reconocer que gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia. Afortunadamente, se han producido algunos avances. La Unión Africana sigue defendiendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional; Colombia, Brasil, España y Túnez han implementado reformas tributarias progresivas; la opinión pública francesa ha manifestado un fuerte respaldo a un impuesto del 2% sobre los ultrarricos; y una iniciativa electoral propuesta en California establecería un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios. Pero la justicia fiscal sigue siendo un terreno intensamente disputado. En las negociaciones del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 a comienzos de enero, más de 145 países acordaron conceder un trato de favor a las grandes multinacionales estadounidenses. Desde el inicio, el proceso de la OCDE/G20 estuvo condicionado por desequilibrios de poder, lo que facilitó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo secuestrara políticamente. Tras una intensa labor de presión por parte de Estados Unidos, las grandes empresas estadounidenses de los sectores energético, tecnológico y farmacéutico obtuvieron amplias exenciones respecto al impuesto mínimo global del 15% que se había acordado en 2021, después de una década de arduas negociaciones. Naturalmente, el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 no podía declarar abiertamente su rendición. En su lugar, “descubrió” de forma repentina que el régimen fiscal estadounidense existente es equivalente al Pilar Dos del acuerdo original, lo que implicaría que otros países no pueden imponer impuestos adicionales a las multinacionales con sede en Estados Unidos. Pero ambos sistemas no son equivalentes: el impuesto mínimo global se calcula país por país, mientras que las normas estadounidenses se aplican al total de los beneficios extranjeros de las multinacionales estadounidenses. Este último enfoque permite a las empresas compensar impuestos elevados pagados en algunos países con impuestos nulos pagados en otros, restaurando así las ventajas de las jurisdicciones de imposición cero. Este nuevo acuerdo no solo socava de manera fundamental el principio de que las multinacionales deben pagar una tasa impositiva mínima coordinada allí donde operen. También concede a las multinacionales con sede en Estados Unidos una ventaja competitiva frente a otras multinacionales, que siguen estando sujetas al impuesto mínimo global del 15%. El mecanismo de esta capitulación resulta revelador: bajo la amenaza de represalias por parte de Estados Unidos, los líderes del G7 negociaron previamente los nuevos términos en junio, y los miembros del Marco Inclusivo los ratificaron sin mayor debate el mes pasado para evitar un nuevo enfrentamiento con Trump. Como advirtió Oswald Spengler hace un siglo sobre el colapso de la democracia y el ascenso del cesarismo, “las fuerzas de la economía monetaria dictatorial” están desmantelando el Estado regulador y el multilateralismo. La agresiva estrategia neomercantilista de Trump —que incluye la declaración unilateral de aranceles punitivos, la amenaza e imposición de bloqueos, el secuestro de líderes nacionales, el uso de portaaviones como si fueran barcos corsarios y la propuesta de “juntas de paz” diseñadas para restablecer el control colonial— elude las instituciones internacionales existentes siempre que puede. El objetivo es apropiarse de recursos e impedir que rivales percibidos, como China, accedan a ellos. Pero ningún país debería renunciar a su derecho soberano a gravar a las multinacionales y a los superricos. Ceder esta prerrogativa no solo es moralmente reprobable y estratégicamente erróneo; también es económicamente insensato. Para comprobarlo, basta considerar la recuperación económica de Brasil bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, el sólido crecimiento de España bajo el gobierno del presidente Pedro Sánchez, o el crecimiento de Colombia desde la introducción de reformas fiscales progresivas por parte del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Estos gobiernos se enfrentaron a Trump y están liderando una coalición democrática global de reacción contraria. Su éxito ofrece una contundente evidencia empírica de que las políticas fiscales progresivas y el fortalecimiento de la capacidad del Estado se correlacionan con indicadores económicos positivos y una mayor cohesión social. Muchos en Europa también están llegando a esta conclusión. En Francia, el llamado “impuesto Zucman” —la propuesta de Gabriel Zucman de un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de los ultrarricos— cuenta con casi 90% de apoyo público y domina el debate nacional. Aunque fue rechazado inicialmente por la Asamblea Nacional, este año volverá a debatirse. De forma similar, en diciembre Túnez aprobó un nuevo gravamen de 0,5% a 1% sobre los activos mundiales (incluidos bienes inmuebles, acciones, bonos y criptomonedas) de los residentes con patrimonios superiores a 1 millón de dólares. En California, los votantes decidirán este año si se impone un gravamen único de 5% sobre la riqueza de los multimillonarios para financiar la atención sanitaria, la asistencia alimentaria y la educación (cabe destacar que esta iniciativa está ganando apoyo incluso entre algunos multimillonarios). Y en Nueva York se reanudarán en la ONU las negociaciones en torno a la Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, un foro menos vulnerable a la captura corporativa. Es cierto que uno de los primeros actos de la administración Trump fue retirarse de estas conversaciones. Pero el resto del mundo decidió continuar. El objetivo es presentar una convención marco y dos protocolos iniciales —uno sobre la tributación de los servicios transfronterizos y otro sobre la resolución de disputas— para su aprobación por la Asamblea General en 2027. La cuestión crucial es cómo deben asignarse los derechos para gravar los beneficios de las multinacionales; también están en negociación nuevos impuestos sobre los servicios transfronterizos (incluidos los digitales), nuevos compromisos para que los países graven a los superricos y un mejor intercambio de información entre países sobre la titularidad real de los activos. Las normas fiscales actuales para las multinacionales, diseñadas en la década de 1920, ya no son adecuadas para la economía digital contemporánea. Los negociadores en Nueva York deben aprovechar esta oportunidad única. Deberían abandonar la ficción de que una empresa multinacional es simplemente una colección de entidades independientes, una artimaña que las grandes corporaciones utilizan para trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación, abusando así de las directrices de la OCDE. Un enfoque de tributación unitaria es desde hace tiempo impostergable. La arquitectura actual priva a los gobiernos de al menos 240.000 millones de dólares anuales, obliga a las empresas locales a competir en condiciones desiguales y conduce a una mayor carga fiscal sobre los trabajadores (cuyos ingresos son menos móviles) cuando los países intentan compensar la pérdida de recaudación. Los ingresos globales de las multinacionales deberían asignarse a las distintas jurisdicciones en función de factores verificables como las ventas y el número de empleados, en lugar de basarse en el obsoleto principio de las transacciones a “valor de mercado” (arm’s length). El texto de la convención fiscal debería reflejar este enfoque. De lo contrario, las normas actuales, profundamente defectuosas, se consolidarán, y la búsqueda de la “compatibilidad” con los marcos existentes desarrollados en la OCDE comprometerá tanto la ambición como los objetivos de la Convención Fiscal de la ONU. El resultado sería otro ajuste estéril de un sistema fallido. Si la democracia ha de prevalecer sobre el cesarismo, debemos gravar la riqueza extrema —y debemos hacerlo con urgencia. Jayati Ghosh, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es ex economista jefe del Banco Mundial, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, profesor universitario en la Universidad de Columbia y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).

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