Isidre Ambrós archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

La historia se repite en Corea del Sur. Ahora, al igual que ocho años atrás, los coreanos han salido a la calle para reclamar la destitución de su presidente por abuso de poder, mientras el planeta entero se inquieta pensando qué hará Donald Trump cuando asuma de nuevo la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. La situación no es exactamente la misma que en diciembre de 2016, pero es muy parecida, quizás peor, ya que entonces no había guerra en Ucrania, ni Oriente Medio estaba en llamas y se ignoraba de lo que sería capaz de hacer un multimillonario llamado Donald Trump una vez instalado en la Casa Blanca. También los motivos por los cuales cientos de miles de coreanos se han manifestado a diario por las calles de Seúl son más graves que los de hace ocho años. En diciembre de 2016, reclamaban la destitución de la entonces presidenta, Park Geun-hye, por abuso de poder y soborno. Una reivindicación que fue atendida por la Asamblea Nacional el 9 de diciembre de ese año. Ahora, en diciembre de 2024, lo han hecho en defensa de la democracia y exigiendo la destitución de su presidente, Yoon Suk-yeol, después de que proclamara la ley marcial el día 3 de diciembre. Una abrupta declaración que el inquilino de la Casa Azul justificó invocando amenazas extranjeras y la existencia de fuerzas pro norcoreanas y antiestatales en el país. La proclamación de la ley marcial de emergencia no aguantó más de seis horas. Los miembros de la Asamblea Nacional lograron burlar la vigilancia de los soldados desplegados, entraron en el Parlamento y votaron su derogación. Acto seguido, la oposición, que es mayoritaria en la cámara, se conjuró para apartar a al presidente Yoon de sus funciones. La Asamblea Nacional logró su objetivo y activó el proceso de destitución de Yoon Suk-yeol como presidente el 14 de diciembre, con el voto favorable de 204 parlamentarios sobre un total de 300. Ahora el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 180 días para pronunciarse y si se ratifica la destitución, este fallo daría paso a la convocatoria de unas elecciones presidenciales que deberían celebrarse 60 días más tarde. Unos comicios en los que se perfila como favorito el líder del opositor Partido Demócrata, LeeJae-myung. La decisión del Tribunal Constitucional se presenta, sin embargo, controvertida. La moción debe ser aprobada por un mínimo de seis jueces de los nueve que componen dicho organismo y ahora mismo hay tres vacantes por jubilación. La legislación señala que para que se pueda dictaminar un fallo tiene que haber como mínimo siete jueces, así que la Asamblea deberá ponerse de acuerdo para nombrar al menos a un nuevo magistrado, que será ratificado por el nuevo presidente interino. Sin esa designación, el proceso decaería y Yoon recuperaría sus funciones. Hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la destitución de Yoon, sus funciones serán asumidas, de forma interina, por el hasta ahora primer ministro, Han Duck-soo, también miembro del conservador Partido del Poder Popular. Han deberá corregir posiblemente algunas de las decisiones que adoptó Yoon durante los dos años y medio que ejerció de presidente. Un cargo al que accedió tras vencer en las elecciones presidenciales de 2022, tan solo ocho meses después de entrar en política, tras desarrollar su carrera como fiscal a lo largo de 27 años. Los observadores de la actualidad surcoreana consideran que esa falta de experiencia política pudo impulsar a Yoon a promulgar la ley marcial. Una iniciativa que habría adoptado con el fin de superar el estancamiento legislativo en que se halla la Asamblea Nacional. Esta situación habría alimentado su profundo desdén por las normas políticas, como el diálogo y la búsqueda de consenso. A lo que se sumó su poco aprecio por las normas democráticas fundamentales, incluido el respeto al equilibrio entre las distintas instituciones del país, según apunta la prensa local. La realidad, sin embargo, es que Yoon se convirtió en un político controvertido desde el primer momento. En la campaña electoral se declaró antifeminista y partidario de abolir el Ministerio de Igualdad de Género, sin titular desde febrero. Y ya como presidente desestimó las acusaciones hacia su esposa por haber aceptado un bolso de Dior, valorado en unos 2.000 euros, como regalo. Unos posicionamientos que le convirtieron en una figura antipática a los ojos de la población. Pero la caída de Yoon Suk-yeol va más allá de la simple destitución de un presidente del país. Su “impeachment” ha puesto de relieve las frágiles costuras del marco político surcoreano. Un sistema cuyo problema principal es la parálisis en que se encuentra la política partidista de la Asamblea Nacional, donde el opositor Partido Demócrata, de tendencia liberal, domina la cámara y el gobernante Partido del Poder Popular, de ideología conservadora, controla presidencia. Se trata de dos fuerzas dominantes que en lugar de recurrir al diálogo y a la búsqueda de consensos, usan tácticas legales para obstaculizar al contrario. Así, mientras el Partido Demócrata presenta continuamente mociones de reprobación contra funcionarios de la presidencia, Yoon ejerce habitualmente su opción de veto contra los proyectos de ley que aprueba la Asamblea. Este atrincheramiento desemboca en una parálisis política que provoca el desencanto de los surcoreanos, cada vez más preocupados por el aumento del coste de la vida y las dificultades para encontrar un empleo. Numerosos politólogos locales consideran, sin embargo, que esta coyuntura política no es más que un reflejo de otro problema más importante, que es la abrumadora concentración de poder de la presidencia. Para estos expertos, ese es el principal defecto de la democracia surcoreana. Sugieren que es el verdadero factor que socava la eficacia del sistema de partidos políticos y el equilibrio institucional, ya que al girar todo en torno al presidente del país, éste reúne una autoridad casi absoluta. Una prerrogativa que le puede inducir a ejercer su poder de manera exagerada, como ha sido el caso de Yoon con la ley marcial. En definitiva, el panorama de funcionamiento político sugiere la necesidad de abordar reformas institucionales, con cambios que eviten la parálisis legislativa y los pronunciamientos dictatoriales, al tiempo que empoderan a los votantes para impulsar a los partidos políticos a negociar y cooperar en la gobernabilidad del país. En Corea del Sur, la población no solo ejerce su derecho al voto, también sale a la calle para rechazar autoritarismos y destituir presidentes, como han demostrado en la última década.

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