Guillermo Ortiz – Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Durante gran parte de la última década, México ha mantenido estabilidad macroeconómica, aun cuando el impulso por centralizar el poder ha erosionado las instituciones democráticas. La inflación se mantuvo en términos generales bajo control, los déficits fiscales estuvieron en gran medida contenidos y los mercados financieros parecían poco preocupados. Esta paradoja alimentó una narrativa tranquilizadora: que México podía flexibilizar sus reglas democráticas sin poner en riesgo sus fundamentales económicos. Sin embargo, esta narrativa comienza a desmoronarse. El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un proceso de centralizacion política. Tras su llegada al poder en 2018, debilitó instituciones autónomas, desmanteló contrapesos y amplió el control del Ejecutivo sobre sectores clave. En 2024, este proceso culminó en una controvertida reforma constitucional, aprobada por una mayoría calificada en el Congreso, que detonó la reconfiguración del Poder Judicial que en esencia concentró el poder en la rama del Ejecutivo y alteró el equilibrio de poder dentro del Estado. Aunque la economía mexicana mostró resiliencia durante esta transformación institucional, su desempeño ha sido consistentemente decepcionante. A pesar de condiciones externas favorables, el crecimiento promedio del PIB durante el gobierno de AMLO —así como bajo su sucesora designada, Claudia Sheinbaum— ha quedado rezagado frente a tendencias históricas y a otros mercados emergentes. Estos resultados no se tratan simplemente de un ciclo adverso, sino que reflejan restricciones estructurales más profundas, como una inversión débil, productividad en declive y una persistente incertidumbre de la política económica. En lugar de invertir en sectores esenciales como salud, educación y capacidad regulatoria, el gobierno ha concentrado recursos fiscales en programas sociales insostenibles y en proyectos emblemáticos —como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— pese a sus retornos cuestionables, sobrecostos y limitada transparencia. En un entorno ya caracterizado por bajo crecimiento, esta estrategia ha resultado poco efectiva. Sheinbaum ha intentado compensar la asignación ineficiente de recursos públicos mediante la promoción de inversión privada, particularmente en infraestructura y energía. Recientemente propuso una iniciativa para fomentar la inversión pública y privada en infraestructura estratégica, con el objetivo de movilizar capital sin comprometer la disciplina fiscal y manteniendo el papel central del Estado. Sin embargo, el problema reside en el marco subyacente. El gobierno busca atraer capital privado a gran escala mientras conserva el control sobre sectores estratégicos y limita el endeudamiento público. En la práctica, estos objetivos son difíciles de conciliar. Los inversionistas privados requieren certeza jurídica, mecanismos creíbles de evaluación de riesgos y contratos exigibles. Los cambios de política, la discrecionalidad regulatoria y el debilitamiento de instituciones independientes impiden que estas condiciones se cumplan. Como resultado, el portafolio de proyectos ha permanecido limitado. En ningún ámbito esto es más evidente que en el sector energético, donde el Estado busca preservar el control operativo al tiempo que invita a inversionistas a participar bajo condiciones cada vez más restrictivas. Este enfoque difícilmente movilizará capital privado, aliviará las presiones fiscales o atenderá las crecientes necesidades de energía eléctrica. Al mismo tiempo, el deterioro del Estado de Derecho se ha vuelto más visible en el ámbito de la seguridad. Los grupos del crimen organizado han ampliado su presencia territorial, diversificado sus actividades económicas y asumido funciones cuasi gubernamentales en algunas regiones del país, influyendo en mercados y condiciones laborales. La creciente evidencia de captura política a nivel local y de la superposición entre organizaciones criminales y autoridades públicas apunta a un deterioro institucional más profundo. Estas dinámicas distorsionan la actividad económica, elevan los costos de operación y debilitan la confianza en el Estado. Esto ha dejado de ser un asunto de política interna. El gobierno de Estados Unidos observa cada vez más a México a través de un prisma de seguridad, con énfasis en el tráfico de fentanilo, la migración y la creciente influencia de organizaciones criminales transnacionales. Estas preocupaciones ya comienzan a incidir en el comercio y la cooperación económica. Por ejemplo, se espera que los requisitos de cumplimiento y seguridad tengan un papel más destacado en la revisión de este año del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, el deterioro institucional ha generado una doble restricción para México: desalienta la inversión interna mientras aumenta el escrutinio externo. En este contexto, el panorama político también comienza a mostrar cambios. Sheinbaum, quien se esperaba consolidara y prolongara la agenda de AMLO, sufrió un revés en marzo cuando una iniciativa de reforma electoral no logró ser aprobada en el Congreso. Este episodio va más allá de una simple anomalía y representa una ruptura con la práctica habitual del gobierno de coalición de obtener aprobaciones legislativas casi automáticas. Por primera vez, la fortaleza numérica de Morena no se tradujo en dominio político efectivo. Las implicaciones son claras. Las coaliciones de gobierno no dependen únicamente de mayorías formales, sino también de la percepción de cohesión. Cuando esa percepción se debilita, resulta más difícil mantener la disciplina partidista y la ejecución de políticas se vuelve más incierta. Existen otras señales tempranas de que el respaldo a Sheinbaum y a Morena podría estar perdiendo fuerza. Además de la renuencia de aliados menores a alinearse incondicionalmente, los niveles de aprobación de Sheinbaum, aunque todavía relativamente altos, ya no muestran el mismo impulso ascendente. En conjunto, estos elementos sugieren que el sistema ha dejado de operar con la fluidez que lo caracterizaba. Nada de esto implica una crisis inminente. México cuenta con fortalezas importantes, incluyendo su profunda integración con la economía estadounidense. Pero resiliencia no es inmunidad. La combinación de bajo crecimiento, estrategias de inversión fallidas, deterioro institucional y fisuras en la coalición gobernante comienza a evidenciar los límites del modelo actual. Durante años, la estabilidad macroeconómica ha ocultado el viraje autocrático de México. Hoy, resulta cada vez más difícil ignorarlo, y la trayectoria económica del país ya no parece tan segura como antes. Exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G30.

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Guillermo Ortiz: El impacto económico de la deriva autocrática de México

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